Vía al Mar: de corredor nacional a la mina de oro de las fotomultas en el Caribe
Mientras las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirman que las motocicletas protagonizan la inmensa mayoría de los accidentes fatales en las carreteras del Atlántico, la autoridad de tránsito insiste en instalar fotocámaras de velocidad en tramos donde el verdadero peligro no se combate con un radar, sino con control operativo en la vía.
Por Juan Valencia_Redacción Política / Lo que ocurre en la Vía al Mar dejó de ser un debate técnico de tránsito para convertirse en una indignación generalizada. La frase de los conductores retumba con fuerza: “Es absurdo que una vía rápida tenga tantas fotomultas”.
La Vía al Mar entre Barranquilla y Bolívar contará con un total de 5 cámaras de fotodetención, en lugar de ser un corredor expedito entre Barranquilla y Cartagena, la carretera parece diseñada como una trampa de cobro por goteo donde los límites caen intempestivamente de velocidades de crucero a reducciones drásticas de 30 o 40 km/h, actuando como una auténtica emboscada para quienes vienen a la velocidad permitida.
El discurso oficial vs. la dura realidad de las cifras
El Instituto de Tránsito del Atlántico justifica la instalación de estos dispositivos bajo el argumento de ser una «estrategia para reducir la siniestralidad». Sin embargo, los datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial desmienten la efectividad del modelo y le hacen contraevidencia al propósito preventivo de las cámaras:
- Aumento de la mortalidad (2024 – 2025): Las víctimas por siniestros viales en el Atlántico aumentaron un 20 %, pasando de 270 a 324 fallecidos.
- Proyección en 2026: A corte del 30 de abril de 2026, la cifra ya alcanzaba los 93 muertos.
Si las cámaras realmente salvaran vidas y no fueran un instrumento de recaudo, las estadísticas de mortalidad no irían en franco ascenso mientras el número de fotomultas se multiplica.
El ingeniero Isidro Ruiz, experto en movilidad, advirtió a Extra Noticias que 7 de cada 10 accidentes en el Atlántico involucran motocicletas y cuestionó la instalación de nuevas cámaras de fotodetección en la vía Barranquilla-Cartagena. Según Ruiz, las autoridades —especialmente la Dirección de Tránsito del Atlántico— deberían enfocar sus esfuerzos en atender esta problemática específica en lugar de apostar solo por controles tecnológicos.
El negocio detrás del radar: 12 años de concesión privada
Detrás de este engranaje opera desde hace 12 años una alianza clave con la firma Quipux S.A., proveedora de la plataforma tecnológica y el sistema de gestión digital para la entidad. Esta compañía no solo centraliza los trámites viales, licencias y estado de vehículos, sino también el procesamiento de multas y fotodetecciones en todo el departamento. Quipux S.A.S. fue fundada en octubre de 1995 en Rionegro, Antioquia, por los empresarios colombianos Hugo Alberto Zuluaga Giraldo y Juan Pablo Ramírez. Hugo Zuluaga se desempeñó como su presidente y CEO hasta su fallecimiento en abril de este año.
El negocio es redondo y las cifras oficiales sobre cómo se reparte el dinero de cada comparendo lo confirman:
- 38% para la concesión privada que provee la tecnología.
- 45% para el Instituto de Tránsito del Atlántico.
- 10% para el SIMIT (plataforma/auditoría).
- 7% para la empresa interventora.
Con casi la mitad del dinero repartido entre operadores privados e interventores, la prevención pasa a segundo plano: para la concesión, si el conductor no cae, no hay negocio.
La emboscada del cobro coactivo
El director del Instituto de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, respondió a las críticas sobre el número de cámaras en el departamento asegurando que la comparación entre regiones carece de sustento. Según explicó, la normatividad colombiana “no asigna radares por kilometraje ni exige igualdad numérica entre departamentos”, por lo que tener siete dispositivos en Atlántico frente a uno en Bolívar no representa, a su juicio, ningún argumento técnico ni legal.
El caso de la Vía al Mar —que ya suma 7 cámaras en puntos estratégicos como la entrada a Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y el Volcán del Totumo— es solo la muestra de un modelo de “ordeño” institucional generalizado:
- Falta de señalización y advertencia: Cambios drásticos de velocidad sin pedagogía previa, diseñados para sorprender al usuario que transita confiado por una vía nacional.
- Asfixia por embargos express: Un sistema administrativo severo que prioriza el embargo de cuentas bancarias y bienes antes de garantizar una notificación efectiva o el derecho a la defensa.
- Contraste en las vías: Abundancia de tecnología de punta para tomar fotos y facturar, en claro contraste con carreteras que padecen de huecos, pasos peatonales desprotegidos y deficiencias estructurales.
La ciudadanía y los gremios de la región lo tienen claro: las carreteras deben construirse para conectar comunidades y proteger vidas, no para estructurar negocios privados millonarios disfrazados de seguridad vial.
