Vladimir Fernández, la plata de la UNGRD y el silencio de la Fiscalía
Por Juan Valencia — Redacción Política / Hay una línea de tiempo que, vista de corrido, plantea una de las preguntas más incómodas para la justicia colombiana en lo que va del año: ¿pudo la plata robada de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) haber terminado financiando la elección de un magistrado de la Corte Constitucional que, meses después, resultaría clave para blindar una de las reformas insignia del gobierno que presidía esa misma unidad saqueada? Esa es, en esencia, la pregunta que dejó planteada una investigación de la revista Cambio, firmada por Federico Gómez Lara, Sylvia Charry y Sebastián Nohra, que reconstruyó seis horas inéditas de chats del expediente UNGRD que, según el propio medio, la Fiscalía decidió no investigar.
La cronología que no cuadra por casualidad
El 17 de octubre de 2023, el Senado eligió a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Según el testimonio de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz ante la Fiscalía —revelado originalmente por Semana en abril de 2025—, esa elección se habría “aceitado” la noche anterior con un soborno de 1.500 millones de pesos provenientes de la UNGRD, entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name, para que incluyera la elección de Fernández en el orden del día de esa sesión.
Menos de tres meses después, el 9 de enero de 2024, ya con Fernández instalado como magistrado, ocurrió el episodio que Cambio reconstruyó con lujo de detalle: el entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, le escribió a su pareja “tengo que ir a entregar $” antes de abordar un vuelo. Según los chats reconstruidos por el medio, Fernández envió las coordenadas de un apartamento a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y la secuencia de mensajes conecta a ambos funcionarios con una entrega de dinero a la abogada Irma Solangel Torres, amiga de Fernández y hoy conjuez en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ese mismo año, Name y su entonces colega en la presidencia de la Cámara, Andrés Calle, recibieron las coimas que hoy los tienen tras las rejas en la cárcel La Picota, condenados por el mismo entramado de corrupción de la UNGRD.
En julio de 2024, el Congreso aprobó la reforma pensional, una de las tres reformas insignia del gobierno de Gustavo Petro. La ley quedó de inmediato bajo el fuego de 40 demandas en la Corte Constitucional. Y fue precisamente Vladimir Fernández quien, en la primera votación de fondo sobre el caso, en noviembre de 2025, se ubicó del lado que terminaría prevaleciendo: junto a los magistrados Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel Cabo, votó en contra de la posición del entonces ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien buscaba tumbar la reforma de tajo. Casi un año después, el 25 de agosto de 2026, la Sala Plena —con Fernández de nuevo entre los siete magistrados participantes— declaró exequible la gran mayoría de la reforma pensional, en una decisión que Petro celebró en X como “un nuevo triunfo del gobierno del cambio”.
Lo que dice Vladimir Fernández
Consultado por Cambio para la investigación publicada esta semana, el magistrado tuvo una respuesta llamativa: en una primera llamada, aseguró no recordar el episodio del 9 de enero de 2024. Al día siguiente, volvió a comunicarse con la periodista para entregar una versión distinta, en la que explicó que, en diciembre de 2023, Olmedo López le había manifestado en la Casa de Nariño su preocupación ante una eventual suspensión que enfrentaría por parte de la Procuraduría.
No es la primera vez que Fernández sale a dar explicaciones sobre su cercanía con los protagonistas del escándalo UNGRD. Ya en mayo de 2025, tras conocerse el testimonio de Sandra Ortiz, el magistrado había concedido una entrevista a ese mismo medio en la que negó de forma tajante que su elección fuera “resultado de un soborno”, entregó detalles de sus reuniones con el entonces secretario general de la Presidencia, Carlos Ramón González, y fue enfático en un punto: no pensaba renunciar a la Corte.
Una Fiscalía que, según Cambio, miró para otro lado
El dato más inquietante de toda la investigación no es únicamente la existencia de los chats, sino lo que Cambio asegura sobre su tratamiento judicial: la Fiscalía tuvo acceso a esas comunicaciones desde 2024, extraídas directamente del teléfono de Pinilla como parte del expediente UNGRD, pero nunca abrió una línea de investigación independiente para esclarecerlas ni compulsó copias contra Fernández, pese a que en ese momento —antes de que el escándalo de los carrotanques estallara públicamente— nadie cuidaba sus comunicaciones. La fiscal María Cristina Patiño, titular del caso UNGRD, le explicó al medio el procedimiento seguido con la extracción de los teléfonos, aunque la pregunta de fondo —por qué ese capítulo específico quedó fuera de la imputación— permanece sin una respuesta institucional satisfactoria.
La sombra del primer cartel de la toga
La comparación con el cartel de la toga que sacudió a la Corte Suprema de Justicia hace casi una década no es un recurso retórico exagerado: ya en abril de 2025, juristas consultados por Semana evocaron el caso del magistrado Gustavo Malo, suspendido en 2018 por estar señalado en esa misma trama de corrupción judicial, como el precedente que la Corte Constitucional debería considerar frente al caso de Fernández. La diferencia, por ahora, es que Malo enfrentó ese desenlace después de un proceso penal formal en marcha; Fernández, en cambio, sigue en su despacho, participando en decisiones de fondo sobre las reformas más importantes del gobierno que, según las pruebas reunidas hasta ahora, podría haber contribuido a ponerlo en ese cargo.
Tras la publicación de los chats, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidió formalmente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes abrir una investigación penal y disciplinaria contra el magistrado. Esa Comisión, la misma que tiene la competencia exclusiva para investigar penalmente a los magistrados de las altas cortes, es hoy la que tiene en sus manos la posibilidad de determinar si lo que hasta ahora son chats, testimonios y coincidencias cronológicas demasiado exactas termina convirtiéndose en la primera pieza formal de lo que ya varios sectores no dudan en llamar un nuevo cartel de la toga.
¿Qué sigue para Fernández?
La pregunta que queda abierta es qué margen de maniobra institucional le queda al magistrado de aquí en adelante. Fernández no es una figura aislada dentro del entramado de poder que se fue configurando durante el gobierno Petro: fue secretario jurídico de la Casa de Nariño antes de llegar a la Corte, y tuvo un papel activo en la terna de la que resultó elegida la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo. Esa cercanía con el poder ejecutivo y con la cúpula de la Fiscalía —la misma entidad que, según la investigación de Cambio, tuvo en su poder los chats que hoy lo comprometen y decidió no actuar sobre ellos— es, para varios sectores críticos, la explicación más plausible de por qué este capítulo del expediente UNGRD nunca derivó en una compulsa de copias en su contra. Si esos vínculos terminan pesando más que la evidencia periodística ya reunida, o si por el contrario la Comisión de Acusación de la Cámara decide avanzar pese a ellos, es la pregunta que en las próximas semanas definirá si Colombia está o no frente a la versión moderna de aquel escándalo que ya hundió a una Corte entera hace menos de una década.
