La jugada de $43 billones en MinHacienda: ¿alivio fiscal para Petro o una hipoteca millonaria para el país?

Una investigación revelada por Bloomberg destapa cómo la jugada de Hacienda con bonos TES por $43.4 billones alivió la caja de hoy, pero dejó al país amarrado a tasas del 12%. El caso ya está en manos de la Procuraduría y se revisa si hubo direccionamiento a terceros.

Por Redacción Económica / En las finanzas públicas —al igual que en el presupuesto de cualquier hogar— diferir las deudas para aliviar las cuotas del presente puede salir astronómicamente caro a futuro. Eso fue precisamente lo que concluyó la Contraloría General de la República al auditar una gigantesca operación de manejo de deuda ejecutada por el Ministerio de Hacienda en octubre pasado, cuyos hallazgos acaban de encender las alarmas en el control disciplinario del Estado.

Según reveló una reciente investigación de la agencia periodística Bloomberg, el órgano de control fiscal compulsó copias del caso a la Procuraduría General de la Nación para que determine si altos funcionarios del Ministerio incurrieron en faltas disciplinarias. ¿El motivo? Un canje de bonos que, si bien le dio un respiro inmediato de liquidez al Gobierno, habría terminado sacrificando la sostenibilidad fiscal de las próximas administraciones.

La jugada matemática: menos saldo, pero cuotas mucho más altas

Para entender la controversia hay que mirar los números. En octubre del año pasado, la Dirección de Crédito Público —liderada por Javier Cuéllar— realizó una transacción de filigrana financiera: cambió títulos de deuda pública local (conocidos como TES) por un valor de $43.4 billones de pesos por nuevos papeles por $35.4 billones.

Sobre el papel, la movida parecía una jugada maestra: el Gobierno logró reducir de un plumazo el saldo nominal de la deuda interna en unos $8 billones de pesos y pateó los vencimientos inmediatos hacia el futuro.

Sin embargo, el “pequeño detalle” que detectó la Contraloría está en los intereses:

• Los bonos que el Gobierno entregó pagaban un interés (cupón) promedio del 7.25%.
• Los nuevos bonos que emitió para reemplazar los anteriores terminaron pactándose a tasas del 11.75% y hasta el 12%.

Esta diferencia en la tasa de interés significará que el país tendrá que pagar cerca de $316.500 millones de pesos adicionales cada año solo en servicio de deuda. En términos sencillos: se redujo el monto prestado, pero la tasa quedó tan alta que la factura anual se disparó, limitando el dinero disponible para inversión social en los próximos años.

¿Error de cálculo o un negocio redondo para terceros?

Más allá del debate técnico sobre la liquidez, en los pasillos de Wall Street y la Bolsa de Valores de Colombia hay una máxima no escrita: donde el Estado pierde por pagar intereses más altos, alguien siempre gana. La pregunta incómoda que hoy ronda los corrillos financieros es si este canje fue simplemente una maniobra desesperada de caja o si, detrás del intercambio de títulos a tasas apetitosas del 12%, se esconden intereses para favorecer a grandes fondos de inversión y comisionistas.

En este tipo de operaciones de filigrana, la emisión de nuevos papeles a tasas superiores al mercado no solo asegura rendimientos extraordinarios para tenedores privados a costa del erario público, sino que deja sobre el tapete las sospechas sobre eventuales acuerdos, intermediaciones y jugosas comisiones a futuro.

Un dilema constitucional y un precedente para el país

Para la Contraloría, aunque la operación cumplió con las reglas formales de endeudamiento, vulneró principios constitucionales al trasladar cargas financieras excesivas a los gobiernos venideros a cambio de un alivio de caja en el presente.

“Las operaciones de manejo de deuda pública que trasladen excesivamente las cargas financieras hacia el futuro, mediante aumentos sustanciales en el servicio de la deuda, acumulación desproporcionada de intereses o diferimiento irrazonable de obligaciones fiscales, pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal”, advirtió el organismo de control en el documento enviado a la Procuraduría.

El ente fiscalizador también cuestionó que se utilizaran títulos de corto plazo (diseñados para problemas temporales de liquidez) para canjearlos por deuda a largo plazo, convirtiendo un alivio pasajero en una obligación permanente.

La defensa de Hacienda: “Eran las reglas del mercado”

El Ministerio de Hacienda no se quedó callado y rechazó tajantemente las conclusiones del auditor. Según la entidad, la prioridad de la operación era mitigar los riesgos de refinanciación y extender los plazos de vencimiento en medio de un panorama económico complejo, marcado por un déficit fiscal primario que alcanzó el 3.5% del PIB en 2025 y un débil recaudo tributario.

Desde el Gobierno argumentaron que las altas tasas del 12% no fueron un capricho, sino el reflejo de las duras condiciones del mercado en ese momento. Emitir bonos con intereses artificialmente más bajos habría obligado a venderlos con un descuento muy grande, obligando al Estado a endeudarse por un monto nominal mucho mayor para conseguir los mismos recursos.

A pesar de las explicaciones oficiales, la Contraloría desestimó los argumentos al considerar que el bienestar financiero del país no puede medirse solo por la urgencia de caja del momento.

Ahora la pelota está en la cancha de la Procuraduría, en un expediente que promete sentar un precedente histórico sobre cómo los gestores de la deuda pública deberán balancear la necesidad de liquidez de hoy con la responsabilidad fiscal del mañana.