El caso Martha Peralta y el saqueo a la UNGRD bajo el gobierno Petro
Por: Redacción Judicial el7.news
BOGOTÁ. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves 19 de junio de 2026 la reclusión temporal en el lugar de residencia de la senadora Martha Peralta Epieyú. La medida, proferida por la magistrada instructora Cristina Lombana, busca garantizar la comparecencia de la congresista a la diligencia de indagatoria programada para este viernes, tras haber incumplido dos citaciones previas.
La decisión se da en el marco de la investigación formal que adelanta el alto tribunal contra Peralta por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en relación con su presunta participación en el esquema de contratación irregular de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para influir en votaciones legislativas.
La medida de aseguramiento y el incumplimiento de citaciones
La magistrada Lombana adoptó la determinación mediante auto de trámite, tras verificar que la senadora no asistió a las diligencias programadas y que había solicitado aplazamientos en dos oportunidades. Ante la renuencia de la investigada, la instructora profirió inicialmente una orden de conducción para obligar su presencia. Al persistir la inasistencia, la Corte dispuso la detención domiciliaria transitoria como mecanismo para asegurar la práctica de la prueba testimonial de la senadora.
Cabe señalar que la decisión fue emitida por despacho único de la magistrada instructora, facultad contemplada en el reglamento interno para garantizar el desarrollo de las diligencias, y no correspondió a una decisión colegiada de la Sala, como ocurre en las imputaciones o medidas de aseguramiento definitivas.
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Imputaciones concretas contra Peralta: tráfico de influencias y cohecho
La investigación de la Fiscalía y la Corte Suprema vincula a la senadora Peralta con una presunta organización delincuencial que utilizó recursos de la UNGRD para torcer votos en el Congreso a favor de reformas del Gobierno Nacional, particularmente la reforma pensional.
Según el expediente, la senadora cumplía un rol de “líder” en la estrategia política del entramado. La Fiscalía sostiene que existía una división del trabajo en la que Peralta articulaba la entrega de contratos a congresistas o sus aliados regionales a cambio de su apoyo en los debates de la Comisión Séptima y la plenaria del Senado.
Las acusaciones específicas contra la senadora se desglosan en dos líneas de contratación irregular:
1. Maquinaria amarilla: visitas a la UNGRD y presión para contratos
La investigación documenta que la senadora Peralta realizó al menos tres visitas a la sede de la UNGRD durante el periodo en que se ejecutaba el esquema. Según testimonios recaudados, incluido el del exdirector de la entidad, la congresista insistió ante los funcionarios para que se adjudicaran contratos de alquiler de maquinaria amarilla a una compañía específica en el departamento de La Guajira.
La Fiscalía indica que estas gestiones excedieron las funciones legítimas de control político y configuran tráfico de influencias, al utilizar su investidura para presionar la adjudicación de contratos a dedo, saltándose los principios de selección objetiva. Los contratos de maquinaria, destinados a la prevención y atención de desastres, habrían sido utilizados como moneda de cambio para asegurar apoyos políticos.
2. Ollas comunitarias: el contrato de Albania por 20.000 millones
El segundo frente de la investigación señala a Peralta por su participación en la instrumentalización del programa de ollas comunitarias. El expediente apunta a que la senadora gestionó y direccionó la adjudicación de la olla comunitaria más cuantiosa del esquema, valorada en 20.000 millones de pesos, en el municipio de Albania, La Guajira.
De acuerdo con la Fiscalía, este contrato presenta irregularidades que sugieren su uso para fines distintos al objeto social. La investigación sostiene que los recursos fueron desviados para financiar actividades políticas y pagar lealtades electorales, configurando el delito de cohecho impropio al vincular la entrega de recursos públicos con la obtención de votos para las reformas del gobierno.
El contexto del “Entramado UNGRD”
La senadora Peralta es investigada en conexión con los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), quienes ya fueron imputados por la Fiscalía como presuntos determinadores del esquema. En la audiencia de imputación contra los exfuncionarios, el ente investigador detalló que la UNGRD operaba como una “caja menor” para comprar mayorías legislativas.
La Fiscalía ha calificado los hechos como una organización delincuencial con división del trabajo, donde cada integrante cumplía un rol indispensable. Mientras los exministros ordenaban la disponibilidad de recursos y la entrega de contratos, la senadora Peralta, según la investigación, ejecutaba la articulación política en el Senado y gestionaba la contratación en su región para consolidar la maquinaria de apoyo.
Defensa de la senadora: alegato de persecución política
Antes de ingresar a la diligencia en la sede de la Sala de Instrucción, la senadora Martha Peralta se pronunció sobre la decisión judicial. La congresista afirmó que la investigación obedece a una “persecución política” en su contra y negó cualquier acto de corrupción.
La defensa de Peralta ha sostenido que sus gestiones ante la UNGRD corresponden a funciones legítimas de representación de su departamento y que no existe prueba alguna que demuestre un intercambio de contratos por votos. Los abogados de la senadora han anunciado que en la indagatoria aportarán elementos para desvirtuar las acusaciones y demostrar la transparencia de su actuación.
Próximos pasos procesales
Con la medida de detención domiciliaria en firme, la senadora Peralta deberá rendir su versión libre ante la magistrada Lombana este viernes 19 de junio. En esta diligencia, la investigada tendrá la oportunidad de conocer los elementos materiales probatorios en su contra, presentar sus descargos y solicitar la práctica de pruebas adicionales.
La indagatoria es una etapa fundamental del proceso penal que permite al investigado ejercer su derecho a la defensa. Tras la diligencia, la magistrada instructora evaluará si existen méritos para mantener la vinculación de la senadora al proceso, imponer una medida de aseguramiento definitiva o, en su defecto, precluir la investigación.
Mientras tanto, la senadora conserva su presunción de inocencia y su fuero constitucional, y el proceso continuará su curso en la Corte Suprema de Justicia, única instancia competente para juzgar a los congresistas.
