ANI le devuelve el Muelle 13 a la familia Rodríguez y sus socios
Por medio de un video la Agencia anuncia la decisión dejando en el mensaje copia para el presidente De la Espriella, Carlos Suárez su estratega y Miller Soto el vocero de la Casa de Nariño.
Por Juan Valencia – Redacción Política / La Agencia Nacional de Infraestructura y el Grupo Portuario, de la familia Rodríguez y sus socios, firmaron un memorando de entendimiento para reabrir el Muelle 13 de Buenaventura. El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, anunció el acuerdo en un video y lo vendió como un ahorro, pues dijo que con él se le ahorran al Estado 30 millones de dólares, la suma que el grupo reclamaba y a la que ahora renuncia. Es una salida para el Estado, que llevaba dos años perdiendo en los tribunales, y es también un acuerdo que obliga a preguntar qué se pactó sobre un muelle con antecedentes ambientales.
El mensaje de la empresa fue directo, y trajo un gesto político. El representante del Grupo Portuario cerró con la frase “Patria Milagro”, alineándose con el gobierno de Abelardo de la Espriella. La señal pesa si se mira de dónde viene el grupo, que durante el gobierno de Gustavo Petro libró una guerra judicial con la ANI y hoy firma con la misma entidad bajo un gobierno distinto. Álvaro Rodríguez Acosta, fundador del grupo, sostuvo que reabrir el puerto reduciría los costos de los importadores. Los intervinientes afirmaron además que el cierre afectó a más de 500 trabajadores directos y 1.500 indirectos, y que disparó los costos logísticos y le restó competitividad al puerto. Rodríguez Acosta, que antes de la decisión del gobierno Petro había entregado la dirección a su hijo Álvaro Rodríguez Ferrero, uno de los presentadores de Shark Tank Colombia, es la cara de un grupo que lleva más de 30 años en ese muelle.
Para entender cómo se llegó hasta aquí hay que mirar lo que hizo el Estado. En diciembre de 2023, la ANI aprobó prorrogar por 20 años la concesión y, pocos días después, la revocó con una resolución del 5 de enero de 2024, sin que lograra demostrar un sustento técnico concluyente. El Tribunal Administrativo del Valle suspendió esa decisión en diciembre de 2024 y el Consejo de Estado la ratificó en julio de 2025, en un fallo que le reprochó a la agencia no haber obrado con buena fe. La Procuraduría, además, abrió investigación contra directivos de la ANI por no firmar el otrosí, según Caracol Radio. El gobierno Petro, mientras tanto, acusó de corrupción a los jueces y terminó cargando con un pleito que hoy se cierra con una negociación.
Pero la historia no es de una sola vía. El Grupo Portuario también perdió rondas y tiene un expediente propio. En 2024, el Consejo de Estado le negó una acción de cumplimiento con la que buscaba obligar a la ANI a firmar la prórroga. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ordenó suspender operaciones tras una visita al muelle, y el Ministerio de Ambiente divulgó hallazgos, entre ellos una bodega de cereales con palomas sobre los alimentos. La empresa dijo en su momento que esas medidas eran ataques sin sustento técnico y legal, pero los hallazgos están ahí y el memorando no dice, hasta donde se conoce, qué condiciones deberá cumplir el concesionario para volver a operar.
También conviene poner el ahorro en su lugar. Los 30 millones de dólares eran un reclamo del grupo, no una condena. En diciembre de 2024, tras el primer fallo a su favor, el abogado del Grupo Portuario aseguró que no buscaban indemnización, y después apareció esa cifra. Que hoy el Estado la presente como plata ahorrada depende de cuánto riesgo real había de perder ese pleito, y de qué más se concedió en la mesa a cambio de la renuncia.
Quedan abiertas las preguntas de fondo. Falta saber qué pasará con las demandas cruzadas que siguen vivas, qué exigencias ambientales se le impondrán al concesionario y en qué plazo reabrirá el muelle.
