Petro habla de extorsión y lleva a la Corte Suprema la orden de suspensión de Arizabaleta
Desde Nueva York, donde participaba en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro respondió a la orden de suspensión provisional dictada por la representante Gloria Arizabaleta y subió el tono: “Quiero que mis ministros confiesen ante la Corte Suprema qué peticiones exactamente pedía y que se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de que estábamos bajo una extorsión. Yo no acepto eso porque es contradecir mis propios principios”, dijo en rueda de prensa.
Petro fue más allá al asegurar que la congresista, que hace parte de su propio partido, le pidió cosas que él se negó a hacer. “Ella ha pedido cosas que yo no he querido hacer, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así, sería volver al Gobierno criminal”, sostuvo. Además, señaló que Arizabaleta actúa a través de su abogado, Hollman Ibáñez, a quien describió como un antiguo socio de Abelardo de la Espriella y parte de las “huestes contrarias”.
El mandatario defendió que sus críticas a De la Espriella en redes sociales no fueron intromisión electoral, sino ejercicio legítimo de defensa. “Sobre el presidente no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución, que es defenderme y defender mi buen nombre”, argumentó. Y lanzó un dardo contra el candidato ultra: “La firmeza de la Patria de Abelardo de la Espriella no es ante Colombia porque no puso la denuncia ante la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra Patria, que es Estados Unidos”.
Abelardo de la Espriella le responde a Petro
El candidato de Defensores de la Patria no se quedó callado y rechazó la orden de Arizabaleta calificándola como una maniobra del propio petrismo: “Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo, diseñado a la medida de Gustavo Petro para que pueda hacer campaña, mientras se victimiza y le prende fuego al país”.
La suspensión no tiene piso legal. La Constitución es clara: solo el Senado puede suspender o destituir a un presidente, y antes de llegar allí la solicitud debe ser aprobada por la Comisión de Acusaciones y luego por la plenaria de la Cámara. El presidente del Senado, Lidio García, fue tajante: “No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión es abiertamente ilegal e inconstitucional”. Alejandro Ocampo, compañero de Arizabaleta en la comisión, añadió que “un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de esa naturaleza por sí solo”.
Petro se mostró tranquilo y minimizó el impacto inmediato de la medida. “Estamos en la primera fase, no están hablando ante un presidente suspendido. La pretensión es simplemente una pretensión que tendría que surtir todo el proceso”, dijo. Pero dejó claro que Arizabaleta tendrá que rendir cuentas: “En mi opinión, se ha violado la ley de Colombia. Y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”.
