Juliana Guerrero: el rostro joven de la desfachatez y la corrupción del gobierno Petro

Por Juan Valencia / Hay casos que sirven como radiografía de algo más grande que ellos mismos. El de Juliana Guerrero es uno de esos. La joven de 24 años, oriunda de Valledupar, terminó aceptando ante la Fiscalía lo que ya era un secreto a voces: falsificó dos títulos —Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria— para intentar posesionarse como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, la cartera insignia de la agenda social de Gustavo Petro que nació en 2022 y que, cuatro años después, terminó liquidada por decreto entre denuncias de despilfarro y corrupción.

La condena fue de tres años de prisión, excarcelables, por el delito de fraude procesal, producto de un preacuerdo con la Fiscalía. En el mismo proceso también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, la institución que expidió los diplomas falsos. Guerrero no es, además, un caso aislado dentro de esa universidad: es el segundo caso comprobado de un mismo modelo de negocio —diplomas fraudulentos a cambio de dinero, para acreditar perfiles que después accedían a cargos públicos y salarios jugosos— que ya había involucrado a otros funcionarios del entorno petrista.

El manual de supervivencia que aprendió en Casa de Nariño

Lo más revelador del caso no es solamente el fraude en sí, sino la estrategia comunicacional que Guerrero desplegó después de ser descubierta, una que parece calcada del libreto que ha usado buena parte de la dirigencia petrista ante los escándalos de estos cuatro años: negar, victimizarse y, cuando ya no queda margen para negar, aceptar el cargo mínimo indispensable mientras se lanza contra quienes señalan la falta.

En un video publicado esta semana en sus redes sociales, ya con la condena en firme, Guerrero pidió “perdón” al país, pero en el mismo mensaje acusó a quienes la criticaron de haber cometido “calumnias”, denunció que la llamaron “guerrillera” sin pruebas y hasta trajo a colación una frase que buscaba blindarla moralmente: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”. La frase, aunque no nombra a nadie, funciona como una respuesta directa a los rumores no confirmados sobre una supuesta cercanía sentimental con el propio Petro que circularon en redes sociales durante buena parte del escándalo —especulaciones que ningún medio ni fuente identificada ha logrado sustentar con evidencia—. Es el mismo patrón que ha marcado buena parte de la defensa oficialista frente a los escándalos del gobierno: la denuncia se convierte en persecución, el cuestionamiento en calumnia, y el responsable pasa, casi sin transición, a presentarse como la verdadera víctima de la historia.

La pieza que sí tiene nombre y apellido: “Petro lo sabía”

Mientras el rumor sentimental permanece sin sustento, hay una acusación mucho más grave que sí llegó respaldada por un testimonio identificado. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante buena parte del gobierno Petro, declaró a El Tiempo que el propio expresidente tenía “pleno conocimiento” de que los títulos de Guerrero eran falsos, y que pese a eso le dio la orden directa de publicar su hoja de vida en el portal de aspirantes de la Presidencia para avanzar con el nombramiento. Según el relato de Rodríguez, cuando ella misma detectó que las fechas de los diplomas no coincidían y se lo advirtió a Petro, la reacción del entonces mandatario fue calificarla de “mentirosa” y acusarla de actuar por “envidia porque ella sí era bonita”. “Él la protegió hasta el final, pasando por encima de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico”, afirmó la exfuncionaria.

Esa declaración no es un dato menor: convierte lo que hasta ahora parecía una negligencia política —respaldar públicamente a alguien sin verificar sus credenciales— en una acusación de conocimiento directo y encubrimiento. Juristas consultados por El Tiempo coinciden en que, si esa versión se confirma, existiría fundamento para abrir una investigación penal contra el expresidente, aunque advierten que hasta ahora no hay elementos suficientes para una acusación formal: respaldar o defender a alguien, por sí solo, sigue siendo apenas responsabilidad política, no penal, salvo que se demuestre participación activa en el fraude.

El ministerio que nació con vocación de redención y murió entre irregularidades

El Ministerio de la Igualdad y Equidad, creado como una de las apuestas insignia del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia, fue liquidado formalmente mediante el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, después de que la Corte Constitucional desestimara la subsanación de errores de trámite detectados en su creación. El proceso de liquidación, a cargo de John Milton Rodríguez bajo instrucción del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, destapó lo que el propio liquidador calificó de “olla podrida”: cierres financieros con más de tres meses de atraso, cuatro viceministerios que seguían operando pese a que la extinción ya estaba ordenada, y contratos multimillonarios sin ejecución real —incluyendo uno por más de 171.000 millones de pesos concentrado en una sola empresa que, según las autoridades, apenas había ejecutado el 5% de lo pactado el año anterior—.

Es, en ese sentido, el escenario perfecto para entender el caso Guerrero: no un hecho aislado de una joven ambiciosa, sino el síntoma de una institución diseñada, según sus críticos, más para repartir cuotas políticas y contratos entre allegados que para cumplir su misión declarada de reducir la desigualdad en el país.

Una lista que ya no cabe en un solo párrafo

El expediente de Juliana Guerrero se suma a una lista de escándalos que, cuatro años después, alcanza dimensiones que superan el de cualquier gobierno reciente en Colombia. Un breve recuento de los casos más sonados:

El escándalo de la UNGRD, considerado el más grave de la administración Petro: exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres habrían direccionado contratos sobrevalorados de carrotanques para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo. El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, ya está condenado y se convirtió en testigo clave; el extitular de la UNGRD, Olmedo López, terminó prófugo de la justicia, presuntamente facilitado por funcionarios de la embajada colombiana en Nicaragua, pese a tener orden de captura internacional vigente. Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, fueron capturados y permanecen en la cárcel La Picota; los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco recibieron orden de cárcel preventiva por su presunta participación en el direccionamiento de las coimas.

El caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, señalado de recibir dinero no reportado de personas vinculadas al narcotráfico para la campaña presidencial de 2022, según reveló su propia expareja, Day Vásquez. Enfrenta procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con juicio en curso.

El caso de Laura Sarabia, exjefa de gabinete presidencial, envuelta en el escándalo del maletín con dinero en efectivo sustraído de su vivienda, que derivó en denuncias de uso irregular del aparato de seguridad del Estado contra la niñera señalada del hecho.

Y ahora, el caso de Juliana Guerrero, junto al de la red conocida extraoficialmente como las “Mariposas Amarillas” —mujeres jóvenes de cercanía al entorno presidencial señaladas de tener influencia desproporcionada en nombramientos y contratos públicos—, que confirma que el fenómeno no distingue entre generaciones ni cargos: desde exministros de trayectoria hasta una joven de 24 años sin experiencia profesional, todos terminaron atravesados por el mismo patrón de acceso irregular al poder y los recursos del Estado.

El verdadero costo de la desfachatez

Lo que distingue al caso Guerrero de una simple anécdota judicial es su función simbólica: una joven sin trayectoria, formación ni méritos verificables llegó a las puertas de un viceministerio gracias a la protección directa del propio Petro, quien la defendió públicamente incluso después de que su hoja de vida no acreditara los estudios exigidos. Cuando finalmente tuvo que responder ante la justicia, replicó el mismo guion de indignación selectiva y victimización que ha caracterizado a buena parte del gobierno saliente frente a sus propios escándalos: aceptar lo mínimo indispensable, mientras se preserva intacto el relato de la persecución injusta.

Ese guion, más que el fraude puntual de un diploma falso, es quizás la herencia más difícil de desmontar del gobierno Petro: la naturalización de que reconocer un delito no exige, en el mismo aliento, dejar de presentarse como víctima de quienes lo señalan.

Vale recordar que Juliana Guerrero es la primera de las llamadas “mariposas amarillas” en pagar —entre comillas— por sus crímenes.