“Araña”, el protegido de Petro que hoy paga sus crímenes en Estados Unidos

Por Juan Valencia – Redacción Política / Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, subió el pasado viernes a un avión en el Comando Aéreo de Combate de Malambo con destino a Estados Unidos, y con él se cayó de golpe uno de los símbolos más incómodos del gobierno anterior. Este hombre, cabecilla de los Comandos de la Frontera, fue durante años “gestor de paz” bajo el gobierno de Gustavo Petro, una etiqueta que le sirvió de escudo mientras seguía armando y financiando una de las estructuras narcotraficantes más violentas del sur del país. Su extradición no es un trámite más, es la prueba de que ese escudo ya se acabó.

La hoja de vida de “Araña” desmonta cualquier intento de presentarlo como un actor de paz. Entró al narcotráfico en 2008 con “Los Rastrojos”, después fue jefe de sicarios de “La Constru”, y en 2010 pagó condena de 29 años por homicidio y extorsión. Ahí debía haber terminado la historia, pero en 2016, en medio de los diálogos con las extintas FARC, salió con libertad condicional bajo la figura de gestor de paz. Con esa libertad no se pacificó nada, se rearmó. Desde 2021 lideró la unificación del GAO-r 48 con “La Constru” para consolidar los Comandos de la Frontera, una estructura de más de 1.000 hombres armados con dominio en Putumayo, Caquetá, Amazonas y Nariño, cobrando hasta 300.000 pesos por kilo de cocaína procesada en sus propios laboratorios y vendida después a carteles mexicanos con destino final a Estados Unidos.

“Araña”, el narcogestor de paz

Ese es el prontuario que el rótulo de “gestor de paz” tapó durante años, mientras la Fiscalía apenas el 15 de septiembre de este año le imputaba 16 homicidios más en Caquetá. Su captura con fines de extradición ya se había hecho efectiva en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, por una Notificación Roja de Interpol, y el propio Gobierno concedió formalmente la extradición a finales de ese año. Pero la entrega física quedó congelada, suspendida porque “Araña” seguía sentado como negociador en los diálogos con los Comandos de la Frontera. Un condenado por homicidio y extorsión, requerido por Estados Unidos, con veto de entrega mientras negociaba su propia impunidad a nombre de la paz.

Ese veto se acabó con el gobierno de Abelardo De La Espriella, quien estuvo presente en el operativo y lo entregó personalmente. El presidente fue enfático al señalar que el hecho envía “un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico”, y advirtió que el país “no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional”. Con esta salida ya son 94 extradiciones bajo su mandato, un ritmo que contrasta con la política que mantuvo protegidos a cabecillas como “Araña” mientras usaban la mesa de negociación como coartada.

Lo que queda de este episodio es un precedente que no da margen para reinterpretaciones amables. La figura de gestor de paz, pensada para desmontar estructuras armadas, terminó siendo la fachada perfecta para que un condenado por homicidio siguiera mandando en la frontera, cobrando impuesto por kilo de cocaína y multiplicando cadáveres en Caquetá. Hoy paga en una corte de Estados Unidos lo que en Colombia se le perdonó en nombre de una paz que nunca practicó.