El pacto que nadie imaginó: el chavismo entrega a Trump 65.000 millones de barriles del petróleo venezolano

Por Redacción Editorial el7.news
Hace apenas meses, Washington intervenía militarmente en Venezuela y capturaba a Nicolás Maduro. Este viernes, ese mismo Gobierno estadounidense firmó con el chavismo —representado ahora por Delcy Rodríguez— el mayor acuerdo petrolero de su historia: control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano. No es el chavismo quien pierde con este acuerdo. Es Venezuela. El enemigo de ayer es hoy quien negocia, en nombre del país, el recurso que le pertenece a todos los venezolanos.
Donald Trump no necesitó una firma protocolaria ni una foto en el Despacho Oval para anunciarlo. Le bastó un mensaje en Truth Social calificando el pacto como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. Según sus propias palabras, Estados Unidos obtendrá control mayoritario sobre esos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cifra que permitiría más que duplicar las reservas certificadas que hoy tiene su país, estimadas en unos 38.000 millones de barriles.

El dato exige contexto: Venezuela sigue siendo dueña de las mayores reservas probadas del planeta, más de 300.000 millones de barriles, concentradas en su mayoría en la Faja Petrolífera del Orinoco. Que Washington asegure el control de una porción equivalente a casi el doble de su propio inventario no es un simple negocio energético. Es una transferencia de poder sobre el activo más valioso de un país entero, negociada por quienes hoy administran ese país sin haber sido elegidos para decidir sobre su futuro a largo plazo.
Trump llama a esto un acuerdo histórico. La historia, sin embargo, todavía tiene que juzgar si fue Venezuela quien lo firmó, o si fue el chavismo quien la vendió.
El acuerdo lo negociaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la caída de Maduro. La cronología es lo que debería inquietar a cualquier observador: intervención militar en enero, captura del expresidente, y en cuestión de meses, ese mismo aparato de poder chavista —ahora sin Maduro pero con la misma estructura— sentado a repartir con Washington el recurso más codiciado del país. El “cambio de régimen” que Estados Unidos decía perseguir terminó, en la práctica, en una mesa de negocios con el mismo poder que se decía combatir.

Trump ha sido explícito en vender el acuerdo puertas adentro: menos precios de gasolina para las familias estadounidenses, más suministro energético, cero costo para el contribuyente. Es un mensaje calculado para un electorado/ IA que lleva meses sintiendo en el bolsillo el encarecimiento de los combustibles. Del lado del chavismo, Delcy Rodríguez habla de un hito histórico y de un renacimiento, con promesas de más de 100.000 millones de dólares en inversión y desarrollo de 17 campos estratégicos. Dos discursos hechos a la medida de sus propias audiencias, pero ninguno de los dos habla de lo esencial: quién autorizó a nombre de Venezuela ceder el control mayoritario de su recurso más valioso, y ante quién responderá el chavismo por esa decisión cuando el país vuelva a tener un gobierno elegido en las urnas.
Ahí está la pregunta que el mundo observa con atención: ¿qué tan legítimo es que un gobierno de transición, instalado tras una intervención extranjera, comprometa por generaciones el patrimonio petrolero de una nación? No es lo mismo que Venezuela negocie su petróleo desde la soberanía plena que desde la fragilidad de un poder que necesita mostrarle resultados económicos inmediatos a su población y legitimidad a la comunidad internacional.

Para Trump, el rédito es doble: interno, porque le da munición política frente al malestar por los precios de la gasolina, y externo, porque consolida a Estados Unidos como jugador dominante frente a Arabia Saudita en el tablero petrolero global. Para Venezuela, el riesgo es que la promesa de prosperidad dependa enteramente de que Washington cumpla su palabra sobre inversión y reconstrucción, mientras el país cede, quizás para décadas, el control sobre el recurso que debería financiar su propio futuro.
El resto del mundo hace cuentas. Productores como Arabia Saudita observan cómo Estados Unidos casi duplica su respaldo en reservas de un plumazo. Gobiernos latinoamericanos toman nota de un precedente incómodo: que una intervención extranjera puede terminar, meses después, en la entrega del activo más codiciado de un país a manos de quien lo intervino, con la complicidad de quienes se quedaron en el poder.
Trump llama a esto un acuerdo histórico. La historia, sin embargo, todavía tiene que juzgar si fue Venezuela quien lo firmó, o si fue el chavismo quien la vendió.





