Los Gilinski y el arte de hacer negocios… hasta con una dictadura

Por Redacción Internacional El 7

Hay maniobras financieras que se entienden mejor cuando se las mira en cámara lenta. Esta es una de ellas. En apenas seis meses, el Grupo Gilinski pasó de ser un inversionista más en una petrolera mediana que cotiza en Nueva York a convertirse en su accionista controlante, y de ahí, casi sin pausa, a firmar con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, un contrato petrolero de 25 años en uno de los yacimientos de crudo pesado más grandes del planeta. Todo, con el sello de aprobación del propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ganar miles de millones de dólares con el petróleo de los venezolanos, resulta, no requiere estar fuera de la ley. Solo requiere entender exactamente dónde están sus bordes.

Cómo se arma un control accionario en silencio

La historia empezó el 5 de marzo de este año, cuando GeoPark anunció una inversión de 107 millones de dólares del Grupo Gilinski a través de Colden Investments. Lo que en ese momento se presentó como una simple inyección de capital fue, en realidad, el primer paso de una escalada calculada: cuatro días después, otra sociedad del empresario, Spaldy Investments, compró 200.000 acciones adicionales. El 13 de marzo, más compras. Tres días más tarde, otro tanto. Para fin de mes, Colden y Spaldy ya controlaban en conjunto el 25,8% de GeoPark. En abril, esa participación trepó al 28%, el umbral que le dio a Gilinski el derecho a nominar tres de los nueve miembros de la junta directiva: Gabriel Gilinski, Dorita Gilinski y Camilo Martínez, todos elegidos en la asamblea de accionistas del 14 de julio.

El desenlace llegó a comienzos de septiembre: una operación estructurada casi en su totalidad con acciones, sin grandes desembolsos en efectivo, que le entrega al Grupo Gilinski entre el 56,3% y el 58,4% del capital de GeoPark. En el papel, la compañía colombiana “adquiere” el bloque petrolero venezolano Bare. En los hechos, es Gilinski quien pasa a controlar la petrolera que va a operarlo.

El bloque Bare: 15.700 millones de barriles y un vecino llamado Chevron

El activo en cuestión no es un yacimiento cualquiera. Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, llegó a producir 120.000 barriles diarios en sus mejores años y tiene un aceite original in situ estimado en 15.700 millones de barriles —siete veces y media las reservas totales de petróleo que tiene Colombia, según reconoció el propio presidente de GeoPark, Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol—. Bajo el nuevo Contrato de Participación Productiva firmado con PDVSA, GeoPark operará el bloque durante 25 años, financiará el 100% de las inversiones de capital —estimadas en 6.800 millones de dólares— y se quedará con una participación económica neta del 65% de lo producido. El otro 35% corresponde a regalías, impuestos y la parte que retiene el Estado venezolano a través de PDVSA.

Bayón fue transparente sobre las dimensiones del salto: la operación busca llevar la producción actual de 11.000 barriles diarios a un rango de entre 85.000 y 95.000, multiplicándola casi por tres, y proyecta que el Ebitda de la compañía pase de 280 millones de dólares anuales a cerca de 1.200 millones. En ese mismo terreno, según el propio CEO, GeoPark “será vecino de compañías como Chevron”, la petrolera estadounidense que desde 2023 opera en Venezuela bajo una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU.

Gilinski y la pieza que hace legal lo que hasta hace poco era impensable

Ese detalle —la licencia de la OFAC— es la bisagra que explica por qué esta operación, que hace apenas un par de años hubiera sido inconcebible para cualquier empresa con intereses en el mercado estadounidense, hoy es no solo posible sino calculadamente segura. Desde enero de 2026, la administración Trump viene flexibilizando de forma progresiva el régimen de sanciones sobre el sector petrolero venezolano: primero autorizó a Chevron, Repsol, Shell, BP, Eni y Maurel & Prom a mantener y ampliar sus operaciones bajo licencias generales sucesivas; después habilitó la importación de diluyentes, el soporte tecnológico y, finalmente, la negociación de nuevos contratos de inversión en el país. El propio Bayón lo dijo sin rodeos al presentar los riesgos del proyecto: “El acuerdo firmado se estructuró bajo un marco que cumple con las normas de la OFAC”.

Es decir: no hay ninguna irregularidad legal en lo que hizo Gilinski. Y es exactamente ese el punto que conviene subrayar. La jugada no necesitó saltarse ninguna sanción; le alcanzó con esperar a que Washington reabriera, licencia por licencia, la puerta que Chevron ya venía cruzando desde antes. Mientras esa puerta seguía cerrada para la mayoría del capital privado global, un puñado de actores —petroleras estadounidenses con licencias históricas, y ahora un conglomerado colombiano con el timing y los contactos para posicionarse antes que el resto— entendieron que la reapertura no era una hipótesis lejana, sino un proceso ya en marcha, y actuaron en consecuencia.

Ganar-ganar, dicen. ¿Para quién?

Bayón definió la lógica del negocio con una frase que busca sonar diplomática: “No es que ellos o nosotros; la idea es que esto sea un ganar y ganar y podamos trabajar juntos”. Es una forma elegante de describir una ecuación de fondo bastante más incómoda: un régimen que necesita divisas para sostenerse, y una estructura de capital privado internacional dispuesta a proveérselas a cambio de acceso a uno de los yacimientos de crudo pesado más grandes del planeta, con el visto bueno regulatorio de Estados Unidos como condición habilitante y no como obstáculo.

Nadie en esta cadena —ni PDVSA, ni el Tesoro estadounidense, ni GeoPark, ni el propio Grupo Gilinski— está haciendo algo formalmente ilegal. Ese es, precisamente, el dato que más incomoda de toda la operación: no hace falta romper ninguna norma para que miles de millones de dólares en petróleo venezolano terminen fluyendo hacia una estructura corporativa controlada, en última instancia, por un empresario colombiano que hace apenas seis meses ni siquiera figuraba entre los accionistas de la compañía que hoy conduce hacia Caracas.

La gran incógnita: ¿esto puede sacar a Maduro de la cárcel?

Hay un dato que le da a todo este entramado una dimensión política que va más allá de lo estrictamente financiero. Quien firmó el acuerdo con Gilinski no fue Nicolás Maduro, sino Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina de Venezuela tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que terminó con la captura del propio Maduro en Caracas. El expresidente venezolano permanece detenido desde entonces en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentando cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra —delitos que contemplan pena de cadena perpetua—, con juicio fijado para el 1 de junio de 2027.

La pregunta que queda flotando, y que por ahora nadie puede responder con certeza, es si esta oleada de acuerdos petroleros entre Washington y el nuevo poder chavista en Caracas —que ya incluye a Chevron, Shell, BP, Eni, Repsol y ahora GeoPark bajo control de Gilinski— podría convertirse, con el tiempo, en una pieza de negociación política más amplia.

No existe hoy ninguna evidencia de que el proceso judicial contra Maduro esté conectado de manera directa con la flexibilización de sanciones al sector petrolero: son, formalmente, dos asuntos distintos, tramitados por instancias distintas del gobierno estadounidense. Pero la historia reciente de las relaciones entre Washington y regímenes sancionados enseña que los intereses económicos y los desenlaces judiciales de alto perfil rara vez avanzan en compartimentos completamente estancos. Si el actual deshielo comercial continúa profundizándose antes de junio de 2027, la pregunta sobre qué margen de maniobra política gana o pierde Maduro de cara a su juicio dejará de ser una hipótesis y se convertirá, inevitablemente, en el verdadero centro de la conversación.