Colombia, ¿una fábrica de niños trans?
Samuel Adrián González, creador de contenido mexicano y director del polémico documental “Colombia: fábrica de niños trans”, fue detenido al llegar al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Cali.
Por Redacción El 7 / La Policía Nacional de Colombia precisó que no se trata de una investigación penal, sino de una sanción por desacato derivada de una acción de tutela presentada por el médico Mario Angulo, vinculado a la Fundación Valle del Lili de Cali, quien fue mencionado en la producción.
Adrián deberá cumplir 10 días de privación de la libertad y pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia (aproximadamente 7,200 dólares), según confirmó el propio documentalista antes de abordar el avión en Panamá.
El caso se remonta a mayo de 2026, cuando Angulo presentó una tutela alegando vulneración de sus derechos y daño a su honor por la difusión de grabaciones con cámara oculta en las que aparecen conversaciones sobre tratamientos de transición de género en menores. Aunque el equipo legal de Adrián modificó algunos fragmentos del documental por orden judicial, el médico consideró que persistía el incumplimiento y solicitó la sanción por desacato.
El video profético desde Panamá
Horas antes de ser detenido, Adrián publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, advirtiendo lo que podría ocurrir: “Si estás viendo este video es porque fui arrestado en Colombia”. En el mensaje, el documentalista aseguró: “Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo. Yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron haber sido sometidos”.
Reacciones encontradas: de Agustín Laje a colectivos LGBT
El caso se viralizó rápidamente tras la intervención del escritor argentino Agustín Laje, quien denunció el arresto en redes sociales: “URGENTE: Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso. La Justicia colombiana, durante tiempos de Petro, había ordenado su arresto”. Laje, quien tenía programada una conferencia conjunta con Adrián para este 15 de septiembre en Bogotá, calificó la medida como un “arresto cínico a la libertad de expresión”.
Sin embargo, juristas colombianos rechazaron esa versión. El abogado Alejandro Carranza aclaró que “la orden fue emitida por un juez de Cali dentro de un incidente de desacato derivado de una tutela presentada por Mario Angulo”, y cuestionó que se vinculara una decisión judicial concreta con el Poder Ejecutivo.
Por su parte, organizaciones LGBT y defensoras de derechos humanos respaldaron la decisión judicial. La senadora Sandra Castellanos, de Salvación Nacional, declaró: “¡No nos van a callar! Arrestar a Samuel Adrián solo le hace más eco a nuestro mensaje. Las infancias trans son una realidad. Son niños, no experimentos”.
El contenido del documental
“Colombia: fábrica de niños trans”, publicado el 17 de mayo de 2026 en YouTube, ha acumulado más de 3.5 millones de visualizaciones. La producción presenta testimonios de personas que iniciaron procesos de transición de género en su adolescencia y posteriormente decidieron detenerlos o revertirlos.
Entre los casos destacados está el de “Laura”, una joven de 23 años que fue sometida a una mastectomía a los 15 años en la Fundación Valle del Lili. Según su testimonio, su inconformidad corporal no correspondía a una disforia genuina, sino que estaba relacionada con abusos sexuales sufridos en su infancia, antecedente que alega no fue tenido en cuenta por el equipo médico.
El documental también cuestiona los bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y otras intervenciones médicas, advirtiendo sobre consecuencias como infertilidad y cambios en el desarrollo óseo. Además, critica lo que denomina “un mercado global multimillonario impulsado por la industria farmacéutica” y la presión de sectores LGBTIQ+ para eliminar restricciones de edad.
Respuesta del Gobierno colombiano
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el caso este domingo 14 de septiembre y, lejos de criticar el arresto, destacó el trabajo de Adrián: “El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”.
De la Espriella hizo un llamado urgente al Congreso: “Llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores. La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”.
El mandatario fue enfático: “No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales. La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados”.
Asistencia consular mexicana
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó este lunes que brinda “asistencia consular y acompañamiento integral” a Samuel Adrián. Según reportes periodísticos, la dependencia precisó que el connacional se encuentra en “buen estado de salud” y que su equipo legal —integrado por la firma Ogaz y Asociados en México y la Fundación Nueva Democracia en Colombia— ya da seguimiento al caso.
¿Qué sigue?
Adrián permanece en una dependencia policial dentro del aeropuerto El Dorado mientras cumple la sanción. Sus abogados trabajan en recursos jurídicos para impugnar la medida. Mientras tanto, el documental sigue disponible en YouTube y el debate sobre los límites de la libertad de expresión versus el derecho al honor y la protección de menores se intensifica en Colombia y América Latina.
El caso deja sobre la mesa preguntas incómodas: ¿Dónde están los límites entre el periodismo de investigación y la difusión de contenido sensible? ¿Quién debe tener la última palabra sobre tratamientos médicos en menores: los padres, los médicos, los jueces o el Estado? El tiempo y los tribunales tendrán la respuesta.
