La nueva doctrina de seguridad en Colombia: tolerancia cero al crimen y la advertencia implícita de operaciones transfronterizas
Por Jhon Cárdenas_Redacción Política / En lo que representa el giro doctrinal más drástico en la política de defensa y orden público de las últimas décadas, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que todas las estructuras armadas ilegales que operan en territorio colombiano —sin distinción entre guerrillas, organizaciones paramilitares o delincuencia organizada— serán catalogadas y perseguidas bajo una sola categoría jurídica y operacional: terroristas.
El pronunciamiento oficial sepulta formalmente la arquitectura de la “Paz Total” impulsada por la administración de Gustavo Petro —que la nueva Casa de Nariño califica como un esquema fallido que dejó al país a merced de la criminalidad— e impone un modelo de militarización integral y tolerancia cero.
El fin de la distinción jurídica: uso pleno de la fuerza del Estado
El núcleo de la nueva estrategia radica en eliminar cualquier estatus de negociación política a los grupos armados tradicionales. Al igualar legalmente a disidencias, el ELN, bandas criminales locales y cárteles transnacionales, el Estado colombiano desmantela los marcos de sometimiento o diálogo.
“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción ni en la respuesta del Estado. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, sentenció el mandatario.
Esta reclasificación faculta a las Fuerzas Militares para emplear la plenitud del poder de fuego y las capacidades ofensivas del Estado, eliminando las restricciones de los ceses al fuego bilaterales y redefiniendo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable a la confrontación.
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La arista geopolítica: el ultimátum a Delcy Rodríguez y el refugio en Venezuela
El componente de mayor impacto internacional de la nueva doctrina se dirige a la frontera oriental. La decisión gubernamental de perseguir frontalmente a las estructuras ilegales que históricamente han utilizado el territorio venezolano como retaguardia estratégica y santuario de impunidad eleva al máximo la tensión diplomática y militar con Caracas. El ELN y La Nueva Marquetalia de Iván Márquez son una prueba fehaciente.
Con la categorización de “terroristas” aplicada a estos grupos, el régimen de Delcy Rodríguez enfrenta una encrucijada sin precedentes: continuar brindando refugio u omisión a estas facciones expone a Venezuela a que Colombia invoque la doctrina internacional de la legítima defensa transfronteriza. Este escenario abre la puerta a eventuales operaciones militares o incursiones aéreas de precisión de las fuerzas colombianas en zonas de frontera, bajo el argumento de neutralizar amenazas terroristas directas.
A esta ecuación se suma el combate explícito contra las redes transnacionales del narcotráfico originarias de México (como el Cártel de Sinaloa y el CJNG), alineando la doctrina de seguridad de Bogotá con las exigencias defensivas de Washington para golpear el crimen organizado trasnacional.
Reactivación de la inteligencia financiera y cerco judicial
En el frente interno, el Ejecutivo ordenó la creación inmediata del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, que articulará al Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial con la Fiscalía General y la Judicatura.
Paralelamente, se dispuso la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) bajo la conducción de la exfiscal Marta Lurreyes. La entidad rastreará la información bancaria de los últimos cuatro años para ahogar el flujo de capitales proveniente del narcotráfico, el cártel de tierras y el préstamo “gota a gota”, calificado por el Gobierno como una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos.
Medidas relámpago y control migratorio
La estrategia se complementa con una batería de choque que incluye:
- Redadas y control carcelario: Operativos de traslado urgente de capos para evitar que los centros penitenciarios operen como centrales de extorsión.
- Control migratorio en las ciudades: Instrucciones a Migración Colombia y a la Policía para desplegar operativos relámpago enfocados en la delincuencia extranjera y la migración irregular.
- Justicia especializada: Creación de cuerpos élite de fiscales y jueces territoriales para agilizar las condenas.
Un mandato de mano dura en las urnas
La adopción de este giro doctrinal no ocurre en un vacío político. El ascenso y la consolidación de la estrategia de De La Espriella responden directamente al descontento social acumulado durante años y reflejado con contundencia en las urnas: la ciudadanía colombiana votó por un cambio radical en la conducción de la fuerza pública, hastiada del avance territorial de las bandas armadas y de la percepción de impunidad de la negociación.
Con este decreto de tolerancia cero, la Presidencia busca ratificar que la era de la complacencia criminal llegó a su fin, imponiendo un modelo donde la restauración de la autoridad del Estado y el uso de la fuerza legítima priman sobre cualquier intento de diálogo pacificador.
