De Electricaribe a Air-e: la misma herida eléctrica que el Caribe no logra cerrar
Por Redacción El 7
Air-e es, en esencia, la reencarnación de Electricaribe: la empresa que en 1998 nació de la fusión de ocho electrificadoras departamentales y estatales de la región Caribe, y que desde su origen quedó marcada por la corrupción y la ineficiencia que terminarían por hundirla. A pesar de ese lastre histórico, la región avanzó —lento, pero avanzó— en medio de gobiernos y operadores que se sucedieron sin resolver de fondo el problema estructural del servicio. Hoy, sin embargo, el panorama es aún más caótico: Air-e, la empresa que debía representar un nuevo comienzo tras la liquidación de Electricaribe, lleva dos años intervenida y su situación financiera y operativa, lejos de mejorar, se ha deteriorado.
Dos años de intervención, un colapso más profundo
Los números documentados por El Heraldo en un informe especial publicado este 13 de septiembre son contundentes. Air-e —que nació junto con Afinia, filial del Grupo EPM, tras la liquidación de Electricaribe— tenía obligaciones por cerca de 500.000 millones de pesos antes de ser intervenida. Hoy esa cifra asciende a 3,3 billones de pesos, de los cuales 2,1 billones corresponden a deudas con generadores, principalmente térmicos. A esto se suman pérdidas técnicas y no técnicas superiores a 1 billón de pesos anuales y un recaudo promedio de apenas el 76%, que cae hasta el 52% en La Guajira y a menos del 5% en los barrios subnormales de la región.
El patrimonio de la compañía retrata el tamaño del derrumbe: según el propio “Libro de la Verdad” que el Gobierno Nacional entregó a la Fiscalía, Air-e pasó de tener un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a uno negativo de 377.662 millones de pesos en 2025, con pérdidas acumuladas de 2,59 billones de pesos y deterioros contables por 2,69 billones que, según el documento, no cuentan con soportes suficientes.
Ese deterioro ocurrió, en su gran mayoría, bajo la intervención iniciada durante el gobierno de Gustavo Petro, que designó a cinco agentes interventores en propiedad y una funcionaria encargada en apenas dos años: Carlos Diago, Edwin Palma —quien luego sería ministro de Minas y Energía—, Diana Bustamante, Nelson Vásquez y, finalmente, Jaime Mesa. Tres de esos interventores —Palma, Bustamante y Vásquez—, junto con el entonces superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, hoy están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría por presuntas omisiones e irregularidades que habrían contribuido al deterioro de la compañía. Es decir: la empresa no solo siguió siendo saqueable durante ese periodo, sino que, según lo que hoy se investiga, lo saquearon aún más de lo que ya se venía saqueando desde los tiempos de Electricaribe.
Lo que dicen los expertos: “hoy la empresa no está mejor que cuando estuvo peor”
En ese mismo informe especial de El Heraldo, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta fue categórico sobre el resultado de estos dos años de intervención: “Hoy la empresa no está mejor que cuando estuvo peor. Así lo muestran todos sus indicadores financieros y operativos”. Para Acosta, una simple inyección de recursos no resuelve nada si no se replantea el esquema completo de prestación del servicio: “Creo que el nuevo Gobierno debe barajar y volver a repartir. Como dijo Einstein: ‘Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes'”.
Otros voceros consultados por el diario coincidieron en el diagnóstico crítico. El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, advirtió que “más que discutir si se mantiene o se liquida la empresa, hay que cambiar el modelo de prestación del servicio”, mientras que el coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, Norman Alarcón, fue tajante: “Después de dos años de intervención, la empresa empeoró en todos los aspectos”.
El costo real: tarifas altas y reclamos que no llegan a ningún lado
Detrás de cada cifra de deuda y cada informe técnico hay un dato que los usuarios de la región viven todos los días: facturas con sobrecostos que muchas veces no logran explicarse con claridad, y un canal de reclamos que, según denuncian de forma recurrente los propios usuarios, rara vez ofrece una respuesta satisfactoria. Mientras la compañía exige el pago puntual del servicio —y así debe ser, para sostener cualquier operador—, la contracara de esa exigencia debería ser una gestión transparente y una atención real a quienes cuestionan sus facturas. Hoy, con una empresa cuyas propias cuentas contienen deterioros por casi 2,7 billones de pesos sin soporte suficiente, según el propio Gobierno, es legítimo que el usuario que reclama un cobro se pregunte si la exigencia de pago está a la altura de la transparencia que la empresa le debe a cambio.
Lo que queda pendiente
El nuevo interventor, Ramiro Castilla, es ya el sexto agente designado al frente de Air-e en dos años, y llega con una cartera vencida de 2,9 billones de pesos y más de 700.000 usuarios sin pagos ni abonos recientes. Su hoja de ruta —contener el alza de tarifas, estabilizar el servicio, mejorar la comunicación con los usuarios y avanzar en la recuperación financiera— es, en el papel, la misma promesa que ya hicieron sus cinco antecesores. La pregunta de fondo, la que verdaderamente importa para millones de habitantes del Caribe colombiano, no es si esta sexta gestión tendrá mejores intenciones que las anteriores, sino si el modelo completo —el mismo que viene fallando desde los tiempos de Electricaribe— puede seguir sosteniéndose sin un cambio estructural, tal como lo advierten hoy tanto los gremios como los propios expertos del sector.
