La Picota no puede ser el último capítulo de la UNGRD
Por Juan Valencia – Redacción Política / Durante años, el escándalo de la UNGRD fue una historia de impunidad con buenos modales. Olmedo López y Sneyder Pinilla dirigieron la entidad que debía llevar agua a La Guajira y auxilio a las familias en desastre, y admitieron su papel en el desfalco. Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. López aceptó cargos y espera sentencia. Que dos confesos de este escándalo pasaran desde 2024 en guarniciones militares de Bogotá era una anomalía que muchos colombianos nunca lograron entender.
El martes, el presidente Abelardo de la Espriella la terminó. “Di la orden y hoy se cumplió”, escribió al anunciar que ambos habían sido llevados a La Picota. En el fondo, la decisión es correcta. Quien se apropió de recursos destinados a carrotanques, comida y atención de emergencias no merece una reclusión distinta a la de cualquier otro procesado.
Y lo que está en juego es mucho más grande que lo ya juzgado. “El libro de la verdad”, el documento del Gobierno sobre la corrupción del cuatrienio anterior, afirma que desaparecieron dos billones de pesos de la UNGRD. La cifra la repitió en agosto Sandra Ortiz, la exconsejera de Regiones que enfrenta juicio por lavado de activos y tráfico de influencias. Ortiz sostuvo que su caso fue una cortina de humo para tapar el gran robo. Es una afirmación de una procesada y una cifra de un documento oficial, no un hallazgo judicial. Pero basta para medir lo que hemos visto. La coima de 5.000 millones de los carrotanques, con todo lo grave que es, podría ser apenas la superficie.
Por eso el traslado importa menos como castigo que como señal. No hay que leerlo como una venganza personal contra nadie. Lo que sí produce, y conviene nombrarlo, es el fin de la comodidad de esperar. López y Pinilla llevan meses administrando lo que dicen y lo que callan, entre un preacuerdo que el Tribunal no aprobó, una devolución de dinero pendiente y preguntas sin responder, como las que Pinilla dejó sobre su visita a un apartamento en Bogotá. Si conocen la verdad sobre esos dos billones, el momento de contarla ante la Fiscalía y la Corte Suprema es ahora, y no cuando les convenga.
Pero la presión legítima es la del reloj y la de la opinión pública, no la del miedo. Un testigo que habla por temor a su reclusión o a su seguridad entrega un testimonio fácil de atacar en juicio, y ese sería el mejor regalo para quienes prefieren que nada se pruebe. La defensa de Pinilla, a cargo de Luis Gustavo Moreno, sostiene que una orden judicial vigente dispone su reclusión en un centro militar y que su cliente es un colaborador cuya vida debe ser protegida. Si esa orden existe, el Gobierno no puede llamar privilegio al cumplimiento de la decisión de un juez. Y si no existe, tiene que mostrar la base jurídica de la medida, no solo el video de los presos esposados.
Hay otro motivo para exigir resultados. El traslado llega dos días después de que CAMBIO reconstruyera, con chats, llamadas y celdas de ubicación, una ruta que parte de la coima de los carrotanques y llega al apartamento de la mano derecha del magistrado Vladimir Fernández. Esos datos no prueban qué se entregó ni cuál fue su destino, y no existe una decisión judicial conocida contra el magistrado. Pero el mismo informe recuerda que ese capítulo del expediente durante meses no derivó en una compulsa de copias.
Castigar a López y a Pinilla es lo fácil, porque ya aceptaron su responsabilidad. Lo difícil, lo que mide la seriedad de un Estado, es que la investigación avance hacia quien, según la prensa y los propios testigos, estaría en el otro extremo de la cadena. El presidente dijo que aquí nadie tiene corona. La mejor prueba es que la ley llegue, si hay méritos, hasta el despacho de un magistrado y hasta el último peso de esos dos billones. Si se detiene en La Picota, no habrá sido justicia sino espectáculo.
