El negocio multimillonario de las fotomultas entra en la mira del Gobierno Nacional
Por Jhon Cárdenas Redacción El 7 / Lo que nació como un instrumento técnico para reducir la siniestralidad vial en Colombia terminó mutando en una de las cajas menores más rentables y polémicas del país. Sin embargo, el esquema de recaudo por fotodetección enfrenta un punto de quiebre tras la orden directa emitida por el presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para auditar y revisar la legalidad de todas las cámaras instaladas en el territorio nacional.
“La detección electrónica debe servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo. Donde haya irregularidades o fines meramente recaudatorios, actuar con contundencia”, ratificó la jefatura de Estado, marcando una postura de revisión hacia la concesión de estos sistemas.
La chispa del Atlántico: el antecedente que encendió la mecha
La controversia no es aislada. El detonante de este pulso nacional tuvo su origen en la Vía al Mar, donde la insistencia de la Gobernación del Atlántico, en cabeza de Eduardo Verano de la Rosa, por habilitar nuevas cámaras de velocidad desató un fuerte choque institucional.
El intento de pasar de cuatro a siete dispositivos en un solo corredor provocó el rechazo inmediato de gremios y conductores, obligando al Ministerio de Transporte a intervenir para frenar el montaje. El caso del Atlántico dejó al descubierto la brecha entre el discurso de la “seguridad vial” y el afán contractual de los concesionarios privados.
El caso Bogotá: $552.000 millones y el recaudo como prioridad
El debate escaló rápidamente a la capital del país, donde las cifras reveladas por el concejal Daniel Briceño exponen la magnitud económica del sistema. Entre 2024 y abril de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha recaudado $552.000 millones de pesos únicamente a través de cámaras de velocidad. El alcalde Carlos Fernando Galán ha instalado decenas de foto cámaras desde que llegó al poder con la excusa de siempre; “salvavidas”.
Los datos cuestionan la finalidad pedagógica del esquema en la capital:
- Sanciones en el margen: El 60% de las multas impuestas corresponden a vehículos que transitaban entre los 56 km/h y los 60 km/h, atrapando a los conductores en márgenes mínimos de velocidad.
- Costo burocrático: 1 de cada 3 pesos recaudados no se invierte en infraestructura ni en señalización vial, sino en financiar la burocracia interna y los procesos legales de la Secretaría de Movilidad.
- Planes de expansión: Pese a las críticas, la administración distrital proyecta instalar nuevos puntos de fotodetección en corredores estratégicos como la Calle 26, la Avenida de las Américas y la NQS.
¿Hacia el fin de la ‘caja mayor’ de las fotomultas?
Con la instrucción dada al Ministerio de Transporte y la intervención de la cartera del Interior, liderada por Rodrigo Lara, el Gobierno Nacional busca fijar criterios estrictos de siniestralidad demostrable antes de autorizar cualquier dispositivo.
El choque entre las administraciones locales que defienden el recaudo y la postura del Ejecutivo promete reconfigurar el modelo de fiscalización electrónica en Colombia, abriendo la puerta a suspensiones de licencias operativas donde se compruebe que las cámaras funcionan como “trampas de cobro”.
