¿Quiebra sistemática? El demoledor informe que deja a la Nueva EPS en cuidados intensivos
Por Redacción Política – Las cartas ya están sobre la mesa y las cifras confirman lo que muchos analistas venían advirtiendo: la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país con más de 11 millones de afiliados, se encuentra al borde del colapso total. Tras años de hermetismo y desinformación contable, la revelación de sus estados financieros de 2023 y 2024 destapó una realidad catastrófica: pérdidas acumuladas por $4,8 billones de pesos y un pasivo astronómico que asciende a los $22,5 billones. Con un patrimonio negativo de $11,9 billones, la entidad financiera y operativamente está ad portas de pasar a “Medicina Legal”.
Para diversos sectores de la oposición y críticos del sistema, este escenario no es un accidente operativo, sino el resultado de un plan sistemático orquestado desde la llegada del Gobierno de Gustavo Petro al poder. Bajo esta perspectiva, la estrategia siempre habría sido asfixiar económicamente a las EPS mediante el control de los recursos para forzar su caída, tomando el control total de la principal aseguradora del país a través de una polémica intervención forzosa de la Superintendencia de Salud que hoy está bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades y falta de soportes técnicos.
El debate se enciende aún más al revisar la gestión de los interventores designados por el propio Ejecutivo. Mientras el actual interventor, Jorge Iván Ospina, defiende la entrega de los balances como un acto de “transparencia” y estabilización, los críticos señalan que el billonario hueco financiero creció de forma desproporcionada durante el periodo de ocupación estatal, lo que ha levantado graves sospechas de un presunto saqueo y un marchitamiento premeditado de la entidad. De cada diez pacientes que antes accedían a servicios, las denuncias de gremios médicos indican que las barreras se han multiplicado dramáticamente.
El contraataque de Petro: ¿Cortina de humo o realidad?
Ante la gravedad del colapso, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio con una estrategia clara: culpar al pasado. El mandatario aseguró que el gigantesco pasivo es culpa de la “deshonrosa administración” que Enrique Vargas Lleras ejerció en la junta directiva de la entidad, calificando el manejo de “neoliberal” y estimando el supuesto “saqueo de las mafias” en 30 billones de pesos en todo el sistema de salud. Como solución, Petro ya le ordenó al Ministerio de Hacienda reconocer la mitad de la deuda de la Nueva EPS ($11 billones) y convertirla en deuda pública nacional.
Sin embargo, para la oposición este movimiento no es más que una audaz maniobra de distracción. Los críticos recuerdan que la Nueva EPS lleva meses bajo el control absoluto de los interventores del Gobierno, por lo que pretender que el Estado asuma el millonario desfalco con los impuestos de los colombianos parece el cierre perfecto de un libreto calculado: quebrar la entidad desde adentro, culpar a la administración anterior y obligar al país a pagar los platos rotos de la intervención estatal.
