De la Espriella le declara la guerra a los monopolios del tránsito y quiere bajar las multas a la mitad
Por Juan Valencia_Redacción Política
El presidente Abelardo De la Espriella anunció este sábado, a través de su cuenta en X, un paquete de reformas dirigidas al sistema de tránsito colombiano, con un mensaje que no dejó dudas sobre su intención: reducir costos para los conductores y golpear directamente las estructuras que, según él, se han beneficiado de años de sobrecostos, trámites y contratos alrededor de las multas, los cursos pedagógicos y las fotomultas.
La propuesta central: multas a la mitad
El primer punto, y el más mediático, es la intención de radicar ante el Congreso un proyecto para reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. El argumento del presidente es de proporcionalidad: una infracción, dice, no puede convertirse en una condena económica para una familia. Esta medida, a diferencia de otras del paquete, no depende del Ejecutivo: necesita el aval del Legislativo para entrar en vigencia.
¿A qué “monopolios” se refiere?
El anuncio no señaló nombres propios, pero el terreno sobre el que pisa el presidente no es nuevo. Colombia ya tiene antecedentes documentados de estructuras empresariales concentradas alrededor de los sistemas de tránsito. Una investigación del medio Cuestión Pública detalló cómo, durante años, el empresario Euclides Torres construyó una red de sociedades vinculadas al Sistema de Control Vehicular (Sicov) y a la operación del RUNT, en la que las mismas personas aparecían representando intereses en ambos lados del negocio. La Superintendencia de Industria y Comercio investigó esa relación por presunta cartelización.
Actualmente, la operación del RUNT está en manos de Concesión RUNT 2.0 S.A.S., bajo un contrato de concesión con el Ministerio de Transporte firmado en 2022 por 805.000 millones de pesos. Es justamente esta clase de contratos de largo plazo, sumados a los cursos pedagógicos que dictan Centros Integrales de Atención (CIA) certificados —y no directamente las autoridades de tránsito—, los que el presidente identifica como las “barreras que han favorecido monopolios” en su anuncio.
Los otros seis frentes del paquete
- Cursos de comparendos: eliminar el requisito de “casa cárcel” para habilitar nuevos CIA, reducir en 25 % el costo de los cursos y permitir que las autoridades de tránsito los dicten directamente, rompiendo la dependencia de operadores privados certificados.
- Licencias de conducción: reducir su costo, eliminar trámites innecesarios y ampliar su vigencia de los actuales periodos a 8 o 10 años.
- Fotomultas: controles más estrictos para autorizar nuevas cámaras y parámetros claros de calibración de los equipos, en medio de la polémica reciente por la instalación de nuevos sistemas de fotodetección en varias ciudades del país.
- RUNT y SIMIT: una revisión integral para identificar duplicidades entre ambos sistemas y reducir las tarifas que se cobran a los ciudadanos por trámites y consultas.
- Revisión técnico-mecánica: revisar su costo y periodicidad, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para vehículos nuevos.
¿Van por el peaje invisible de Euclides Torres?
Cada vez que un ciudadano renueva su licencia de conducción, somete su vehículo a la revisión técnico-mecánica o realiza un curso para reducir el valor de una fotomulta, activa sin saberlo la caja registradora del Clan Torres. Bajo la sombra del conglomerado de la Organización Simetric y liderado por Euclides Torres, este clan familiar ha construido un auténtico monopolio privado sobre la tecnología y el control de los trámites viales del país.
A través de plataformas como el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), obligatorias para validar la información ante el RUNT, el grupo empresarial cobra una tarifa fija por cada gestión vial realizada en el territorio nacional. Este esquema de intermediación exclusiva ya estuvo en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presunta cartelización para fijar precios, una posición de dominio que el clan ha logrado blindar y expandir gracias a su histórica bancada en el Congreso de la República, desde donde impulsan normativas viales que terminan traduciéndose en millonarias facturaciones para sus plataformas digitales.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, respondió públicamente al presidente el mismo día, confirmando que su cartera ya trabaja en tres frentes relacionados con los puntos anunciados y calificando la instrucción como una orden a ejecutar de inmediato.
Lo que sigue
Las medidas administrativas —ajustes al RUNT, al SIMIT y a los procesos de autorización de fotomultas— pueden implementarse directamente desde el Ministerio de Transporte. La reducción de las multas, en cambio, depende de que el Congreso tramite y apruebe el proyecto que el presidente anunció que radicará en los próximos días. Ahí se sabrá si esta declaración de guerra a los “monopolios del tránsito” se traduce en una ley, o si termina, como advirtió el propio mandatario, atrapada en las mismas barreras que dice querer eliminar.
