Pataleta jurídica: el petrismo activa sus abogados para intentar tumbar la elección de De la Espriella
Por Juan Valencia -Redacción política- La derrota electoral del pasado domingo sigue sin ser digerida por el Palacio de Nariño. En lugar de aceptar los resultados bajo las reglas del juego democrático, el presidente Gustavo Petro y su círculo de abogados han decidido trasladar la batalla de las urnas a los estrados judiciales.
A través de una ofensiva legal, liderada por el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez,el oficialismo busca a toda costa anular la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella, impulsando una narrativa de supuestas irregularidades para forzar la convocatoria de unas nuevas elecciones. Así lo contó Pérez en entrevista con BluRadio, lo que para muchos es una jugada desesperada, para otros representa un peligroso precedente de inestabilidad institucional a solo semanas del cambio de mando del 7 de agosto.
Los argumentos del petrismo, ventilados a través de sectores afines y abogados de su campaña, insisten en un presunto fraude generalizado y vicios en el proceso de escrutinio. Sin embargo, desde la Registraduría Nacional y diversas veedurías independientes se ha enfatizado que los votos consolidados en las actas oficiales coinciden plenamente con el veredicto popular y que las variaciones del preconteo entran dentro de los márgenes normales de cualquier jornada electoral.
La estrategia de desconocimiento judicial no hace más que profundizar la zozobra y la crispación en un país que reclama con urgencia certezas políticas y económicas.
Esta agresiva estrategia de los abogados del Gobierno se suma al llamado de desobediencia civil que ya venía promoviendo el senador Iván Cepeda y que alimenta la narrativa de fraude y una escalada de violencia en contra del gobierno del presidente electo De la Espriella.
Mientras el presidente entrante avanza en la estructuración de sus primeras medidas —como el polémico Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana—, el mandatario saliente parece empeñado en minar la legitimidad de su sucesor antes de que pise la Casa de Nariño. Intentar tumbar en los escritorios lo que se definió en las urnas no solo estira de forma irresponsable la polarización, sino que amenaza con sumergir a Colombia en un limbo institucional de consecuencias impredecibles.
