El presupuesto que “no cuadraba”: así justifica el Gobierno un gasto $59 billones más alto que el de Petro

Por Juan Valencia_Redacción Política / El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó este jueves ante el Congreso la nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027, con un monto de $634,9 billones. La cifra no es un dato cualquiera: es $59,3 billones más alta que los $575,6 billones que había dejado listos el gobierno saliente de Gustavo Petro, y el propio Ejecutivo de Abelardo de la Espriella la usa como evidencia de que las cuentas que recibió estaban, en sus palabras, mal calculadas y desfinanciadas.

Por qué el Gobierno pidió devolver el presupuesto de Petro

Antes de llegar a esta cifra, hubo un paso poco común: el 11 de agosto, las comisiones económicas de Senado y Cámara aceptaron la solicitud del propio Gómez Martínez de devolver el proyecto de presupuesto que había radicado el entonces ministro de Hacienda de Petro, Germán Ávila. La razón oficial fue la necesidad de revisar a fondo “las cuentas y las variables” con las que se había construido esa propuesta inicial.

El diagnóstico que encontró el nuevo equipo económico, según explicó el propio Gobierno, fue el siguiente: el proyecto original contemplaba $545,4 billones en ingresos para respaldar $575,6 billones en gastos, dejando un hueco de financiación de $30,2 billones que dependía, en la práctica, de que el Congreso aprobara una nueva reforma tributaria antes de que arrancara el año fiscal.

“Sincerar las cuentas”: la explicación oficial del faltante

El Ministerio de Hacienda ha repetido en estos días una frase que resume su versión de lo ocurrido: hay que “sincerar las cuentas” y “poner la casa en orden”. La tesis del actual Gobierno es que, durante la administración anterior, varios gastos reales del Estado quedaron subestimados o “escondidos bajo la alfombra”, mientras que los ingresos proyectados se calcularon de forma optimista.

Entre los ajustes técnicos que sustentan esa lectura están los supuestos macroeconómicos usados para construir el presupuesto: la estimación de inflación para el cierre de 2026 subió de 6% a 6,6%, y la proyección de crecimiento económico para 2027 bajó de 2,2% a 1,8%. El Gobierno también corrigió el supuesto de tasa de cambio, bajando la TRM promedio prevista para 2026 de $3.757 a $3.400 por dólar, un cambio que reduce los ingresos esperados por IVA externo y aranceles debido a la mayor apreciación del peso.

Los gastos que, según el Gobierno, no estaban reconocidos

Una parte importante del aumento no corresponde a proyectos nuevos, sino a obligaciones que, según el Ejecutivo, ya existían pero no estaban bien calculadas en las cuentas públicas. Entre las más relevantes:

• $9,6 billones para cubrir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una obligación que antes permanecía como un compromiso implícito.
• $6,5 billones adicionales para el pago de pensiones, incluyendo el cálculo actuarial del aumento vegetativo de Colpensiones, que suma más de 90.000 nuevos pensionados cada año.
• $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos.
• $2 billones para el sistema de salud.
• $0,7 billones para universidades públicas.

A esto se suma el impacto fiscal del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, que afectó a 16 departamentos y llevó a la creación del Fondo Milagro de Reconstrucción, respaldado por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica del Decreto 1261 de 2026.

El precio de “sincerar”: más deuda y un déficit fiscal disparado

Aquí está el dato más incómodo de toda la reformulación: el Gobierno decidió no tapar el hueco con una reforma tributaria inmediata, sino con más endeudamiento. Para 2027, Colombia buscará financiamiento por $238 billones, entre deuda interna y externa —esta última superior a los 26.000 millones de dólares—.

El resultado de esa combinación es un déficit fiscal proyectado de 9,4% del PIB para 2027, 4,5 puntos porcentuales por encima de lo que estimaba el gobierno anterior. El propio Ministerio de Hacienda reconoce en el documento que el endeudamiento neto del Gobierno nacional central pasará de 5,5% del PIB, en el proyecto inicial, a 7,3% del PIB en la versión reformulada.

El servicio de la deuda para 2027 se estima en $155,4 billones, de los cuales $94,4 billones son solo intereses y $58,2 billones son amortización de capital. Dicho en otras palabras: el país pagará más en intereses de su deuda de lo que pagará en amortizar el capital que debe, un síntoma clásico de una deuda que crece más rápido de lo que se logra reducir.

¿Y la reforma tributaria de Petro? Se cae del cálculo

Uno de los cambios más significativos es que la nueva versión del presupuesto ya no depende de que el Congreso apruebe una reforma tributaria antes de 2027. El proyecto elimina de los ingresos ciertos $30,2 billones que estaban condicionados a la aprobación de leyes futuras, incluyendo el recaudo de $21,9 billones que se esperaba de la reforma tributaria identificada como Ley 004 de 2026, además de ingresos equivalentes al 1,5% del PIB que dependían de cargas tributarias todavía no aprobadas.

Eso sí: el ajuste fiscal no desaparece, solo cambia de forma. El Gobierno anunció que radicará en las próximas semanas una “Ley de Ajuste Fiscal” con la que busca reducir el gasto en unos $40 billones, aunque advirtió que ese recorte será gradual y no de un solo golpe, para evitar lo que llamó “efectos recesivos” sobre el empleo y la pobreza. El ministro Gómez también dejó abierta la puerta a que esa ley incluya nuevos impuestos, aunque por ahora no hay detalles sobre cuáles serían.

¿A dónde va la plata? Cambian las prioridades

Con el nuevo gobierno también cambia el enfoque de la inversión. El presupuesto de inversión asciende a $86 billones, y ahora los sectores con más protagonismo son Inclusión Social, seguido por Transporte y Trabajo, además de un refuerzo explícito en recursos para la fuerza pública, en línea con la agenda de seguridad que ha marcado al Gobierno de De la Espriella desde su llegada.

El fondo de la polémica

Lo que está en juego en esta discusión no es solo un número más grande en una hoja de cálculo. Es una disputa política de fondo sobre quién le deja qué a quién: el Gobierno actual sostiene que recibió una economía con cuentas maquilladas y una deuda más cara de lo que se admitía públicamente, mientras que la defensa de los cálculos del gobierno anterior tendrá que darse en el debate legislativo que ahora empieza en las comisiones económicas del Congreso.

Lo que sí es un hecho verificable, más allá de la discusión política, es que Colombia entra a 2027 con un presupuesto más alto, un déficit fiscal mayor al proyectado inicialmente y una necesidad de endeudamiento que crece de forma considerable frente a lo que se había anunciado meses atrás.