Ley de Ajuste Fiscal pone a De la Espriella ante su prueba de fuego, sin videos ni influencers de por medio
Por Juan Valencia – Redacción Política / El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el jueves 29 de octubre la Ley de Rescate Fiscal, un proyecto de más de cien artículos con el que pretende frenar el avance de la deuda y que será la mayor prueba de fuego de sus primeros cien días. Llega con un Congreso que ya le ha cobrado caro. En julio perdió la Presidencia del Senado, cuando Honorio Henríquez, del Centro Democrático, derrotó 56 a 45 a Alfredo Deluque, el candidato del Gobierno, con votos del Pacto Histórico incluidos. Ahora tiene que demostrar cuánto está dispuesto a ceder, y si no lo hace, arriesga otra derrota ante el mismo Capitolio.
El Presupuesto de 2027 ya dio señales de lo que viene. El Congreso lo aprobó por 634,9 billones, pero un vicio de trámite obliga al Gobierno a decretarlo, según Cambio, y proyecta un déficit de 9,4 % del PIB, de los más altos de la región. Ese es el hueco con el que el Gobierno justifica la ley, una cuenta que, en su versión, deja el petrismo después de gastar sin freno. Hacienda dice que siete de cada diez pesos del ajuste los pone el propio Estado.
Los recortes y la fusión de ministerios que busca De la Espriella
Ahí está lo que sí gusta en el Capitolio. El texto plantea reducir 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios, recortar 20 % los gastos de funcionamiento, bajar 20 % en términos nominales los gastos de personal para 2028 y vender activos improductivos. A eso se suman los recortes de eventos y pauta oficial, y una reforma administrativa que pasaría de 209 a 104 entidades.
Con el artículo 7, el Gobierno pide facultades extraordinarias por seis meses para suprimir y fusionar ministerios y entidades, con un ahorro estimado de 8,6 billones. Cultura se uniría con Deporte, Educación con Ciencia, y se crearían los ministerios de la Presidencia y de Desarrollo Social. El gabinete seguiría con 18 carteras, lejos de las 13 que había prometido el propio ministro Miguel Gómez, y lejos también del recorte del 40 % del Estado que ofreció en campaña.
Impuestos, la otra mitad de la Ley de Ajuste Fiscal que divide al Congreso
El problema es la otra mitad del paquete. La ley baja la renta corporativa de 35 a 31 %, crea un nuevo tramo de renta para quienes ganen más de 4 millones y, según el senador David Racero, saca 107 productos de la lista de excluidos del IVA. El Gobierno responde que no sube la carga para el colombiano de a pie y que devolverá el IVA a 19 millones de personas, pero la oposición, con Ariel Ávila y el Pacto Histórico a la cabeza, dice que le baja impuestos a los ricos y se los sube a la clase media. La oposición ya anunció su voto negativo. Lo que le pesa al Gobierno es que sus aliados también dudan.
El Centro Democrático, que fue el primero en pronunciarse, fue claro. Henríquez aseguró que los colombianos “no aguantan un impuesto más” y que el recorte del Estado es necesario, su director Gabriel Vallejo defendió un Estado pequeño y con bajos impuestos, y la senadora María Clara Posada celebró los recortes pero dijo que no cuenten con ella para subir impuestos a la clase media. Álvaro Uribe pidió un análisis reposado, y la bancada se reunirá con él el 5 de noviembre. Hasta Salvación Nacional, el partido del Presidente, tiene reparos.
En La U, la senadora Norma Hurtado rechazó el alza de aportes a salud y el IVA de la medicina prepagada, y en el Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa pidió revisar primero los beneficios de los privilegiados. Esa es la lectura que corre en los pasillos, que los partidos que acompañan al Gobierno quieren recortes serios y no más anuncios, y que a la hora de la verdad cobrarán cambios en la forma de repartir el poder, empezando por unos nombramientos que mucho se parecen a una cuota para amigos y gente de campaña.
Los tiempos tampoco ayudan. El proyecto debe superar cuatro debates, y el exministro Juan Camilo Restrepo ve difícil que se evacúe antes de que termine la legislatura el 16 de diciembre. Si se queda a medias, pasaría a marzo de 2027, a las puertas de un año electoral. Lo más probable, según La Silla Vacía y El Colombiano, es que se vote por partes, y no todo el paquete como quiere el Gobierno.
Mientras pide recortes, De la Espriella sigue prometiendo miles de millones
Colombia vive un momento económico delicado, y lo que se recibió de Gustavo Petro es un país con las cuentas rotas y con una estela de escándalos de corrupción como el de la UNGRD. Pero mientras pide al Congreso que le apruebe un ajuste con recortes del 50 % en contratistas y del 20 % en funcionamiento, el Presidente sigue recorriendo el país con anuncios de miles de millones.
El viernes 30 de octubre, en Barranquilla, durante la primera piedra del Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza, anunció 100.000 millones de pesos del Ministerio de Comercio y Fontur para obras complementarias, y ese mismo día elogió la gestión de Alejandro Char. Tres días antes, en Bogotá, había ratificado 1,9 billones para el Metro en el presupuesto de 2027. En Coveñas, Sucre, habló de inversiones en vivienda, educación y vías, y de un posible complejo de aluminio con capital extranjero de hasta 5.200 millones de dólares. Todo eso hace parte de El Milagro de las Regiones, la estrategia con la que prometió recorrer los 32 departamentos y que arrancó con 187 proyectos por 515.000 millones.
El Gobierno dice que son proyectos priorizados y que así cumple su palabra de campaña. Pero él mismo reconoció que recibió una caja comprometida, su ministro de Hacienda admitió que hay que aceptar un recorte en la inversión, y en la fase de empalme se recogieron 1.274 proyectos y necesidades por 38,1 billones, una cuenta que nadie sabe cómo se paga con un déficit proyectado de 9,4 % del PIB.
No se puede pedir austeridad en el Capitolio y repartir promesas en la plaza pública. Si quiere que el Congreso le crea el recorte, tiene que ponerle cifras, plazos y prioridades al gasto que anuncia, y dejar de gobernar a punta de anuncios, videos e influencers.
