El gabinete que no fue elegido por nadie
Por Humberto Barros F.
Colombia amaneció el 26 de agosto con una novedad poco común en su historia reciente: un expresidente y su heredero político presentando, con atril y cámaras en el Hotel Tequendama, un gabinete paralelo de 13 personas para hacerle sombra al Gobierno que ganó las elecciones. Gustavo Petro se apuró a aclarar que no es “un gabinete en la sombra”. La pregunta obligada es: si no lo es, ¿por qué se parece tanto a uno?
Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta presidencial frente a Abelardo de la Espriella, presentó el “Gabinete por la Vida” como una instancia de oposición “racional” integrada por exministros y altos funcionarios del gobierno Petro: Germán Ávila (Hacienda), Antonio Sanguino (Trabajo), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Irene Vélez (Minas y Energía), Gustavo Bolívar (DPS), Juan David Correa (Culturas), entre otros. Trece nombres, casi todos con la misma característica en común: fueron parte del gobierno cuyas cuentas hoy están siendo cuestionadas con cifras sobre la mesa.
Ahí está la primera incomodidad de este ejercicio. El mismo día en que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicaba ante el Congreso un presupuesto $59 billones más alto que el que dejó listo la administración Petro —producto, según el actual Gobierno, de gastos que quedaron “escondidos bajo la alfombra” e ingresos que se inflaron para hacer cuadrar las cuentas—, el propio Germán Ávila, el exministro que firmó esas cuentas cuestionadas, aparecía integrando el “gabinete alterno” que promete “defender las reformas” del gobierno anterior. No hay en el Gabinete por la Vida una sola autocrítica sobre el hueco fiscal, el déficit disparado a 9,4% del PIB o la necesidad de salir a buscar $238 billones de deuda nueva. Solo defensa cerrada de la gestión pasada.
En su discurso de lanzamiento, Cepeda acusó al nuevo Gobierno de practicar “una preocupante banalización de la función pública” y de aprovechar “la tragedia de millones de compatriotas damnificados para avanzar en una agenda de restauración neoliberal”. Petro, por su parte, enmarcó la creación del gabinete alterno dentro de una cruzada regional para “frenar el avance de la ultraderecha”, anunciando además su respaldo a Lula da Silva en Brasil.
El vocabulario es fuerte. Lo curioso es que se pronuncia justo en el momento en que Colombia todavía cuenta sus muertos y reconstruye lo que dejó en pie el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que golpeó 14 departamentos y 357 municipios, con Cali y Pereira entre las ciudades más devastadas y con cientos de fallecidos y miles de damnificados. Mientras el país entero —independientemente del color político de cada quien— sigue en modo de emergencia y reconstrucción, la conversación que instala el petrismo no es sobre cómo ayudar, sino sobre quién es “fascista” y quién no.
Nadie discute el derecho de la oposición a existir, a criticar y a proponer: es sano y hasta necesario en una democracia. El problema no es que el Pacto Histórico haga oposición.
El problema es la selectividad de esa oposición: mucho discurso sobre autoritarismo y muy poco sobre el déficit fiscal que su propio gobierno les dejó a los colombianos, mucha alerta sobre “restauración neoliberal” y ningún mea culpa sobre los supuestos macroeconómicos —inflación, TRM, crecimiento— que, según el actual Ministerio de Hacienda, se calcularon de forma más optimista de lo que la realidad terminó mostrando.
Hay una diferencia importante entre hacer oposición legítima y montar una estructura paralela que simula continuidad de poder. Petro y Cepeda perdieron en las urnas —de forma clara, en segunda vuelta— y eso, en cualquier democracia, tiene una consecuencia: quien gana gobierna, y quien pierde ejerce control político desde el Congreso, la prensa y la sociedad civil, no desde un “gabinete” con nombres calcados del anterior que se reúne a definir “propuestas técnicas” como si el Ejecutivo aún les perteneciera. El símbolo importa: trece exfuncionarios que administraron un país que hoy exhibe un déficit fiscal en niveles alarmantes reuniéndose para presentarse como los verdaderos garantes del bienestar nacional —de ahí el nombre, “por la Vida”— no es solo un gesto de resistencia política. Es, cuando menos, una forma elegante de esquivar la pregunta incómoda: ¿qué responsabilidad tienen ustedes en el punto de partida en el que hoy está el país?
Lo que sí hay que reconocerles
Para ser justos con el otro lado del argumento: el Pacto Histórico tiene una bancada real en el Congreso, ganó una batalla judicial reciente e importante —la Corte Constitucional avaló en su mayoría la reforma pensional— y su crítica sobre el manejo de la emergencia del terremoto y la sequía merece, como cualquier crítica de oposición, ser escuchada y contrastada con hechos, no descartada de entrada solo por venir de quien viene. La vigilancia política sobre cualquier gobierno, incluido el de De la Espriella, es parte sana de la democracia, y ignorar del todo esa función solo porque incomoda sería igual de irresponsable que la selectividad que aquí se cuestiona.
Pero entre vigilar y montar una réplica del gabinete que gobernó hasta hace pocas semanas —con los mismos nombres, defendiendo las mismas cifras que hoy están bajo la lupa— hay una distancia considerable. Y esa distancia es, exactamente, la que separa a una oposición democrática de un ejercicio de negación colectiva.
