Se acabó la ‘caza’ oculta: el freno del MinTransporte al lucrativo negocio de las fotomultas móviles
El gobierno en cabeza de la mintransporte Elsa Noguera va por el debate de un nuevo Código de Tránsito que esperan acabe con los monopolios de varios contratistas financiadores de campañas políticas. En Barranquilla habría una en particular
Por: Redacción Política El 7
Durante años, circular por varias vías del país dejó de ser un ejercicio de prudencia al volante para convertirse en una suerte de cacería implacable. Los denominados vehículos «caza fotomultas» —vehículos equipados con tecnología de fotodetección que se estacionaban de forma estratégica y, en muchos casos, soterrada— transformaron el control vial en un engranaje de recaudación voraz. La reciente resolución del Ministerio de Transporte pone un punto de giro necesario a este panorama: a partir de ahora, ningún vehículo cazafotomultas podrá imponer comparendos si no cuenta con la presencia física, visible e identificada de un agente de tránsito en el lugar.
La decisión ministerial no solo corrige un vacío normativo originado por interpretaciones ambiguas en regulaciones pasadas; toca de fondo la esencia de lo que debe ser la seguridad vial en Colombia.
Del control preventivo al recaudo privado
El principio fundamental del control de tránsito debe ser la prevención y la reducción de la siniestralidad. Sin embargo, en la práctica, la proliferación de cámaras móviles operadas sin supervisión directa en la vía derivó en un esquema distorsionado. La propia cartera de Transporte lo dejó claro: un vehículo que se oculta para registrar una infracción sin que el conductor detecte la presencia de la autoridad no previene el riesgo inmediato en la vía; únicamente garantiza la emisión de una factura.
Detrás de este modelo ha existido una histórica indignación ciudadana. Lo que nació como una herramienta tecnológica para salvar vidas terminó convertido, en múltiples municipios, en un negocio donde alianzas entre administraciones locales y operadores privados encontraron una fuente inagotable de ingresos a costa del bolsillo del ciudadano.
Este engranaje golpea de manera desproporcionada a quienes dependen de su vehículo para el sustento diario: conductores de transporte de carga, taxistas, repartidores y familias de medianos y bajos ingresos, para quienes una fotomulta impuesta de forma dudosa representa un golpe severo a su estabilidad económica.
Reglas claras: prevención antes que sanción
La nueva disposición marca una frontera clara entre dos figuras que se habían solapado:
- Dispositivos de apoyo a agentes de tránsito: Si la cámara se utiliza como un equipo móvil de apoyo en vía, es obligatoria la presencia de un agente de tránsito debidamente identificado, quien debe operar el equipo y expedir el comparendo de manera directa.
- Sistemas automáticos de fotodetección: Si se trata de cámaras automáticas fijas o de detección sin agente en el sitio, deberán seguir contando con la autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y cumplir rigurosamente con todos los criterios técnicos, de señalización y calibración legalmente exigidos.
El reto de la vigilancia
Frenar los abusos en la vía requiere que la tecnología vuelva a su propósito original: proteger vidas. La derogatoria de las normas que permitían operar estos vehículos en la sombra es un paso clave para desmantelar la percepción de que las vías son un escenario de emboscada financiera.
Corresponderá ahora a las autoridades de tránsito territoriales acatar la norma sin dilaciones y a los organismos de control verificar que el cobro a los ciudadanos responda a la ley y a la prevención, y no al interés de alimentar cajas de recaudo.
