Izquierda sí, Petro no

Por Simón S. Doncel /@ssdoncel Cuando uno creería que Gustavo Petro no puede caer más bajo en el autoritarismo más ramplón, fantoche y golpista, semana a semana se supera. Colombia sigue esperando las pruebas del supuesto, presunto y algorítmico fraude de los hermanos Bautista y Thomas Greg & Sons.

Meses alimentando la teoría del fraude, él e Iván Cepeda “reconocieron” el resultado de las elecciones presidenciales, donde ganó Abelardo de la Espriella. Después, sin que se conocieran pruebas nuevas que modificaran el panorama, volvió a cuestionar la legitimidad del proceso y a concluir que Iván Cepeda había ganado, sin tener él esa facultad constitucional ni proveer pruebas, más allá de pantallazos sacados de ChatGPT y las insufribles pastorales de X.

Más allá de las consecuencias jurídicas o políticas que puedan derivarse de esas declaraciones, este intento por lo menos golpista, deja una pregunta mucho más relevante: ¿es esta una reacción propia de la izquierda o de una manera particular de entender el poder?

La respuesta importa porque, desde hace décadas, buena parte del debate político colombiano ha estado atrapado en una simplificación tan eficaz como equivocada: asumir que toda izquierda termina inevitablemente enfrentada con la democracia o, en términos castizos, que es “castrochavista”. Esa fue una de las grandes banderas del anticomunismo latinoamericano durante la Guerra Fría y, paradójicamente, hoy encuentra nuevos argumentos en el comportamiento del propio petrismo.

Es un error histórico aceptar esa conclusión.

La izquierda no es una corriente homogénea. Nunca lo ha sido. De hecho, desde finales del siglo XX conviven al menos dos grandes tradiciones políticas que, aunque comparten algunas aspiraciones en materia de igualdad y justicia social, entienden de manera completamente distinta la democracia y el ejercicio del poder.

La primera decidió que las urnas, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa y la alternancia no eran obstáculos para transformar una sociedad, sino precisamente las condiciones que hacían legítima cualquier transformación. La segunda aceptó las elecciones como mecanismo para llegar al poder, pero atacó las instituciones cuando estas limitaron su capacidad para ejercerlo, abusar de él y conservarlo.

La caída del Muro de Berlín en 1989 no solo marcó el derrumbe del bloque soviético. También obligó a la izquierda democrática a replantear buena parte de sus postulados. Mientras el comunismo europeo desaparecía como proyecto político dominante, la socialdemocracia encontró una ruta distinta. Partidos de izquierda gobernaron durante décadas en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, consolidando algunos de los Estados de bienestar más robustos del mundo sin debilitar los contrapesos institucionales.

En España, el PSOE gobernó más de veintiún años entre los mandatos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; en Portugal, el Partido Socialista lideró buena parte de la última década; en Uruguay, el Frente Amplio permaneció quince años en el poder antes de entregar el gobierno tras perder las elecciones de 2019; y en Chile, la Concertación y, posteriormente, la Nueva Mayoría alternaron con la centroderecha durante más de treinta años.

Todas esas experiencias tienen matices ideológicos entre sí. Sin embargo, comparten una característica esencial: aceptaron que perder unas elecciones también hace parte de gobernar y que su ejercicio se puede hacer en la legalidad.

Los indicadores internacionales ayudan a demostrar que no se trata de una teoría. En el Democracy Index de la Economist Intelligence Unit, Uruguay se ha mantenido durante años como la única democracia plena de América Latina, con puntajes superiores a ocho sobre diez. Chile figura de manera consistente entre las democracias mejor evaluadas de la región. Los países nórdicos ocupan regularmente los primeros lugares del mundo. Ninguno de ellos abandonó sus proyectos progresistas para lograrlo. Lo que hicieron fue algo más difícil: aceptar que ninguna mayoría electoral está por encima de las reglas.

Existe, sin embargo, otra tradición de izquierda. No la que entiende las elecciones como un mecanismo de alternancia o refrendación, sino la que las concibe como una vía para llegar al poder, pero no necesariamente para abandonarlo. La de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Nicolae Ceaușescu: las instituciones son legítimas mientras fortalecen el proyecto del gobernante; cuando empiezan a limitarlo, pasan a ser un obstáculo para “el pueblo” o “la revolución”.

Los contextos históricos son distintos, pero el patrón asusta. La erosión democrática rara vez comienza con la suspensión de las elecciones o la clausura inmediata del Congreso. Empieza mucho antes: cuando se pone en duda la independencia de los jueces, se desacredita a la prensa que denuncia escándalos, se convierte a la oposición en un enemigo a muerte y se siembran sospechas sobre los árbitros electorales cada vez que el resultado deja de ser favorable.

Por eso, el último episodio protagonizado por Gustavo Petro y su séquito resulta tan inquietante. No porque una denuncia de fraude deba descartarse por definición. En cualquier democracia seria, una acusación de esa naturaleza debe ser investigada. Lo preocupante es otra cosa: convertir una afirmación extraordinaria en una realidad sin que existan pruebas públicas capaces de sostenerla.

Yo les pregunto a los demás líderes de las izquierdas de Colombia, sí, izquierdas en plural: ¿vale la pena quemar las naves con Petro? ¿Lo construido social y políticamente le pertenece solo a él? ¿No habrá más elecciones en el futuro?

No es una discusión abstracta. El Democracy Index 2025 de la Economist Intelligence Unit registró para Colombia el mayor retroceso democrático de América Latina: el país descendió trece posiciones en el ranking mundial y se mantuvo dentro de la categoría de “democracia defectuosa”.

Quizás el mayor error del debate colombiano sea creer que criticar al petrismo equivale a rechazar a toda la izquierda. Esa conclusión no resiste el menor contraste histórico. Sería tanto como afirmar que la existencia de Ceaușescu invalida a Olof Palme, que Chávez cancela a Felipe González o que Ortega convierte en irrelevante la experiencia democrática del Frente Amplio uruguayo.

Las democracias maduras necesitan una izquierda fuerte y, sobre todo, OPERATIVA. Necesitan partidos capaces de disputar el poder, de gobernar y de ejercer oposición cuando los ciudadanos deciden entregar el gobierno a otro proyecto político. La alternancia no debilita a la democracia; la fortalece, y ganar elecciones no es una hoja en blanco para reescribir las leyes a su conveniencia.

Por eso, el debate que deja esta semana trasciende el destino político y penal de Gustavo Petro. Lo que está en juego es la capacidad de Colombia para distinguir entre una corriente ideológica y una forma de ejercer el poder. Confundirlas sería regalarle al petrismo una representación que no tiene: la de hablar en nombre de toda la izquierda.

El problema nunca ha sido que Colombia tenga una izquierda. El problema comienza cuando se pretende que el petrismo sea la única manera posible de representarla.

Ser de izquierda no obliga a ser petrista. Como ser de derecha tampoco obliga a ser uribista.

Izquierda sí. Petro no.