‘Calarcá’, el ahijado de la Paz Total, a responder por masacres, desaparición forzada y reclutamiento de menores
Alexander Díaz Mendoza es acusado por masacres, homicidios de firmantes de paz, reclutamiento de menores y desaparición forzada. El proceso avanza en ausencia del cabecilla, mientras nuevas revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destapan los horrores cometidos por su estructura armada.
Por Juan Valencia_Redacción Política / En un contundente avance contra la criminalidad organizada, la Fiscalía General de la Nación ha imputado este martes a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, máximo líder de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), por una retahíla de delitos que incluyen homicidio agravado, desaparición y desplazamiento forzado, así como el reclutamiento ilícito de menores de edad. Los hechos endilgados al cabecilla guerrillero abarcan un oscuro periodo comprendido entre 2022 y 2026.
La imputación de cargos se llevó a cabo en el marco de una audiencia judicial, luego de que un juez de control de garantías autorizara que ‘Calarcá’ sea juzgado como persona ausente, debido a sus reiteradas incomparecencias y su condición de prófugo de la justicia.
Raúl González, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, detalló la gravedad de las acusaciones. Entre los delitos imputados figuran el concierto para delinquir agravado, homicidio de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, tráfico y posesión de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En particular, la Fiscalía le atribuye la autoría del asesinato de seis firmantes de los Acuerdos de Paz de 2016, entre ellos un exnegociador de La Habana. A esto se suma el desplazamiento forzado de decenas de familias en el departamento del Meta.
El historial criminal atribuido al EMBF incluye tres cruentas masacres perpetradas en el departamento del Guaviare. La más reciente, ocurrida en enero de 2026, se saldó con la muerte de 25 personas; en abril de 2025, un ataque cobró la vida de siete militares; y en enero de ese mismo año, otra masacre dejó un saldo de 20 víctimas fatales, entre ellas siete menores de edad.
“Pese a la clandestinidad de estas estructuras, se hallan elementos de prueba contundentes que indican el reclutamiento de jóvenes menores de edad, el desplazamiento forzado, un evento de desaparición forzada y algunas imágenes que evidencian actos de tortura”, señaló el delegado González durante la audiencia.
El EMBF, conformado por tres estructuras criminales —entre ellas el temido bloque Jorge Briceño, comandado directamente por ‘Calarcá’—, opera como una escisión del Estado Mayor Central (EMC), la principal facción disidente liderada por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.
El papel crucial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol
Gran parte de la evidencia que hoy sustenta estas graves imputaciones salió a la luz pública gracias al arduo trabajo periodístico de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Durante meses, el equipo de investigación logró documentar, mediante fuentes de inteligencia y testimonios de víctimas, la verdadera dimensión de la barbarie cometida por el bloque Jorge Briceño. Sus reportajes no solo expusieron ante la opinión pública las rutas del narcotráfico y la extorsión que financian a ‘Calarcá’, sino que también lograron conseguir y difundir material audiovisual inédito. Estos videos, que posteriormente fueron incorporados como prueba por la Fiscalía, mostraron en detalle los campos de entrenamiento donde adoctrinaban a menores de edad y los macabros “consejos de guerra” donde se ordenaban las ejecuciones y actos de tortura contra la población civil y líderes sociales.
Estas revelaciones periodísticas generaron una fuerte presión social y política que aceleró las actuaciones de las autoridades. Al destapar los rostros de los reclutadores y los lugares exactos donde se cometían las masacres en el Meta y Guaviare, Noticias Caracol rompió el cerco de impunidad y silencio que protegía a las disidencias en estas regiones.
La Fiscalía reconoció implícitamente el valor de estas investigaciones al citar en su acervo probatorio “imágenes de actos de tortura” y registros de desplazamientos que, en gran medida, habían sido denunciados en primicia por los periodistas, demostrando una vez más que el periodismo de investigación es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de verdad y justicia en Colombia.
