La Batalla de Santa Marta, la guerra que Colombia aplazó durante años
Con un chaleco antibalas, una pistola al cinto y más de 1.500 uniformados desplegados, Abelardo De La Espriella tomó una decisión que ningún gobierno anterior se había atrevido a tomar de fondo, enfrentar de lleno a Los Pachenca en su propio territorio. Petro respondió con una crítica por las redes. La pregunta de fondo es otra, por qué esto no pasó hace veinte años.
Por Redacción Editorial El 7 / Santa Marta lleva décadas siendo, en la práctica, territorio de Los Pachenca. La organización, hoy llamada oficialmente Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, controla desde hace años el corredor que va de la Bahía de la La Perla hasta Ciénaga, sube por la Sierra Nevada y llega hasta Riohacha, con su negocio principal en el narcotráfico y actividades adicionales de extorsión, sicariato y, en ciertos periodos, secuestro. Hacia el sur, en Valledupar, libran una guerra territorial con el Clan del Golfo por el mismo corredor. Ese dominio no nació esta semana. Es la acumulación de gobiernos que miraron para otro lado, que llegaron a acuerdos parciales o que, directamente, no lo convirtieron en prioridad.
Esta semana cambió el libreto. Tras la muerte de alias Cholo, segundo cabecilla de la organización, en un operativo del lunes que dejó siete integrantes del grupo abatidos y tres capturados, las Acsn respondieron con un paro armado de 48 horas, quema de buses, cierre de comercios e intimidación en varios barrios.
De La Espriella no esperó. Convocó un consejo extraordinario de seguridad, militarizó la ciudad con más de 500 soldados y 600 policías, un refuerzo que las autoridades locales elevaron después a más de 1.500 uniformados entre Policía y Ejército, y salió a las calles de Santa Marta con chaleco antibalas y un arma corta visible en la cintura, algo que ningún presidente reciente en funciones había hecho antes en un recorrido de este tipo. “Aquí el que no se someta será dado de baja”, dijo. En otro mensaje fue más lejos: “Si no se someten, los voy a mandar al infierno”.
Guste o no guste el estilo, la pistola al cinto o el tono, hay que reconocerlo, es la primera vez en mucho tiempo que un gobierno le pone el pecho a la situación con todo el peso de la Fuerza Pública, no con comunicados ni con mesas de diálogo que nunca se cerraron. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respaldaron el despliegue y reabrieron la Troncal del Caribe. El Gobierno también ordenó trasladar a 76 personas vinculadas con Los Pachenca a cárceles de máxima seguridad y anunció la extradición de alias Pinocho, el máximo cabecilla de la estructura, en cuanto sea capturado. Si es que es capturado.
Todo esto ocurre después de cuatro años en los que la relación del Estado con este grupo fue radicalmente distinta. Las Acsn fueron una de las organizaciones incluidas en la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, con un cese al fuego bilateral que arrancó a comienzos de 2023. Las negociaciones nunca avanzaron más allá de conversaciones preliminares y, cuando el cese al fuego expiró en junio de ese año, el gobierno no lo renovó pese a los llamados del grupo. El resultado, documentado por analistas de seguridad, es que la organización se fortaleció durante ese periodo, y solo hasta agosto de 2025, ya en el tramo final del gobierno Petro, el Ministerio de Defensa la declaró formalmente Grupo Armado Organizado.
En medio de ese periodo salió a la luz, además, un episodio incómodo para la familia presidencial: Blu Radio publicó fotografías de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, en un encuentro con alias Camilo, uno de los altos mandos de las Acsn. No hay evidencia de que esa reunión derivara en algún acuerdo, pero sí retrata lo cerca que llegó a estar el círculo del poder de los hombres que hoy el Estado declara enemigos. Porque resulta que también el alcalde Pinedo tiene su respectiva foto antes de ser electo con el mismo personas, incluso hay abrazos.
Petro no se quedó callado esta semana. Cuestionó a De La Espriella por portar el arma, dijo que el actual gobierno busca recortar un 40 % de los subsidios a los más pobres, y defendió que en su gobierno Santa Marta redujo más la pobreza que cualquier otra capital del país, además de recordar que él mismo inició un diálogo sociojurídico con las Acsn que, según dijo, buscaba su desmantelamiento total. También advirtió que combatir solo con violencia, sin diálogo, podría abrirle la puerta al Clan del Golfo para tomarse la Sierra Nevada. Es un argumento que merece espacio. El propio plan de seguridad de Santa Marta sigue desfinanciado en 140.000 millones de pesos, según se ha reportado, una brecha que explica por qué perseguir a un grupo de este tamaño resulta tan difícil incluso con el despliegue actual. El alcalde, Carlos Pinedo, y la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respaldaron el refuerzo militar y reabrieron la Troncal del Caribe, pero ambos coinciden en que la ofensiva de la Fuerza Pública, sin ese respaldo presupuestal, tiene un límite.
Ambas cosas pueden ser ciertas al tiempo. Que la ofensiva militar era necesaria y que llegó tarde, y que ninguna operación, por contundente que sea, reemplaza la inversión social y la presencia estatal que esa región ha reclamado durante décadas. Lo que no admite doble lectura es que, mientras el debate político se libra en redes sociales, Santa Marta amaneció este miércoles con las calles semivacías, comercios cerrados y turistas varados, pagando en carne propia el costo de una guerra que el Estado colombiano debió librar mucho antes de que le tocara a este gobierno hacerlo.
La paz total prometió desarmar a Los Pachenca con diálogo y los dejó más fuertes. La Batalla de Santa Marta apuesta por la fuerza. Ninguna, hasta ahora, le ha devuelto a la ciudad lo único que está en juego, vivir sin que un grupo armado decida quién sale a la calle. Pero la pelea había que darla, y con un presidente que apenas arranca, esto no ha hecho más que empezar.
