¿Favores políticos? Galán en la mira del CNE por millonarios aportes de Colpatria y Grupo Bolívar
El CNE abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá tras denuncias por aportes fragmentados que habrían violado los topes legales de particulares. La lupa está sobre millonarios contratos distritales entregados a las filiales de los mismos conglomerados que financiaron su campaña.
Por Juan Valencia -Redacción Política / El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2023. La lupa de las autoridades electorales no apunta a un error menor de contabilidad, sino a un entramado de aportes económicos fragmentados provenientes de dos de los conglomerados financieros más poderosos del país: Mercantil Colpatria y el Grupo Bolívar (incluyendo firmas como Davivienda y Seguros Bolívar).
La gravedad de la denuncia, interpuesta por el concejal Angelo Schiavenato, radica en que estas empresas habrían violado presuntamente el tope legal permitido del 2% fijado para particulares que contratan con el Estado.
Según el expediente, la campaña de Galán recibió una suma cercana a los 350 millones de pesos por parte de este mismo entramado empresarial, superando con creces el límite de 105 millones de pesos permitido por la ley para este tipo de aportantes privados. La hipótesis bajo investigación apunta a que las donaciones se habrían “licuado” o fragmentado a través de diferentes filiales para camuflar el exceso de capital y esquivar los controles electorales.
El verdadero sismo político y jurídico estalló al revisar lo ocurrido tras la posesión del mandatario. La denuncia pone bajo sospecha un millonario contrato adjudicado en 2024 por la administración distrital al Banco Davivienda (miembro del Grupo Bolívar) para administrar el multimillonario fondo de pensiones públicas de Bogotá (FONSEB). Esta coincidencia temporal ha levantado serias sospechas sobre un presunto “interés indebido en la celebración de contratos”, sugiriendo que la millonaria adjudicación de los recursos públicos pudo haber sido un pago de favores a los mismos bancos que financiaron su llegada al Palacio de Liévano.
Ante el tamaño del escándalo, Galán emitió un comunicado asegurando que cumplió estrictamente con la ley contractual y de topes electorales, manifestando su total disposición para atender el caso.
Sin embargo, la dimensión del problema ya trascendió el plano administrativo: la gravedad de los hallazgos llevó al CNE a compulsar copias de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General para que investiguen posibles delitos penales y fiscales. El alcalde de la capital arranca el segundo tramo de su mandato bajo una sombra de sospecha que pone en juego la transparencia del Nuevo Liberalismo frente al gran capital privado.
