La caída de ‘Bendito Menor’ y el cambio de paradigma en seguridad

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Por Juan Valencia

En la madrugada del 4 de septiembre, un comando especial de la Policía Nacional, identificado como ‘Los Lobos’, abatió en Riohacha a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura también conocida como ‘Los Pachenca’. En el mismo operativo murieron su pareja sentimental, alias ‘La Bebecita’, y dos hombres más identificados como alias ‘El tío’ y alias ‘Casiloco’.

Lo que confirman los hechos

El presidente Abelardo de la Espriella presentó personalmente los cuatro cuerpos ante la prensa, cubiertos con lonas blancas, calificando el operativo como resultado de “una operación impecable” de la Policía Nacional y un comando especial de la Dijín, “Los Lobos”. El hallazgo del paradero de ‘Bendito Menor’ se produjo después de que este encendiera un teléfono celular para desmentir una nota de la revista Semana, lo que permitió georreferenciar su ubicación en el barrio Los Olivos. El operativo contó con apoyo de inteligencia estadounidense, y Pérez Toncel tenía una recompensa de hasta mil millones de pesos y era considerado objetivo de alto valor, es decir la estrategia con Semana funcionó.

Es, sin duda, un golpe operativo real: no es un anuncio simbólico, hay un cabecilla identificado, con orden de captura y circular roja de Interpol, dado de baja en una acción verificable y reconocida por múltiples medios.

Dónde el análisis debe ser más cuidadoso

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Aquí es donde conviene separar el hecho operativo de la narrativa política que se construye sobre él:

  1. “Objetivo de valor” no equivale a desarticulación de la estructura. Las ACSN operan con una lógica de reemplazo de mandos que ha sobrevivido a la caída de líderes anteriores en Colombia durante décadas (basta ver el patrón con las AGC/Clan del Golfo). Dar de baja al cabecilla visible es un golpe simbólico y operativo, pero no equivale por sí solo a que la estructura criminal —extorsión, narcotráfico, control territorial en Sierra Nevada, Magdalena, Cesar y La Guajira— deje de operar. Ese es un dato que el triunfalismo inmediato tiende a saltarse.
  2. La muerte de los cuatro, incluida una mujer que no era la cabecilla, exige preguntas de proporcionalidad. Colombia tiene un historial doloroso con operativos de “dar de baja” que después de años terminaron cuestionados judicialmente (el caso de los “falsos positivos” es la referencia obligada, aunque de otro contexto). Que el Estado presente los cuerpos como trofeo mediático —una foto con lonas blancas ante la prensa— es una decisión de comunicación política deliberada, no un procedimiento neutral, y amerita seguimiento sobre las circunstancias exactas de cada muerte, no solo aplauso.
  3. El vínculo directo entre este operativo y “el fin de la Paz Total de Petro” es una lectura política, no un hecho verificable. Es cierto que el gobierno de Petro impulsó negociaciones con estructuras armadas bajo la figura de “gestores de paz”, y es cierto que ACSN/Los Pachenca fue uno de los grupos que participó en esos procesos sin que se tradujeran en una desmovilización real. Pero afirmar que la muerte de un cabecilla “concluye” esa política es una interpretación —una que el propio gobierno actual tiene todo el interés en instalar públicamente, porque valida su cambio de estrategia hacia la ofensiva militar directa. Un análisis “parejo” debe decir: esto es un dato a favor de los críticos de la Paz Total, no una sentencia definitiva sobre si la mano dura funciona mejor a mediano plazo. Los resultados reales se miden en homicidios, extorsión y control territorial en los próximos meses, no en un titular.
  4. El discurso presidencial (“no habrá refugio”, “mano de hierro del Estado”) marca un giro retórico deliberado respecto a la administración anterior — es coherente con la promesa de campaña de mano dura de De la Espriella, y en ese sentido el episodio sí funciona como una demostración de que las urnas efectivamente decidieron un cambio de enfoque en seguridad. Eso es un hecho político legítimo de señalar. Lo que no es legítimo, periodísticamente, es presentarlo como prueba definitiva de que el enfoque es más efectivo — apenas es el primer mes de gobierno.

La pregunta que queda abierta

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El verdadero test de esta “otra visión de seguridad” no es esta baja individual, por relevante que sea, sino si en los próximos meses el mando de las ACSN se reconstituye (como ha ocurrido históricamente con estructuras similares) o si efectivamente hay una caída sostenida de extorsión y homicidios en la Sierra Nevada, Magdalena, Cesar y La Guajira. Ahí está el verdadero balance entre la estrategia de choque frontal y la de negociación que caracterizó al gobierno anterior — y es prematuro declarar ganador a un mes de gestión.


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