¿Salió del Congreso la orden de matar a Miguel Uribe? Los $5.000 millones y el documento que ya tiene la Fiscalía
Un documento entregado a los fiscales describe una ruta de dinero desde Venezuela y menciona al hijo de crianza de una excongresista. La viuda de Miguel Uribe pide que la Fiscalía investigue si hubo una orden desde el Congreso.
Por Jhon Cárdenas – Redacción El 7 / A más de un año del atentado del 7 de junio de 2025, la pregunta central sigue sin respuesta, ¿quién dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay? Su viuda, María Claudia Tarazona, sostiene que el rompecabezas empieza a tomar forma con un documento que llegó a la Fiscalía y que describe una ruta de $5.000 millones desde la frontera con Venezuela, con un nombre que conecta con el Congreso. Nada de eso está probado. La Fiscalía debe verificarlo.
El documento, que conoció en primicia NTN24 y fue entregado por una fuente bajo reserva a los fiscales del caso, describe una red de coordinación de la Segunda Marquetalia que operaría desde Venezuela. Según su testimonio, el cabecilla Iván Márquez habría ordenado y financiado el crimen desde su campamento. Se habrían pagado $5.000 millones, más de 1,5 millones de dólares, enviados desde campamentos en la frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil.
El texto señala a Géner García Molina, alias Jhon 40, como el “cerebro” y principal financiador. El dinero habría salido de su campamento en Carurú, Vaupés, en varias entregas, por medio de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. Las primeras coordinaciones, dice, se hicieron entre Villavicencio y Carurú, y hubo al menos una reunión en el campamento de Márquez en Venezuela, con el Zarco Aldinever y Jhon 40.
El hijo de Tirofijo
En la reunión donde se habría tomado la decisión, según el mismo documento, participó Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, hijo biológico de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, y de crianza de Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc que hasta hace poco estuvo en el Congreso. También estuvieron alias Araña, de forma virtual, alias Jairo o Popeye, de Comandos de Frontera, y alias Walter Mendoza, de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que aceptaron la decisión de Márquez sin objeciones.
Tarazona, en una entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo, fue más lejos. Dijo que Marulanda “dio la orden, no la intelectual, sino la material”, y que gerencia una mina ilegal en el Vaupés o Guainía que pertenece a Jhon 40. Según el documento que ella conoce, se movían en motos por el Vaupés hacia Venezuela y la frontera con Brasil, recogían dinero y se lo entregaban a El Viejo. Aclaró que habla de lo que dicen las denuncias y no de hechos que conozca directamente. La viuda también dijo que la Fiscalía recuperó parte del dinero, aunque su rastro es más difícil de seguir porque estaba en pesos y no en dólares.
El eslabón del Congreso
Aquí está el punto más delicado. Tarazona entregó a la Fiscalía chats en los que, según ella, se advierte que la orden salió del Congreso y se menciona a Marcos Calarcá, que en 2025 estaba en el Congreso dentro de Comunes, como una de las personas que habrían dado la orden. Para la viuda, cuando le dicen que la orden salió del Congreso y que Marulanda es hijo de crianza de Sandra Ramírez, que hizo parte del Congreso, el cuadro cambia. Pero ese vínculo es de parentesco. Ninguna de las fuentes consultadas acusa a Sandra Ramírez de haber participado, y no se conoce una respuesta suya, de Marulanda ni de Comunes.
Lo que falta
La Fiscalía ha dicho que adelanta actividades de policía judicial para verificar lo que aportó Tarazona. La viuda anunció desplazamientos del ente acusador este fin de semana, pero cuestionó la lentitud. “El problema es que no hemos avanzado”, dijo, y recordó que entregó datos hace mes y medio. Pidió que la investigación indague también si el caso fue un crimen de Estado y dijo no tener ninguna duda de que el expresidente Gustavo Petro sabía que iban a matar a su esposo. Lo presentó como una opinión personal, sin aportar un dato que la sostenga, y es una línea que habrá que sustentar.
La Fiscalía tiene en sus manos un documento con nombres, rutas y cifras. Lo que haga con él dirá si la pregunta de la viuda, si la orden salió del Congreso, se responde con pruebas o se queda como una sospecha.
