Cuando la Fiscalía le pone fecha de caducidad a la mesa de Calarcá
La confirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre el contenido de los computadores incautados a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, no llegó como un trueno inesperado, sino como la culminación lógica de una tensión que venía gestándose en silencio.
La validación de hallazgos graves en los dispositivos del comandante disidente no es solo un dato judicial: es un termómetro político que obliga al gobierno de Petro a elegir entre blindar el proceso de paz a cualquier costo o asumir que la legitimidad de un acuerdo depende de la credibilidad de quienes lo firman.
Por: Análisis Político EL7.NEWS
La confirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre el contenido de los computadores incautados a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, no llegó como un trueno inesperado, sino como la culminación lógica de una tensión que venía gestándose en silencio. Mientras el comandante disidente representaba a su facción en la mesa de diálogos de la “Paz Total”, en los laboratorios forenses de Bogotá se descifraba una información que hoy la fiscal Luz Adriana Camargo no duda en calificar para El Espectador como “muy grave para estar en una negociación”. Entre esos archivos: comunicaciones con altos mandos del Estado y presuntas órdenes de homicidio contra líderes sociales.
Este cruce de caminos entre la justicia técnica y la voluntad política define, más que el destino de un hombre, el límite ético de un modelo de paz. Porque el dilema ya no es si Calarcá debe seguir sentado en Campo Hermoso, Caquetá. La pregunta de fondo es otra: ¿puede un gobierno construir legitimidad internacional y confianza ciudadana si para hacerlo debe ignorar evidencias judiciales que apuntan a crímenes de lesa humanidad?
Casa de Nariño en silencio sobre Calarcá
La respuesta que dé el Ejecutivo en los próximos días tendrá consecuencias que trascienden este caso. Para el sistema de justicia, representa una prueba de fuego: si la Fiscalía avanza con la solicitud de reactivar la orden de captura y el Palacio la bloquea, se abrirá una grieta entre ramas del poder que podría erosionar la credibilidad del Estado de Derecho. Para la negociación, el riesgo es igualmente alto. Otros actores armados observan este episodio como precedente. Si perciben que la permanencia en la mesa depende más de la conveniencia política que del cumplimiento de criterios objetivos, se incentivará una estrategia recurrente en la historia colombiana: negociar para ganar tiempo, no para transformar realidades.
Mientras en Bogotá se discute sobre protocolos y declaraciones, en los territorios la dinámica es otra. Zonas del Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, donde el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) mantiene presencia operativa, siguen siendo escenarios de disputa por economías ilegales, control social y disputas armadas. La paradoja es evidente: un interlocutor de paz que, según informes de inteligencia, sigue reclutando menores y emitiendo panfletos con normas de comportamiento para comunidades rurales. No se trata de descalificar de entrada la vía del diálogo, sino de exigir que la verificación de hechos en el terreno sea la brújula del proceso, no la retórica de los comunicados.
¿Se convirtió Calarcá en un operador político del petrismo y su posible sucesor?
Mesa de negociación entre el Gobierno y la disidencia de ‘Calarcá’.
El presidente Gustavo Petro enfrentó inicialmente las revelaciones sobre Calarcá atribuyéndolas a “operaciones de inteligencia extranjera”. Sin embargo, la validación técnica de la Fiscalía debilita esa narrativa y coloca al gobierno ante una disyuntiva incómoda: insistir en la mesa con un interlocutor bajo investigación por crímenes graves, o asumir el costo político de reorientar la estrategia. La jefa negociadora Gloria Quiceno ha defendido la continuidad de los diálogos argumentando que ha visto “una persona dispuesta” por parte del EMBF. Pero la disposición no basta cuando las evidencias apuntan a prácticas que contradicen el espíritu mismo de un acuerdo de paz. Calarcá por su parte defiende al gobierno Petro y se la juega por su continuidad como ha dicho en varias entrevistas, todo esto mientras las revelaciones de Noticias Caracol demuestran con chats obtenidos de su celular incautado como ordena asesinatos, reclutamiento de menores y compra de armamento pesado.
Lo que está en juego no es solo el futuro de esta mesa específica. Es la credibilidad de todo el esquema de “Paz Total”. Si la ciudadanía percibe que el gobierno negocia con actores que mantienen estructuras criminales activas, sin mecanismos robustos de verificación ni consecuencias por incumplimientos, se alimentará el escepticismo que ya rodea a los procesos de paz en Colombia. Por el contrario, si se logra establecer un equilibrio entre la apertura al diálogo y la exigencia de garantías, se podría sentar un precedente valioso para negociaciones futuras. Por ahora se demuestra que con Calarcá el negocio es otro, una aparente mesa mientras continúa con su actividad criminal a cambio de apoyo, tanto así que ya es un hecho las filtraciones a su organización ante operaciones militares en su contra.
La Fiscalía ha anunciado que, si el Gobierno no reactiva la orden de captura contra Calarcá, lo hará de oficio. Ese reloj corre. Y con cada hora que pasa, la pregunta se vuelve más urgente: ¿estamos construyendo paz o legitimando nuevas formas de poder criminal bajo el manto de la negociación?
En 7.NEWS seguiremos este caso con una agenda clara: monitorear los pasos de la Fiscalía, documentar la respuesta del Palacio, registrar la reacción de organismos internacionales y, sobre todo, darle voz a las comunidades que viven en zonas de influencia del EMBF. Porque la paz no se firma en un papel; se construye con hechos verificables en los territorios. Y mientras esos hechos no sean contundentes, la duda seguirá siendo el mejor antídoto contra la ingenuidad política.
