Petro condecora a Jaramillo mientras las cifras confirman el colapso de su gestión en la salud
Gustavo Petro defendió la Orden de Boyacá para Guillermo Jaramillo. Las cifras muestran un millón de personas sin cobertura y 33 billones en deudas.
El presidente defendió la entrega de la Orden de Boyacá al ministro de Salud argumentando avances en equidad territorial. Sin embargo, los balances de fin de cuatrienio muestran un millón de personas sin cobertura, un récord en tutelas y deudas por 33 billones de pesos.
Por Juan Valencia_Redacción Política / A pocos días de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro impuso la Orden de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desatando un duro debate técnico y político en el país. Durante la ceremonia, Petro justificó el máximo galardón nacional asegurando que Jaramillo lideró una transformación estructural para llevar la atención médica a las zonas rurales olvidadas y romper la intermediación financiera. Según la narrativa oficial, el ministro garantizó la equidad en el acceso y enfrentó a los actores privados del sector.
No obstante, el relato del Ejecutivo choca de frente con los indicadores definitivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La gestión de Jaramillo, leída por gremios y analistas como la de un operador político enfocado en la estatización forzosa más que en la administración técnica, deja un saldo operativo golpeado por la escasez de medicamentos, la saturación hospitalaria y la pérdida acelerada de cobertura.
El contraste entre el discurso oficial de Jaramillo y la pérdida de un millón de afiliados
Mientras el jefe de Estado resaltaba los avances en prevención territorial, el último informe del observatorio Así Vamos en Salud reveló que la cobertura efectiva en el país sufrió un retroceso histórico. El indicador pasó del 99,61 por ciento registrado en junio de 2022 al 98,23 por ciento al cierre del actual Gobierno. Esta reducción porcentual se traduce en más de un millón de colombianos que quedaron por fuera del sistema de salud y perdieron la protección ante contingencias médicas.
El impacto en la prestación de servicios también se sintió en la atención ambulatoria, donde se registró una caída superior a los cuatro millones de citas y procedimientos no concretados. La parálisis administrativa llevó a los usuarios a acudir masivamente a los estrados judiciales para reclamar la entrega de insumos básicos o autorizaciones de cirugía, llevando el indicador de tutelas en salud a la cifra récord de 312.573 en un solo año, un incremento del 100 por ciento frente al inicio del periodo presidencial.
La quiebra del modelo estatal y el boquete fiscal de 33 billones
La estrategia de tomar el control directo de las aseguradoras mediante la intervención forzosa tampoco entregó los resultados prometidos por el Ministerio. Con la intervención de nueve entidades —entre ellas Nueva EPS y Sanitas— el Estado pasó a administrar la salud de más de 25 millones de personas. Sin embargo, las cifras de la Superintendencia confirman que el 60 por ciento de las tutelas radicadas en el país corresponden a usuarios de EPS manejadas por la burocracia estatal, donde las quejas por demoras y desatención se multiplicaron.
El balance financiero de la era Jaramillo deja una red hospitalaria pública y privada con deudas acumuladas que superan los 33 billones de pesos, lo que mantiene en riesgo de cierre a cientos de clínicas y centros de atención a nivel nacional. La condecoración otorgada por el presidente Petro cierra así un ciclo donde la defensa ideológica de la reforma primó sobre la sostenibilidad financiera y la atención oportuna a los pacientes.
