La Fiscalía de Bolivia ordena la detención de Evo Morales por terrorismo tras semanas de bloqueos
El exmandatario es investigado por seis delitos, incluidos alzamiento armado y terrorismo. La decisión responde a las denuncias por los más de 50 días de parálisis nacional que dejaron 22 muertos y decenas de heridos.
Por Redacción Internacional / La crisis política y social en Bolivia dio un giro definitivo en el terreno judicial. La Fiscalía de ese país emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por su presunta responsabilidad en la articulación de los bloqueos de vías que paralizaron al país durante más de 50 días en protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz.
El requerimiento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, surge tras la demanda formal presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
Según el expediente oficial, al exjefe de Estado se le imputan seis delitos de alta gravedad:
- Terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
- Asociación delictiva e instigación pública a delinquir.
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
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El saldo humano y judicial de la parálisis
La medida preventiva no solo busca esclarecer el impacto económico y el desabastecimiento provocado por los cierres de vías, sino también determinar las responsabilidades penales por la violencia desatada en los puntos de confrontación.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo recopilados durante las jornadas de protesta, el balance de los enfrentamientos y bloqueos asciende a 22 personas fallecidas y al menos 88 heridos.
La orden de captura contra Morales se suma a las acciones judiciales emprendidas contra otros dirigentes sociales y sindicales vinculados a la convocatoria. Entre ellos figura el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, quien ya se encuentra bajo medida de prisión preventiva.
Con este paso de la Fiscalía, la confrontación política en Bolivia se traslada por completo a los estrados judiciales, situando al expresidente en el punto más crítico de su trayectoria pública.
