La Contraloría enciende las alarmas por la contratación masiva del Gobierno Petro tras la Ley de Garantías
El ente de control activó su Función de Advertencia al detectar más de 14.000 contratos por 4,55 billones de pesos en apenas un mes, advirtiendo graves riesgos para la caja del Estado y la sostenibilidad fiscal.
Por Juan Valencia_Redacción Política / Apenas se levantó la veda electoral de la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional aceleró el ritmo de su gasto público de una manera que ha puesto en alerta a la Contraloría General de la República. El ente de control presentó este domingo un informe de seguimiento que revela una dinámica contractual sin precedentes en las últimas semanas, lo que justificó la activación inmediata de su Función de Advertencia por los riesgos que esto representa para las finanzas del país.
Según el documento, entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 22,5 % en la contratación si se compara con el mismo periodo de hace cuatro años. Lo que más llama la atención de los contralores es el uso de la figura de contratación directa, que superó los 11.000 contratos en apenas estas últimas cuatro semanas, con entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior en la mira por sus riesgos contractuales y presupuestales.
Un Estado que gasta más de lo que tiene
El informe de la Contraloría no se limita a señalar el volumen de los contratos, sino que expone la delicada salud financiera del Gobierno. El ente advierte que el Ejecutivo enfrenta serias presiones de caja, rezagos en sus reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación.
La advertencia es clara y contundente: adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación solo profundiza las crisis. Este tipo de maniobras, según el organismo de control, desequilibra el Presupuesto General de la Nación, incrementa la necesidad de endeudamiento y termina afectando el patrimonio público. Por ello, instan a que cualquier decisión se tome bajo criterios de prudencia y planeación, garantizando que el gasto responda a la capacidad real de financiación del Estado.
Siete factores de riesgo y amenazas de responsabilidad
Desde una perspectiva preventiva, la Función de Advertencia busca evitar que estos riesgos se materialicen en pérdidas millonarias de recursos públicos. La Contraloría identificó siete factores de riesgo que requieren un seguimiento permanente. Entre los más críticos se encuentran la insuficiente planeación financiera en contratos de alta cuantía, el crecimiento desmedido de la contratación directa y la concentración de recursos en obra pública y prestación de servicios.
El mensaje final del ente de control es una advertencia directa a los funcionarios. La gestión fiscal no es solo ejecutar recursos, sino garantizar que cada peso gastado sea sostenible financiera y jurídicamente. La Contraloría dejó claro que, de materializarse estos riesgos, no dudará en adelantar las actuaciones de responsabilidad fiscal y disciplinaria que correspondan contra los ordenadores del gasto que hayan comprometido el patrimonio estatal.
