Galán and Co brindan por los nuevos impuestos que usted va a pagar
Por Juan Valencia Redacción Política / El Concejo de Bogotá le dio luz verde al grueso de la reforma tributaria de Carlos Fernando Galán, con 24 votos a favor y 20 en contra para el punto más polémico, la sobretasa de alumbrado público que se cobrará desde el 1 de enero de 2027 a través del predial. Estratos 4, 5 y 6 pagarán entre 133.000 y 348.000 pesos al año, los predios comerciales hasta 807.000 pesos, los industriales 1,67 millones, el sector financiero 2,34 millones y los lotes cerca de 578.000 pesos.
Junto con esa sobretasa pasó un alza del ICA que sube la tarifa al sector financiero de 14 a 20 por mil y encarece hasta un 59,4 por ciento el impuesto para la venta de vehículos, mientras que el 82 por ciento del comercio y el 89 por ciento de la industria reciben rebajas. Y por si algo faltaba, también se aprobó una exención de ICA para las empresas que inviertan más de 4.600 millones de pesos en la ciudad, el típico premio a quien ya tiene músculo financiero mientras la clase media asume la factura del resto.
La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, celebró la aprobación como un hito para la ciudad. Del otro lado, el concejal Julián Espinosa advirtió que hay adultos mayores en pobreza oculta en estratos como el 4 que ahora tendrán que asumir la sobretasa, y la concejal Diana Diago fue más lejos al decir que la reforma golpea el tejido productivo de la ciudad.
Entre esas dos versiones queda el bogotano de a pie, el que no es rico pero tampoco cabe en el discurso de la vulnerabilidad, pagando otra vez la cuenta de una administración que necesita plata y no tiene ningún reparo en buscarla en el mismo bolsillo de siempre. El alcalde Galán hizo pedagogía de su tributaria acudiendo a rebajas en comparendos de transito, interesante paradoja mientras llena la ciudad de más fotocámaras para facturar.
Un negocio que no nació de una necesidad
Lo que vende la Alcaldía es una modernización tecnológica, luminarias LED, telegestión, cámaras de seguridad y una red de sensores para convertir el alumbrado en una plataforma inteligente. Suena bien en el papel.
El problema es que este proyecto no salió de un diagnóstico urgente de la ciudad, salió de la promesa de campaña de Galán de convertir a Bogotá en una “ciudad inteligente”, una bandera política antes que una prioridad real frente a los problemas que sí sienten los bogotanos, como la movilidad, la inseguridad o el costo de vida. Bogotá llevaba 29 años sin tocar este esquema y de repente, justo cuando se necesita explicarle a la ciudadanía por qué debe pagar más, aparece la urgencia tecnológica.
Ahí es donde entra la pregunta que nadie en el Concejo quiso hacer en voz alta, quién ya tiene amarrado el contrato de modernización del alumbrado inteligente. Trasciende que el negocio de la iluminación inteligente ya tendría dueño, y que detrás de la premura por sacar adelante esta reforma no hay una necesidad urgente de la ciudad sino un compromiso de campaña que hay que honrar.
No sorprende entonces que hasta Enrique Peñalosa, histórico defensor de las grandes obras de infraestructura urbana en Bogotá, haya salido a respaldar la iniciativa, una señal de que detrás de este “hito” tecnológico hay intereses que trascienden el simple mejoramiento del servicio de luz en la ciudad.
Lo que nadie explica de Enel
Hay una coincidencia que nadie en el Concejo quiso poner sobre la mesa. El Convenio 766 de 1997 con Enel Colombia, el operador que hoy administra el alumbrado público de la ciudad, vence el 30 de noviembre de 2026.
Justo un mes antes de que entre en vigencia la nueva sobretasa, el 1 de enero de 2027. La UAESP dice estar estructurando “una transición ordenada” hacia un nuevo modelo de mediano y largo plazo.
Pero la pregunta que le queda al bogotano que va a pagar más en su predial es simple, ¿quién entra a operar ese negocio cuando salga Enel, y con qué garantías de transparencia se va a entregar un contrato que se financia con la plata de todos?
Una ciudad que no camina segura ni limpia
Mientras se discute quién se va a quedar con el negocio del alumbrado, Bogotá sigue siendo una ciudad en obra permanente, con vías deterioradas, insegura y cada vez más difícil de habitar para quien la recorre todos los días.
Daniel Briceño, hoy representante a la Cámara y uno de los críticos más constantes de la administración, ha documentado ese deterioro con cifras que Galán no ha logrado desmentir. En materia de seguridad, denunció que los homicidios en Transmilenio aumentaron 200 por ciento y las lesiones personales 94 por ciento, con más de 8.200 hurtos reportados.
La extorsión, según sus denuncias, se disparó 162 por ciento en Fontibón, 98 por ciento en Engativá y 79 por ciento en Suba. La percepción de inseguridad en la ciudad llegó al 48 por ciento, la más alta del país.
Briceño también ha señalado el manejo de la movilidad, calificando de “Secretaría de Inmovilidad” la gestión de semáforos, resaltos y reducción de carriles en una ciudad ya colapsada, y ha denunciado el manejo del espacio público con la frase “Bogotá camina entre basura”, una burla directa al eslogan de campaña de Galán, “Bogotá camina segura”.
Sobre esta misma reforma tributaria, ha sido claro al calificarla como una reforma tributaria encubierta, que en el fondo aumenta la carga sobre ciudadanos y empresas sin resolver los problemas de fondo. Ese es el telón de fondo real de esta reforma. Mientras Galán suma nuevos impuestos y anuncia hitos tecnológicos para proyectar una gestión moderna de cara a una eventual aspiración presidencial, la ciudad que gobierna hoy tiene más inseguridad, más basura y más caos vial que hace dos años.
Cobrarle más a la clase media bogotana para financiar un alumbrado inteligente, mientras la seguridad, la movilidad y el aseo básico siguen sin resolverse, no es modernización, es maquillaje fiscal sobre una gestión que todavía tiene que demostrar resultados en lo esencial antes de pedirle más plata a la gente.
