El Cónsul que pedía prestado, sacaba a fiar y nunca pagó: la diplomacia a crédito en el cierre de gobierno Petro
Con base en la investigación periodística publicada por el diario EL PAÍS América Colombia, analizamos el insólito historial de deudas, irregularidades y nombramientos que salpica al excónsul y estratega digital de la Casa de Nariño.
Por Redacción Política / A medida que avanza la recta final del mandato del presidente Gustavo Petro, la meritocracia sigue ofreciendo su versión más innovadora en la administración pública. A la kilométrica lista de nombramientos en altos cargos de personas sin la experiencia requerida, sin las credenciales que exige la ley o ratificadas a punta de decretos desafiantes tras ser tumbadas por el Consejo de Estado, se le suma una nueva especialidad de la casa: la diplomacia a crédito.
La más reciente investigación periodística publicada por EL PAÍS América Colombia sacó a la luz la insólita radiografía de Andrés Hernández, un funcionario de absoluta confianza del mandatario que pasó de ser cónsul de Colombia en México a ser catapultado a la estrategia digital y de comunicaciones en la Casa de Nariño. Sin embargo, detrás de su periplo institucional, el reportaje reveló un patrón recurrente de deudas, compromisos financieros incumplidos e investigaciones disciplinarias.
Un historial financiero con sello diplomático
Lejos de los códigos habituales de la carrera diplomática —regulada en Colombia por la Ley 274 y enfocada en la representación internacional y la idoneidad técnica—, el expediente expuesto por la prensa retrata una gestión atravesada por los apuros económicos personales y el uso irregular de los recursos públicos.
Entre las revelaciones hechas por EL PAÍS, destacan varios episodios que parecen sacados de una comedia de enredos antes que de un despacho oficial:
- Dinero prestado a subalternos: Según los testimonios recopilados en la investigación, el excónsul habría solicitado reiteradamente préstamos de dinero en efectivo y el uso de tarjetas de crédito a empleados bajo su mando y allegados con la promesa de “devolverlo mañana”, dejando un rastro de llamadas sin contestar y saldos en rojo.
- Cuentas pendientes con el personal de servicio: Mantenía pagos pendientes con empleadas de servicios domésticos asignadas a la sede consular en Ciudad de México, así como deudas sin saldar con artesanas locales que le entregaron productos fiados bajo la garantía de su investidura como representante del Estado colombiano.
- Investigaciones en la Cancillería: A los líos con particulares se le suma el frente institucional. La propia Cancillería de Colombia le abrió investigaciones formales para exigir la devolución de miles de dólares del erario que fueron gastados durante su gestión consular sin los debidos soportes, facturas o justificaciones legales.
La idoneidad violada: una constante en los altos cargos
El caso de la representación en México no es un hecho aislado, sino el reflejo de un fenómeno estructural que ha marcado la recta de cierre del actual Ejecutivo. Las violaciones sistemáticas a los manuales de funciones y el desconocimiento de la carrera administrativa y diplomática han dejado de ser la excepción para convertirse en la norma de contratación estatal.
Durante el presente cuatrienio, decenas de nombramientos en ministerios, superintendencias, embajadas y viceministerios han terminado demandados ante los tribunales administrativos por falta de requisitos mínimos de experiencia o título profesional. La respuesta institucional, en muchos casos, ha sido la expedición de decretos relámpago o reestructuraciones de perfiles a la medida para mantener a los funcionarios afines en la nómina oficial.
En este panorama, el mensaje que se envía a la ciudadanía es claro: si un aspirante no cumple con la ley ni reúne las credenciales académicas, basta con la cercanía política para asegurarle un alto cargo; y si además arrastra problemas de liquidez, la alta función pública siempre podrá servir de respaldo.
¿El nuevo estándar de la función pública?
¿Para qué exigir doctorados, diplomados en relaciones internacionales, dominio de idiomas o rigor en la gestión presupuestal si el requisito no escrito parece ser la capacidad de enviar chats pidiendo disculpas por los retrasos en las transferencias?
Este episodio expuesto por la investigación periodística deja ver el estándar con el que se administró una parte clave del aparato estatal en los últimos años: un escenario donde la inobservancia de la ley, la falta de preparación técnica y la ligereza en el manejo de los recursos dejaron de ser impedimentos éticos para convertirse en el sello de la casa.
