The New York Times confirmó que dos fiscalías de EE.UU. adelantan pesquisas preliminares sobre reuniones del presidente colombiano con capos y posibles donaciones a su campaña. El mismo medio aclara: no hay evidencia judicial que lo vincule con estructuras criminales.
Fiscales federales de los distritos Sur y Este de Nueva York adelantan una investigación penal preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes y posibles donaciones irregulares a su campaña presidencial de 2022, según reveló este martes The New York Times en un reporte basado en fuentes oficiales y documentos judiciales.
La investigación, que se encuentra en etapas iniciales, analiza reuniones que Petro habría sostenido con integrantes de organizaciones criminales y solicitudes de financiamiento para su ascenso político, pero el mismo diario neoyorquino aclara de manera explícita que hasta el momento no existen pruebas verificables que vinculen al mandatario colombiano con estructuras del narcotráfico, ni indicios de que se vayan a presentar cargos formales en su contra.
El reporte especifica que las pesquisas son independientes de la Casa Blanca y que no hay evidencia de intervención política por parte de la administración Trump en su apertura o desarrollo, un matiz relevante dado el clima de tensión diplomática entre Bogotá y Washington. Donald Trump ha utilizado en múltiples ocasiones un lenguaje confrontacional hacia Petro, calificándolo públicamente como un “hombre enfermo” y cuestionando su política antidrogas, lo que ha generado especulaciones sobre un posible uso instrumental de la justicia con fines políticos. Sin embargo, fuentes consultadas por el NYT insisten en que los fiscales actúan con autonomía profesional y que la investigación responde a protocolos estándar de revisión de posibles irregularidades, no a directrices de la oficina oval.
La administración Petro responde al New York Times
El gobierno colombiano, a través de la Presidencia de la República, respondió de manera inmediata al reporte. En un comunicado oficial, la casa de Nariño señaló que “Colombia mantiene su compromiso con la legalidad, la transparencia y la cooperación internacional en materia de lucha contra el narcotráfico”, y reiteró que el presidente Petro “siempre ha actuado dentro del marco constitucional y legal”. Fuentes cercanas al mandatario añadieron que, de existir una investigación formal, el gobierno colaborará plenamente con las autoridades competentes, pero exigieron que cualquier proceso se conduzca con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, principios fundamentales del Estado de derecho tanto en Colombia como en Estados Unidos.
La política antidrogas de Gustavo Petro ha sido uno de los ejes de fricción con sectores conservadores de la política estadounidense. Desde su posesión en agosto de 2022, el primer presidente de izquierda de Colombia propuso un cambio de enfoque: menos erradicación forzosa, más sustitución voluntaria de cultivos; menos criminalización del pequeño cultivador, más persecución de las grandes redes criminales; menos guerra, más salud pública.
Los resultados oficiales del gobierno indican que, bajo este modelo, se han realizado más de 400.000 operaciones antinarcóticos, se han destruido 18.000 laboratorios de cocaína y se han librado 1.500 combates con grupos armados, manteniendo los niveles de incautación de cocaína en cifras récord. Pese a estos datos, críticos en Washington argumentan que el enfoque de Petro es “permisivo” y podría facilitar el resurgimiento de cultivos ilícitos, una acusación que el gobierno colombiano rechaza con cifras y argumentos técnicos.
