Las 23 alertas ignoradas y los tres impactos que sellaron su destino: las sombras del magnicidio de Miguel Uribe
Por Juan Valencia_Redacción Política
Era sábado, 7 de junio de 2025, poco después de las 5:30 de la tarde. En el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay conversaba tranquilamente con ciudadanos y ediles durante un evento de campaña. Hablaba de sus propuestas, sonreía, hacía política como lo había hecho durante años. No sabía que a pocos metros, un menor de 15 años lo observaba desde las sombras, con un arma preparada y una orden precisa: “Toca acostar a este man”. Dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto, Miguel Uribe murió en la Fundación Santa Fe. Un año después, Colombia sigue buscando respuestas que nadie parece querer dar.
“Pille, toca acostar a este man”: la confesión del menor que cambió todo
El sicario tenía apenas 15 años. Lo llamaban ‘Tianz’. Trabajaba vendiendo drogas en bares del barrio El Muelle, en Engativá. Cuando alias ‘El Caleño’ le ofreció el trabajo, no le dijo de qué se trataba. Solo le pidió que se vistiera bien, que borrara todas las conversaciones previas y que estuviera listo para el sábado 7 de junio.
“Yo en ese momento ya estaba empezando a sentir algo raro con ese trabajo”, confesó después el menor. Le hicieron borrar chats, le pidieron compartir pantalla para verificar que eliminara todo, le quitaron el celular nuevo que usaría ese día.
La mañana del atentado, una moto lo recogió. Una mujer vestida de rosa le entregó el arma. Un hombre con gafas Cartier y tatuajes le mostró la foto de Miguel Uribe Turbay en un teléfono.
“Me dijo: ‘Pille, toca acostar a este man'”, relató el menor.
Alias ‘Chipi’ —Élder José Arteaga, coordinador logístico del crimen— fue más explícito: “Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros o mínimo cuatro. Dispárele detrás del cuello”.
Pero lo que vino después fue lo más escalofriante de toda la confesión. ‘Chipi’ tranquilizó al joven con una frase que hoy resuena como una sentencia:
“De todas maneras, esté tranquilo, porque la Policía ya está toda comprada y tiene cinco minutos para salir del lugar. Ellos se van a hacer los bobos como cinco minutos, y usted tiene que correr, montarse en la moto y salir”.
Y añadió algo aún más perturbador: los escoltas del senador ya estaban informados y no intervendrían de inmediato.
El menor escuchó una conversación entre ‘Chipi’ y el conductor del vehículo que confirmaba lo impensable: “La Firma y el conductor hablaron, que ya todo estaba comprado, que los escoltas del que había que matar ya estaban informados”.
65 días de agonía: la muerte cerebral que nadie quiso aceptar
El atentado ocurrió a las 5:30 p.m. del 7 de junio de 2025. El menor se acercó por la espalda al senador, que dialogaba con ciudadanos en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Fontibón. Disparó a corta distancia. Tres proyectiles impactaron el cuerpo de Miguel Uribe: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.
Los escoltas reaccionaron tarde. Hubo un intercambio de disparos, el agresor resultó herido y fue capturado pocas cuadras después. Pero para Miguel Uribe ya era tarde.
Su esposa, María Claudia Tarazona, lo acompañó en la ambulancia desde la clínica Medicentro de Fontibón hasta la Fundación Santa Fe, al norte de Bogotá. “Yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel acá (en las piernas), el neurocirujano teniendo el cuello, ayudando a sostener, y yo le decía: ‘No te mueras, no te mueras, tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que ver a nuestro hijo, lo tienes que abrazar, quédate conmigo'”, narró después.
Cuando llegaron al hospital, los médicos le dieron la noticia más devastadora: Miguel había sufrido muerte cerebral. “Yo pregunté a los doctores ‘¿Miguel se va a morir?’, y ellos me dijeron que sí (entre lágrimas), y pregunté ‘¿qué tantas horas tengo?’, y me dijeron ‘es cuestión de horas'”.
Pero no fueron horas. Fueron 65 días. Dos meses y cuatro días de procedimientos neuroquirúrgicos, de esperanza y desesperanza, de una familia aferrándose a lo imposible. El 11 de agosto de 2025, Miguel Uribe Turbay murió a los 39 años.
La versión oficial: Segunda Marquetalia y nueve capturados
La Fiscalía ha reconstruido parte del rompecabezas. Nueve personas han sido detenidas, y siete ya recibieron condenas que van desde los 11 hasta los 26 años de prisión.
El autor material, ‘Tianz’, fue condenado a siete años en un centro para menores. Entre los condenados están Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’ (coordinador logístico, 26 años), alias ‘El Hermano’ (articulador, 21 años), Catherine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’ (entregó el arma, 21 años), y Harold Daniel Barragán Ovalle (21 años).
La investigación apunta a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez, como la estructura detrás del magnicidio. Hay órdenes de captura contra Márquez, John 40, el Zarco Aldinever y alias Yaco como posibles autores intelectuales.
Pero aquí comienzan las preguntas incómodas.
Pregunta 1: ¿Por qué nadie ha capturado a los supuestos cerebros del crimen?
Foto: Gustavo Torrijos, cortesía El Espectador
Un año después, Iván Márquez, John 40, el Zarco Aldinever y alias Yaco siguen libres. La Fiscalía los señala como los posibles autores intelectuales, pero las órdenes de captura no se han materializado. ¿Por qué es tan difícil capturar a quienes presuntamente ordenaron el asesinato de un senador de la República y precandidato presidencial?
Pregunta 2: El gobierno negociaba con ellos mientras planeaban el crimen
Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Durante 2024, el gobierno de Gustavo Petro mantuvo negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia en el marco de su política de “Paz Total”. La Oficina del Comisionado de Paz confirmó que desde noviembre de 2024 ya no existía mesa de negociación vigente.
Pero el atentado contra Miguel Uribe ocurrió el 7 de junio de 2025, siete meses después de que supuestamente se rompieran los diálogos.
La pregunta es inevitable: si el Estado estaba negociando con la Segunda Marquetalia, si tenía canales de comunicación abiertos, si el Comisionado de Paz les había otorgado beneficios y suspendido órdenes de captura para facilitar los diálogos… ¿por qué la inteligencia militar y la policía no detectaron a tiempo que estaban planeando el asesinato de un senador?
¿O acaso sí lo detectaron y no actuaron?
Pregunta 3: “La Policía ya está toda comprada”: ¿hubo complicidad institucional?
La confesión del menor es demoledora. ‘Chipi’ le aseguró que “la Policía ya está toda comprada” y que tendría cinco minutos para huir mientras los agentes se hacían “los bobos”. También dijo que “los escoltas del que había que matar ya estaban informados”.
¿Es posible que un menor de 15 años, reclutado para un trabajo de sicariato, estuviera mintiendo sobre algo tan grave? ¿O su confesión revela una verdad incómoda sobre la infiltración criminal en las instituciones de seguridad?
Si los escoltas estaban “informados”, ¿quién los informó? ¿Hubo filtración de información sobre los movimientos y rutinas del senador? ¿Alguien dentro de la UNP o de la inteligencia militar sabía lo que iba a pasar y no actuó?
Pregunta 4: Las fallas en la UNP y el esquema de seguridad “debilitado”
Este es quizás el capítulo más polémico de la investigación. La familia de Miguel Uribe Turbay ha denunciado públicamente que presentaron más de 23 solicitudes de reforzamiento de su esquema de seguridad durante 2025. Documentos revelados por la prensa confirman que el senador sí pidió mejoras en su protección antes del atentado.
Sin embargo, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), hizo una declaración que generó indignación: culpó al propio Miguel Uribe de haber tomado “decisiones que debilitaron su esquema de seguridad”.
La UNP había catalogado a Miguel Uribe con riesgo extraordinario en 2023. Pero en 2024, esa evaluación no se tuvo en cuenta.
La familia también ha pedido que se investigue a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) por posibles responsabilidades en las fallas de seguridad.
Las preguntas son demoledoras:
- ¿Por qué la UNP ignoró 23 solicitudes de refuerzo?
- ¿Cómo es posible que un senador con riesgo extraordinario tuviera un esquema de seguridad debilitado?
- ¿Hubo filtración de información sobre sus movimientos y rutinas?
- ¿Alguien dentro de la UNP o de la inteligencia militar sabía lo que iba a pasar y no actuó?
Pregunta 5: La denuncia contra Gustavo Petro que no avanza
El abogado de la familia, Víctor Mosquera, presentó una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro. La denuncia alega “discursos de odio” y responsabilidad política en el crimen.
El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, ha sido aún más directo: acusó a Petro de “hostigar” a su hijo y de tener responsabilidad política en el asesinato. La familia ha criticado duramente a la Comisión de Acusación por no avanzar en el caso y ha anunciado que llevará la denuncia a instancias internacionales.
Petro, por su parte, ha negado cualquier vínculo y afirmó que “no hay evidencias” de que el asesinato haya sido motivado por odio político. Incluso anunció que presentará denuncias contra quienes lo han acusado sin pruebas.
Pero la pregunta persiste: ¿fue solo retórica política o hubo algo más?
Pregunta 6: ¿Crimen de Estado?
Cuando se juntan todas estas piezas, surge una hipótesis que pocos se atreven a plantear públicamente, pero que circula en los pasillos del poder:
¿Y si el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue un crimen de Estado por omisión o complicidad?
No necesariamente significa que el gobierno ordenó el asesinato. Pero sí plantea preguntas sobre:
- Inteligencia fallida: ¿Cómo es posible que las agencias de inteligencia no detectaran un complot contra un precandidato presidencial mientras el gobierno negociaba con los mismos grupos que lo planearon?
- Desprotección deliberada: ¿Por qué se debilitó el esquema de seguridad de un político con riesgo extraordinario, a pesar de sus 23 solicitudes de refuerzo?
- Impunidad institucional: ¿Por qué la Comisión de Acusaciones no avanza en la investigación contra el presidente? ¿Por qué los supuestos autores intelectuales siguen libres un año después?
- Contexto político: Miguel Uribe era uno de los críticos más feroces del gobierno de Petro. ¿Fue su asesinato una coincidencia o tuvo motivaciones políticas más profundas?
Un año después: las respuestas que Colombia sigue esperando
El 11 de agosto de 2026 se cumple exactamente un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Dos meses y cuatro días después del atentado que conmocionó al país, el senador y precandidato presidencial falleció en la Fundación Santa Fe, convirtiéndose en el primer precandidato presidencial asesinado en Colombia desde Luis Carlos Galán en 1989.
La Fiscalía ha hecho su trabajo: capturó a los autores materiales, obtuvo condenas y señaló a los posibles cerebros del crimen. Pero las preguntas más incómodas siguen sin respuesta:
- ¿Quién dio realmente la orden?
- ¿Por qué el Estado no pudo prevenir el crimen?
- ¿Hubo complicidad institucional?
- ¿Alguien dentro del gobierno sabía lo que iba a pasar?
La familia de Miguel Uribe Turbay no se conforma con las condenas a los sicarios y coordinadores logísticos. Ellos quieren saber quién está detrás de todo, y están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, incluso ante instancias internacionales.
Un año después, Colombia sigue esperando respuestas. Y mientras esas respuestas no lleguen, la sombra de la impunidad y las preguntas sin resolver seguirán pesando sobre la democracia colombiana.
