La muerte política de un corrupto, la historia de Iván Name
Detenido desde el 7 de mayo de 2025 y recluido en la cárcel La Picota, Iván Name no es un congresista más que cayó en un escándalo, es uno de los hombres fuertes del Partido Verde y patriarca de un clan con tentáculos en el poder de Bogotá y la Costa. Su hija, María Clara Name, llegó a presidir el Concejo de Bogotá, su tío fue el senador José Name Terán, y el apellido arrastra desde hace décadas ecos de un gamonalismo que en el Atlántico nunca terminó de irse. Un cacique de los de antes, que hoy paga en el expediente de la UNGRD lo que su casta política construyó durante generaciones.
Por Jhon Cárdenas – Redacción El 7 / El Consejo de Estado acaba de firmar, en primera instancia, la sentencia que Iván Leónidas Name Vásquez llevaba meses tratando de esquivar, la pérdida de investidura por tráfico de influencias comprobado. Con esta decisión se cierra para siempre la puerta del Congreso para el hombre que llegó a presidir el Senado en la legislatura 2023-2024 y que hoy queda marcado como una de las piezas centrales del escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El expediente no deja espacio para la duda. El alto tribunal probó que Name recibió dinero de los entonces funcionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, con la intervención directa de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y de Sandra Ortiz, consejera para las Regiones. Ese dinero no era un favor cualquiera, era el precio para destrabar en el Senado las reformas que el Gobierno Nacional necesitaba aprobar, entre ellas la reforma pensional, usando recursos del erario que en teoría estaban destinados a atender las necesidades de La Guajira. Según la Fiscalía, López coordinó con Pinilla la entrega de hasta 3.000 millones de pesos en efectivo a Name a través de Ortiz, dentro de un desfalco que las investigaciones calculan en 228.000 millones de pesos.
El Consejo de Estado no se guardó los adjetivos, calificó la conducta de Name como contraria a la representación democrática, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud que exige el cargo. No hablamos de un error de trámite ni de una irregularidad administrativa, hablamos de un presidente del Senado que recibió maletines de dinero público para vender su voto y el de su bancada, mientras el país discutía una reforma que afecta directamente los bolsillos de millones de colombianos.
Además de Iván Name quiénes pagan y quiénes siguen libres
Lo más indignante es ver cómo terminó repartida la responsabilidad. Sneyder Pinilla, el mismo que destapó el escándalo, ya paga condena tras un preacuerdo con la Fiscalía. Olmedo López negocia la devolución de cientos de millones de pesos mientras espera que un tribunal avale su acuerdo. Sandra Ortiz y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos señalados de mover el entramado, están libres por vencimiento de términos, la misma justicia lenta que en Colombia termina premiando a quien logra estirar el proceso. Y varios congresistas salpicados por la Corte Suprema, entre ellos Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, siguen en libertad mientras la investigación avanza a paso de tortuga.
Un patrón que va más allá de la UNGRD
Este no fue un caso aislado dentro del petrismo. En paralelo corrieron los señalamientos sobre el financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2022, con el propio hijo del presidente, Nicolás Petro, confesando que dinero de origen cuestionado terminó en las arcas de esa campaña, y con los audios de Armando Benedetti hablando de sumas millonarias movidas por fuera del control oficial. Un gobierno que llegó prometiendo transparencia terminó rodeado de maletines de efectivo, testaferros y funcionarios comprando votos en el Congreso con la plata destinada a las víctimas de un desastre natural.
Iván Name pierde hoy su investidura y con ella cualquier posibilidad de volver a la política formal. Pero su muerte política no cierra el capítulo, apenas confirma lo que ya se sabía, que en el corazón del gobierno del cambio hubo una estructura organizada para comprar leyes con plata de todos los colombianos, y que buena parte de sus responsables, empezando por quienes dieron la orden desde la Casa de Nariño, todavía no han pagado nada.
