Montealegre, la fiscal Abadía y el timing perfecto: la indagatoria a Uribe como último cartucho ante el posible naufragio de Cepeda
El expresidente es llamado a indagatoria por El Aro y La Granja a tres días de las elecciones. Analizamos el retorno de Eduardo Montealegre, el timing sospechoso y cómo la Fiscalía intenta incidir en un resultado que las encuestas ya definen a favor de De la Espriella.
Por: Juan Valencia / Redacción Política el7.news
Bogotá, 19 de junio. En política, como en los barrios, cuando alguien golpea la puerta a las tres de la mañana, uno sabe que no viene a traer buenas noticias. Y cuando la Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez a 72 horas de la segunda vuelta, con las encuestas dibujando un escenario cada vez más adverso para Iván Cepeda, hasta el más ingenuo entiende que esto no es coincidencia. Es estrategia. Es desespero. Y detrás de este movimiento, como en los viejos tiempos, vuelve a asomarse la figura de un viejo conocido: Eduardo Montealegre.
Porque aquí no hay ingenuidad. La notificación de este miércoles 18 de junio, que unifica las masacres de El Aro, La Granja, el caso Jesús María Valle y la hacienda Guacharacas, cae como anillo al dedo a una campaña que ve cómo el agua le llega al cuello. Cepeda no remonta. Abelardo de la Espriella se consolida con ventajas que superan los 8 puntos en algunos sondeos y probabilidades de victoria que rozan el 80% en los mercados de predicción. La izquierda radical necesita polarizar, necesita victimizarse, necesita que la elección no se trate de gestión ni de seguridad, sino de “justicia vs. impunidad”. Y la Fiscalía, con todos sus hilos visibles, les entrega el salvavidas.
La fiscal Abadía: el perfil que enciende las alarmas
La decisión recae en manos de la Fiscal Tercera Delegada ante la Corte Suprema, Gloria Marcela Abadía Cubillos, una funcionaria cuyo perfil ha generado suspicacias en diversos sectores y que hoy vuelve al centro de la polémica. Abadía no es una fiscal cualquiera: su hoja de vida muestra un tránsito por las entrañas del sistema de justicia transicional y el ejecutivo. Fue Magistrada Auxiliar de la JEP, lo que la vincula directamente a la arquitectura judicial nacida del acuerdo de paz, y también se desempeñó como Directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, un cargo de alta confianza política del gobierno de turno.
Este recorrido alimenta la percepción de una funcionaria alineada ideológicamente con el proyecto político que hoy impulsa a Cepeda. Pero no es solo su trayectoria lo que genera ruido. La fiscal Abadía arrastra cuestionamientos serios: ha sido denunciada penal y disciplinariamente por presuntas irregularidades en otros casos, donde se le acusa de archivar investigaciones sin agotar las líneas de investigación necesarias, en lo que críticos han calificado como actos de “corrupción judicial”, Además, su nombre ha aparecido en medio de fuertes críticas por decisiones que benefician a aliados del gobierno o perjudican a opositores, lo que para el uribismo confirma que la mano que mece la cuna de esta indagatoria no es imparcial, sino parte de un engranaje político-judicial que busca incidir en el resultado electoral.
Montealegre: el arquitecto que vuelve por sus fueros
Hablemos claro. El nombre de Eduardo Montealegre no es nuevo en este baile. Es el mismo personaje que ya estuvo detrás del juicio anterior contra Uribe, el que se quemó las pestañas buscando condenas y que hoy reaparece en el radar cuando el Pacto Histórico más lo necesita.
Montealegre es ese operador judicial que conoce los recovecos del sistema como la palma de su mano. Y su historial habla por sí solo. ¿Recuerdan la segunda vuelta de Santos? Ahí estuvo él. En aquel entonces, salió a relucir el famoso tema del “hacker”, un escándalo que se infló como globo de fiesta para intentar deslegitimar al adversario, pero que al final resultó ser un falso positivo. Nada de lo que se prometió se sostuvo. Fue una cortina de humo que se disipó, pero que cumplió su objetivo en el momento: meter ruido, ensuciar y tratar de inclinar la balanza.
Hoy la historia se repite, pero con otros actores y mayor urgencia. Montealegre vuelve a ser la sombra detrás de estas decisiones. Su regreso no es casualidad; es la señal de que se están jugando las últimas cartas disponibles para intentar torcer un resultado que, según todas las métricas, se les escapa de las manos. La indagatoria actual tiene el sello de una estrategia que ya hemos visto: usar la justicia como herramienta de presión política en el momento exacto.
El timing que grita manipulación
Uribe lo dijo con la ironía que lo caracteriza: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”. Y tiene razón. Llamar a indagatoria ahora, cuando el país está decidiendo su futuro en las urnas, es una movida que huele a interferencia.
Si la Fiscalía tuviera pruebas tan sólidas y urgentes, ¿por qué esperar a la semana decisiva? ¿Por qué no hace un mes? ¿Por qué no después del 21 de junio? La respuesta es incómoda pero evidente: porque el impacto electoral es lo que importa. El cepedismo necesita activar a su base dura, necesita que el voto blando de la izquierda salga a votar con rabia, necesita instalar la narrativa de que “la justicia por fin actúa” para intentar revertir una tendencia que lo pone contra las cuerdas.
Pero el tiro puede salirles por la culata. El electorado colombiano ya está curado de espanto. Cuando la gente ve estas jugadas de última hora, lo que percibe no es justicia, es manipulación. Y en un escenario donde De la Espriella ya tiene el viento a favor, esta movida podría consolidar el rechazo hacia lo que muchos ven como una instrumentalización descarada de las instituciones.
La JEP, Pilar Rueda y el conflicto de intereses
Y para que el cuadro quede completo, hablemos de lo que pocos dicen pero todos saben. La estructura de la izquierda ha tejido una red de influencia en los órganos de control que hoy le pasa factura a la credibilidad del proceso.
Un dato clave que no puede pasar desapercibido: Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, trabajó durante ocho años en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la llamada “fiscalía” del tribunal de paz. Solo renunció a su cargo un día después de la primera vuelta para sumarse a la campaña de su esposo.
Ocho años. Ocho años en el corazón de la justicia transicional, investigando a agentes del Estado, construyendo casos, tejiendo relaciones. Que la pareja del candidato tenga ese nivel de injerencia reciente en la arquitectura judicial que hoy persigue a su principal enemigo político genera, como mínimo, una percepción brutal de conflicto de intereses. Sumado a que la fiscal Abadía también pasó por la JEP como Magistrada Auxiliar, el mensaje es claro: hay un bloque de poder judicial-político actuando en coordinación. No es paranoia; es ver los hilos que conectan a la JEP, a la Fiscalía y a la campaña de Cepeda.
El efecto bumerán: ¿Moviliza o consolida?
La gran pregunta es si esta jugada funcionará. Históricamente, atacar a Uribe en época electoral ha tenido un efecto bumerán. En lugar de desmovilizar a sus seguidores, los activa. El uribismo se nutre de la narrativa de la persecución. Cada citación, cada indagatoria, refuerza en su base la idea de que Uribe es un mártir atacado por un establecimiento corrupto o por la izquierda revanchista.
Abelardo de la Espriella podría ser el gran beneficiado. Si el votante indeciso percibe la indagatoria como una maniobra desesperada para alterar el resultado, el rechazo se traduce en votos para el candidato que representa la oposición al gobierno Petro. Además, con una ventaja tan holgada en las encuestas, es difícil que un hecho judicial revierta la tendencia en solo tres días. El voto duro ya está definido. Los indecisos, que son el verdadero botín, suelen castigar las jugadas sucias.
Conclusión: La justicia en la picota
Al final del día, lo que queda es una Fiscalía expuesta. Al llamar a indagatoria a Uribe en la recta final de la elección, con una fiscal cuestionada y un timing sospechoso, se pone en la mira de la opinión pública. Si Cepeda no logra remontar y la derrota se concreta, la izquierda tendrá en esta indagatoria un nuevo estandarte para desconocer el triunfo y mantener la confrontación. Si, contra todo pronóstico, Cepeda logra dar la sorpresa, la sombra de la “ayudita” judicial quedará grabada en la legitimidad de su mandato.
Montealegre vuelve a las andadas, la fiscal Abadía trae consigo el lastre de su paso por la JEP y las denuncias en su contra, el timing es electoral y las encuestas son adversas para el oficialismo. En un país serio, la justicia no se mezcla con las elecciones. En Colombia, parece que la justicia es el último recurso cuando las urnas no acompañan.
Este domingo 21 de junio, los colombianos no solo votarán por un presidente. Votarán también sobre si aceptan que la Fiscalía y viejos operadores definan el resultado desde los despachos, o si prefieren que sean las urnas las que hablen.
