El Aro, La Granja y Jesús María Valle: historia, víctimas y el nuevo capítulo judicial que enfrenta Álvaro Uribe
Por: Redacción Judicial el7.news
BOGOTÁ. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia notificó este miércoles 18 de junio de 2026 una resolución que llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. La decisión unifica bajo un mismo expediente cuatro de los episodios más complejos del conflicto armado en Antioquia: las masacres de La Granja y El Aro en Ituango, el asesinato del defensor Jesús María Valle y los señalamientos sobre la hacienda Guacharacas.
Esta nota reconstruye la historia de los hechos, el impacto en las víctimas y el estado actual de un proceso que reabre debates jurídicos y políticos de larga data, en medio del principio de presunción de inocencia que ampara al expresidente.
La Granja: la primera incursión en el norte de Antioquia
El 11 de junio de 1996, el corregimiento de La Granja, en el municipio de Ituango, fue escenario de una incursión paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Hombres armados ingresaron al poblado, reunieron a la comunidad y ejecutaron a varias personas, dejando un saldo de muertos y el desplazamiento forzado de cientos de familias.
El debate judicial: La investigación de la Fiscalía plantea la hipótesis de una responsabilidad por omisión por parte de la Gobernación de Antioquia, argumentando que existían alertas previas sobre la inminencia del ataque y que las autoridades no desplegaron las medidas necesarias para proteger a la población civil.
La defensa del expresidente: La defensa de Álvaro Uribe ha sostenido de manera consistente que, durante su mandato como gobernador (1995-1997), las autoridades departamentales no tenían mando operativo sobre las Fuerzas Militares. Según sus abogados, la competencia para ordenar despliegues de tropas recaía exclusivamente en los comandantes militares y en el Gobierno Nacional. Además, la defensa afirma que la administración Uribe activó los protocolos de alerta disponibles y solicitó refuerzos al Ejército, pero la capacidad de respuesta estaba limitada por la estructura de mando de la época y la intensidad del conflicto en la región.
El Aro: cinco días de terror y la polémica del helicóptero
Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, el corregimiento de El Aro vivió una de las tragedias más recordadas del conflicto. Un comando paramilitar de las ACCU mantuvo el control del poblado durante cinco días, cometiendo ejecuciones, torturas y la quema de viviendas. La masacre dejó 16 personas asesinadas y consolidó el dominio paramilitar en el norte antioqueño.
El señalamiento clave: Uno de los puntos más controvertidos en el expediente es el testimonio de sobrevivientes y excomandantes como Salvatore Mancuso, quienes han mencionado la presencia de un helicóptero amarillo sobrevolando la zona durante los hechos. La Fiscalía, basándose en estas versiones y en declaraciones de Pedro Juan Moreno Villa (fallecido secretario de gobierno), señala que la masacre habría sido ejecutada por petición expresa de Moreno actuando a nombre del gobernador.
La versión de la defensa: El expresidente Uribe ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con la masacre. Sobre el helicóptero, la defensa ha presentado documentos que certifican que las aeronaves de la Gobernación cumplían protocolos estrictos de vuelo y solo se desplazaban para misiones oficiales verificables o labores humanitarias. Uribe ha argumentado que ninguna aeronave oficial sobrevoló El Aro durante la toma y que los registros de vuelo de la época respaldan esta versión. Respecto a las declaraciones de Mancuso y otros testigos, la defensa cuestiona su credibilidad, señalando que provienen de excombatientes que han variado sus versiones a lo largo de los años y que buscan beneficios judiciales.
Jesús María Valle: el defensor que alzó la voz
Jesús María Valle Jaramillo, abogado penalista y defensor de derechos humanos oriundo de Ituango, fue una figura central en las denuncias sobre la violencia paramilitar en la región. Antes de las masacres, Valle realizó un intenso periplo ante autoridades civiles y militares, advirtiendo sobre la connivencia entre sectores del Ejército y las autodefensas, y solicitando protección para los campesinos.
El 27 de febrero de 1998, dos meses después de que Uribe terminara su mandato como gobernador, sicarios de la banda “La Terraza” irrumpieron en el despacho de Valle en el Edificio Colón de Medellín y lo asesinaron. La justicia ha establecido que el crimen fue ordenado por Carlos Castaño para silenciar las denuncias del abogado.
La hipótesis de la Fiscalía: La resolución actual señala al expresidente Uribe como posible determinador del homicidio, también por presunta petición de Pedro Juan Moreno Villa. La Fiscalía argumenta que existía un interés en silenciar a Valle debido a sus denuncias contra la administración departamental.
La postura de la defensa: La defensa de Uribe califica esta acusación de infundada. Reconoce que la Gobernación interpuso una denuncia por injuria y calumnia contra Valle, pero sostiene que esto fue un recurso legal legítimo ante las afirmaciones del abogado, y no una maniobra para amenazarlo. Los abogados del expresidente enfatizan que no existe ninguna prueba directa que vincule a Uribe con el asesinato y que atribuirle la determinación del crimen basándose en testimonios de terceros fallecidos o en inferencias carece de sustento probatorio sólido.
Guacharacas: el origen de los señalamientos
La hacienda Guacharacas, ubicada en San Roque, nordeste antioqueño, fue propiedad de la familia Uribe Vélez hasta principios de los años 80. El 14 de junio de 1983, una incursión guerrillera en la finca resultó en el asesinato de Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente.
La acusación: Testimonios de excomandantes paramilitares como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve apuntan a que en los terrenos de Guacharacas se habría gestado y financiado la creación del Bloque Metro de las AUC. La Fiscalía señala que existió un nexo entre el entonces gobernador y este grupo, incurriendo en concierto para delinquir.
La defensa: Álvaro Uribe ha explicado que la familia vendió la propiedad y se desvinculó del predio tras el asesinato de su padre, mucho antes de que surgiera cualquier estructura paramilitar en la zona. La defensa argumenta que los señalamientos sobre Guacharacas se basan en testimonios contradictorios y que no hay evidencia documental o material que respalde la presencia o financiación de grupos ilegales por parte de la familia Uribe en esa hacienda.
Unificación de procesos y el camino judicial
Durante años, estos expedientes transitaron por caminos separados en la justicia ordinaria y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La decisión de la Fiscalía Tercera de unificarlos responde a la tesis de que configurarían un patrón sistemático de presunta responsabilidad durante la gobernación de Uribe.
La indagatoria es la etapa procesal en la que el investigado rinde versión libre ante el fiscal. No implica una acusación formal ni una condena; es un mecanismo de defensa donde el expresidente podrá presentar sus descargos, aportar pruebas y controvertir los elementos recopilados por la Fiscalía.
El expresidente Uribe, a través de sus abogados, ha calificado la decisión como una “persecución política” y ha destacado el momento en que se produce la notificación, a pocos días de las elecciones presidenciales. La defensa ha anunciado que colaborará con la justicia pero mantendrá su postura de inocencia, rechazando cualquier vínculo con grupos paramilitares o crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas y la búsqueda de verdad
Más allá del debate jurídico y político, el proceso reaviva la memoria de las víctimas de Ituango y de la familia de Jesús María Valle, quienes llevan décadas exigiendo verdad, justicia y reparación. Para los sobrevivientes de La Granja y El Aro, la indagatoria representa una nueva oportunidad para que se esclarezcan las responsabilidades de todos los actores involucrados, incluidos agentes del Estado y terceros civiles.
El caso seguirá su curso en los estrados judiciales, donde corresponderá a las autoridades competentes evaluar las pruebas, escuchar los argumentos de la defensa y determinar si existen méritos para avanzar a una imputación formal o, por el contrario, archivar las diligencias. Mientras tanto, la presunción de inocencia sigue siendo el pilar fundamental que rige el proceso.
