La retórica del “gobierno paramilitar”: El nuevo libreto de Iván Cepeda para desconocer la derrota en las urnas
Por Juan Valencia /Redacción política- Las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda, en las que asegura que en Colombia se está “configurando un gobierno paramilitar”, no representan un simple ejercicio de control político, sino la continuación de una estrategia compartida con el presidente Gustavo Petro para desconocer la legitimidad del mandatario electo, Abelardo de la Espriella. Tras salir derrotados en una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país, tanto Cepeda como Petro han insistido en agitar las tesis del fraude electoral y la ilegitimidad institucional, usando el miedo histórico como un megáfono de resistencia.
La denuncia de Cepeda se fundamenta en un ataque directo a los tres pilares de la propuesta de orden público del nuevo gobierno:
- La objeción a los bloques de seguridad urbana: El senador cuestiona la propuesta de vincular a militares retirados y reservistas armados en labores de patrullaje civil, argumentando que esta medida vulnera el monopolio estatal de la fuerza y revive las dinámicas del paramilitarismo que han desangrado al país.
- El retorno del ESMAD y la “cero tolerancia”: En materia de protesta social, Cepeda rechaza frontalmente la reactivación del antiguo modelo del ESMAD y la eliminación de las unidades de diálogo policial, alegando que se busca criminalizar la manifestación ciudadana e ignorar los precedentes de abusos de fuerza contra los jóvenes.
- El proyecto “Colombia Patria Milagro”: El congresista también enfila baterías contra la construcción de diez macrocárceles privadas, criticando que el control penitenciario salga de la órbita del INPEC para quedar en manos de cuerpos de vigilancia privados dotados de armamento.
Sin embargo, el trasfondo de esta fuerte arremetida programática es marcadamente electoral. Al tildar estas iniciativas como las bases de una “dictadura paramilitar”, el sector oficialista derrotado intenta justificar su negativa a aceptar el veredicto de las urnas. El llamado de Cepeda a la desobediencia civil, matizado como “protesta pacífica”, y su solicitud de intervención a la ONU y a la Defensoría del Pueblo, operan como un mecanismo de presión internacional para mantener activa la narrativa del fraude.
Al final, este atrincheramiento discursivo demuestra que la izquierda gobernante prefiere debilitar la confianza en el sistema electoral antes que asumir el costo político de la derrota. Calificar de criminal cualquier reforma drástica de seguridad no solo cierra la puerta a un debate técnico urgente sobre el orden público, sino que devela la intención de Petro y Cepeda de liderar una oposición de confrontación total, basada en la premisa de que el gobierno entrante carece de legalidad democrática.
