El estigma de la impunidad: la JEP imputa a 27 exjefes de las FARC por violencia sexual y masacres tras una década de pactos políticos
Por Juan Valencia_Redacción Política/ Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana bajo el gobierno de Juan Manuel Santos —un pacto que prometió el fin de la confrontación pero que dejó abiertas las heridas territoriales y una profunda desconfianza institucional—, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer una de sus imputaciones más gravosas contra la cúpula de la extinta guerrilla.
Un total de 27 antiguos comandantes de los Bloques Sur y Oriental fueron imputados formalmente por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión judicial saca a la luz un expediente atroz acumulado durante décadas: masacres, desapariciones forzadas, el atentado al Club El Nogal, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y, por primera vez en una acusación conjunta, un patrón sistemático de violencia sexual y de género perpetrado contra mujeres y niñas en el marco del conflicto.
Las cifras del horror de las FARC y la tardanza judicial
El pronunciamiento del tribunal transicional (que engloba el Macrocaso 10 de crímenes no amnestables y el Macrocaso 11 sobre violencia basada en género) pone en evidencia las dimensiones de los hechos cometidos por las estructuras dirigidas por figuras como Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’), Jaime Alberto Parra (‘El Médico’) y Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’).
Según reveló la propia JEP, en la justicia ordinaria el 97% de estos crímenes jamás llegó a un juicio y cerca del 90% ni siquiera superó la etapa preliminar, lo que garantizó décadas de blindaje para las estructuras de mando de los Bloques Sur y Oriental.
- Patrones criminales documentados: La imputación abarca tomas guerrilleras (como las de Mitú y Miraflores), ataques urbantes con explosivos masivos y episodios aberrantes de violencia de género, entre los que destaca la agresión sexual masiva contra 10 mujeres —incluyendo a una menor de 13 años— durante la toma de Puerto Rico, Meta, en 1999.
- Sin cárcel ordinaria: De los 27 exmandos imputados por estos vejámenes y crímenes atroces, solo 5 han pisado un centro penitenciario a lo largo de su vida, mientras el grueso de la dirigencia ha gozado de libertad y figuración pública.
El costo de una paz incompleta
Para amplios sectores de la sociedad civil y colectivos de víctimas, la imputación llega en un contexto donde el balance del proceso de paz firmado en 2016 dista de las promesas de transformación nacional. Aunque la cúpula guerrillera entregó las armas y obtuvo beneficios de representación política y justicia restaurativa, las zonas históricamente dominadas por los Bloques Sur y Oriental continúan sumidas en disputas territoriales bajo el control de disidencias, el Clan del Golfo y economías ilícitas.
El proceso entra ahora en un tramo decisivo: los 27 comparecientes disponen de un plazo formal para decidir si aceptan la totalidad de las imputaciones por violencia sexual, masacres y lesa humanidad. De hacerlo, accederán a las denominadas “sanciones propias” (restricciones de libertad sin prisión en establecimiento carcelario). De rechazar los cargos, sus expedientes pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), exponiéndose a penas de hasta 20 años de cárcel ordinaria en un juicio adversarial.
La decisión de la JEP expone de manera cruda la paradoja del modelo de justicia transicional colombiano: una radiografía judicial impecable sobre las atrocidades del pasado que choca con la indignación de millones de colombianos que observan cómo los responsables del horror han ejercido la política en libertad sin haber pagado un solo día de cárcel por las víctimas que dejaron en el camino.
