Un presidente candidato, un candidato mudo y un juego de inmunidad

En momentos en que vemos a un presidente en estado de agitación y desesperación por impulsar al candidato de su colectividad, es clave hacer una pausa y preguntar: ¿qué quedó realmente del mandato de Gustavo Petro?

La respuesta no está en sus discursos ni en las promesas de campaña, sino en las cifras frías de una gestión que ha enterrado fiscalmente al país. Funcionarios y ministros han priorizado mostrar logros que no existen, sostenidos únicamente por relatos vacíos que sepultan cualquier intento real de cambio. Un mandato marcado por la improvisación constante y los escándalos de corrupción, todo ello visible para el público con estadísticas y hechos que no admiten réplica.

Esa misma desesperación explica por qué Petro ha salido a entrevistas, trina sobre trenes imposibles, fibra óptica en ríos y se erige como mesías ante la crisis boliviana. Sus intervenciones, como las recientes en medios, no son diálogos abiertos: se realizan en ambientes controlados, con preguntas mayoritariamente blandas —salvo algún intento calculado de ser “picante”— y con tiempos de respuesta tan generosos que le permiten extenderse sin contrapeso ni réplica.

Esa crisis de resultados es la que explica, sin rodeos, por qué Petro ha salido a hacer campaña por Iván Cepeda como si de su propia reelección se tratara. No es un acto de lealtad partidista: es una maniobra de supervivencia. Frente al cerco judicial que ya toca a su familia, sus ministros y sus operadores, el mandatario busca garantizar un sucesor que lo blinde políticamente y le asegure un espacio de inmunidad en el próximo gobierno. Para Petro, entregar el poder a Cepeda no es cederlo, es protegerlo.

Y en esa jugada, Petro encuentra eco en sectores del santismo, para quienes Cepeda representa la validación de un proceso de paz que, en el papel, cerró un ciclo, pero que en el terreno dejó estructuras criminales mutadas, no desmanteladas. No es casual que Juan Fernando Cristo —exministro y operador clave de aquel acuerdo— esté hoy en la campaña: hay un interés compartido en blindar un legado que, más allá de los foros internacionales, sigue pendiente en los territorios.

La realidad en el terreno, sin embargo, desmiente el relato. Ese mismo proceso que pensionó a los antiguos mandos guerrilleros permitió que sus estructuras operativas se mutaran, se fortalecieran y hoy controlen territorios enteros bajo nuevas siglas y viejos métodos. Los que firmaron en Cartagena hoy disfrutan de esquemas de protección en Bogotá, mientras sus hombres de confianza siguen cobrando vacunas, reclutando menores y ejecutando a quienes se cruzan en su camino. El asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño no fue un hecho aislado: fue un mensaje. La infiltración de Calarcá en instituciones locales lo ratifica. Y el terror impuesto por “Iván Mordisco” en el suroccidente, con poblaciones enteras bajo toques de queda informales y economías ilícitas intocables, es la prueba de que la paz jurídica nunca fue paz territorial.

Esta es la reconciliación que sectores del establecimiento quieren vender y que Petro celebra en sus discursos: una narrativa blindada para el consumo externo, mientras en los territorios los colombianos siguen enterrando a sus hijos. Cepeda, heredero político de ese proceso y arquitecto de la Paz Total, sería la validación definitiva del pacto. Pero avalar acuerdos que no desmantelaron el crimen, que no devolvieron la seguridad a las regiones y que permitieron la mutación del conflicto en lugar de su resolución, no es un triunfo: es una estafa moral.

En el centro de este desorden está Petro: un líder populista que ha perfeccionado el arte de presentarse como víctima, como perseguido por las élites, para desviar la atención de lo único que importa: la ineficacia de su gobierno. Cada escándalo de corrupción que salpica a su círculo es respondido con un relato de persecución política. No con auditorías, no con transparencia, no con rendición de cuentas. La estrategia es simple: si no puedes explicar los resultados, culpa al mensajero. Así, mientras el país se pregunta por qué la deuda crece a tasas sin precedentes, por qué el crédito se encarece y por qué la Fiscalía parece tener memoria selectiva, el presidente y los suyos siguen hablando de complots, de fascismo, de enemigos imaginarios.

El silencio de Cepeda frente a este panorama antes de la primera vuelta no es prudencia: es complicidad. Mientras su campaña consume millones y las encuestas —muchas impulsadas desde el oficialismo— lo muestran como líder, evita pronunciarse sobre los nudos críticos que heredará. Prefiere refugiarse en diálogos cómodos donde el debate se reduce, casi por encargo, a tres palabras: Álvaro Uribe Vélez. Y aquí salta la otra cara de la moneda: la oposición tampoco habla de lo que realmente importa.

Los candidatos que hoy critican al gobierno esquivan las preguntas incómodas que definirán al próximo inquilino de la Casa de Nariño. ¿Qué harán frente al desastre fiscal que dejan? ¿Cómo sanearán las cuentas sin ahogar a la clase media? ¿Qué harán con los funcionarios corruptos ante los cuales la Fiscalía parece haber perdido la brújula? Un ejemplo claro: ¿irán por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, hasta Nicaragua para traerlo a rendir cuentas, o dejarán que siga disfrutando de refugio mientras el Estado paga los platos rotos?

Las interrogantes se multiplican en el tablero regional. ¿Cómo enfrentarán a una nueva cúpula chavista que, paradójicamente fortalecida por la presión de Washington, sigue dando refugio al ELN y convierte a Venezuela en una amenaza directa a la seguridad fronteriza colombiana? ¿Frenarán la compra de los aviones de combate suecos, rodeada de rumores de sobrecostos y comisiones para cercanos al presidente? ¿O repetirán la misma receta de opacidad que ha marcado este cuatrienio?

Son preguntas sin respuesta. Y mientras los candidatos guardan silencio, los colombianos siguen esperando. Las elecciones de 2026 no son una disputa de narrativas ni de encuestas pagadas: son un referendo sobre la capacidad del Estado para cumplir lo que promete. Si Cepeda llega al poder, heredará un país con expectativas altas, arcas vacías y la carga de validar un proceso de paz que, en la práctica, dejó más tumbas que logros. Si gana la oposición, tendrá el desafío de reconstruir confianza sin caer en fórmulas agotadas.

En cualquiera de los escenarios, hay una verdad ineludible: los colombianos no votan con discursos. Votan con el bolsillo, con la seguridad de sus barrios y con la esperanza de que el Estado funcione. La pregunta final no es quién lidera los sondeos hoy, sino quién tiene un plan concreto para gobernar mañana. Porque las urnas no premian los relatos, premian los resultados. Y los resultados, hasta ahora, siguen siendo la materia pendiente. La reconciliación no se construye con premios internacionales, ni con victimismos calculados, ni con silencios cómplices. Se construye con justicia, con transparencia y con hechos. Todo lo demás es humo. Y el humo, por denso que sea, se disipa. Lo que queda, al final, son las cuentas. Y esas, tarde o temprano, hay que pagarlas.

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