Un año después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, Colombia se pregunta: ¿quién dio la orden?

María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado, reveló que la Fiscalía investiga la hipótesis de que sectores del Gobierno habrían participado en la planeación del magnicidio. Mientras tanto, Colombia recuerda a la figura política que prometía cambiar el rumbo de las elecciones de 2026.

Redacción política / Han pasado exactamente 365 días desde que una tarde de sábado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, tres disparos por la espalda —dos de ellos en la cabeza— silenciaron a una de las voces más potentes de la oposición colombiana. Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial del Centro Democrático, caía herido sobre una tarima improvisada mientras hablaba con sus seguidores. Tenía 39 años, una carrera política en ascenso y un apellido que pesaba en la historia del país: era bisnieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982 bajo uno de los periodos más duros de confrontación con las guerrillas.

Dos meses después, el 11 de agosto de 2025, Uribe Turbay murió en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Los médicos no pudieron detener el sangrado intracerebral agudo ni el edema cerebral persistente que lo mantenía en estado crítico desde el atentado. Colombia entera se paralizó. El país que apenas comenzaba a asomarse a las elecciones presidenciales de 2026 perdía a uno de sus protagonistas más visibles, y la campaña electoral quedaba marcada para siempre por la violencia política que muchos creían superada.

La hipótesis que nadie quería nombrar

A pocos días de cumplirse el primer aniversario, María Claudia Tarazona rompió el silencio en una entrevista con Blu Radio y soltó la bomba política que venía sonando en los pasillos del Capitolio pero que nadie se atrevía a decir en voz alta: la Fiscalía está investigando si el asesinato de su esposo fue un crimen de Estado.

La viuda del senador explicó que, tras reunirse con el equipo especializado de investigación, le confirmaron que entre las líneas de análisis existe la posibilidad de que sectores del Gobierno nacional hayan intervenido en la planeación del magnicidio. No lo dijo como una certeza absoluta —aclaró que se trata de una hipótesis de investigación—, pero tampoco lo insinuó: afirmó que la Fiscalía maneja la posibilidad de que el Gobierno haya dado la orden y se haya reunido para planear el asesinato de Miguel.

Lo más inquietante de sus declaraciones fue el matiz. Tarazona reconoció que los autores materiales podrían estar vinculados a estructuras de la Segunda Marquetalia, el grupo disidente de las FARC que retomó las armas en 2019 bajo el liderazgo de Iván Márquez. Sin embargo, advirtió que quienes apretaron el gatillo no necesariamente serían los autores intelectuales. En otras palabras: la bala pudo haber salido de un arma de la disidencia, pero la mano que movió los hilos podría estar mucho más cerca del poder de lo que cualquiera imaginaba.

La Segunda Marquetalia y el simbolismo de la muerte

Para entender por qué la muerte de Miguel Uribe tiene un peso tan específico, hay que mirar quién era él y qué representaba. Uribe Turbay no era un político cualquiera. Era la encarnación de tres cosas que la Segunda Marquetalia y otros grupos armados han combatido históricamente: la oposición frontal a los acuerdos de paz, la herencia de una familia que simboliza la mano dura contra la insurgencia, y la nueva generación de la derecha colombiana que prometía llegar a la Casa de Nariño en 2026.

El Centro Democrático, el partido por el que Miguel hacía campaña, fue el principal opositor al Acuerdo de Paz de 2016, el mismo acuerdo que la Segunda Marquetalia rechazó para volver a las armas. Matar a uno de sus precandidatos más fuertes era enviar un mensaje claro: quien se oponga a la agenda de paz con las disidencias puede pagar con su vida.

Pero además estaba el peso del apellido. Los Turbay Ayala representan una de las familias más emblemáticas del establecimiento político colombiano, con una historia de confrontación directa con las guerrillas que se remonta al Estatuto de Seguridad implementado por el abuelo de Miguel durante su presidencia. Ajustar cuentas con un Turbay Uribe era, para las disidencias y afectos a su proyecto, un acto de venganza histórica.

Y estaba, finalmente, el momento político. Miguel Uribe era uno de los precandidatos con mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta presidencial. Eliminarlo en plena campaña, a plena luz del día y en medio de un acto público, era una advertencia para cualquier otro político que se atreviera a cuestionar los procesos de negociación con grupos armados.

Los autores intelectuales sabían, que además del miedo, vendría una guerra intestina en el Centro Democrático para quedarse en su lugar dejando un movimiento golpeado en su interior, sin un candidato claro y con la necesidad de sacar al ruedo a Álvaro Uribe Vélez para entonces poder golpearlo con fuerza en las calles y en los estrados.

Los autores materiales y las capturas por el asesinato de Miguel Uribe

Las autoridades actuaron con rapidez tras el atentado. Un menor de 15 años, alias Tianz, fue capturado casi de inmediato como responsable material de los disparos. En un video grabado durante su arresto, el joven confesó que había actuado por dinero, pagado por un narcotraficante. Cuatro personas más han sido detenidas en el marco de la investigación.

La Policía Nacional, a través de su director Carlos Triana, señaló semanas antes de la muerte de Uribe que la principal línea investigativa apuntaba a la Segunda Marquetalia como responsable intelectual del crimen. En marzo de 2026, la Justicia ordenó la captura de siete mandos de la disidencia, incluidos nombres como Simeón Pérez Marroquín y alias “El Viejo”, quienes en interrogatorios habrían confesado que el grupo ordenó el atentado. Van 5 condenas y un total de 17 implicados.

Sin embargo, ni la Segunda Marquetalia ni ningún otro grupo armado se ha adjudicado oficialmente el asesinato, es más desde la administración Petro se han movido teorías de supuestas muertes de los líderes de este grupo, cabecillas que desde hace años estaban ubicados por los servicios de Inteligencia en Venezuela, con total protección del gobierno de Nicolás Maduro, situación que seguiría ahora con el protectorado bajo el mando de Delcy Rodríguez.

Un homenaje legislativo a pocos días del aniversario

En medio de la controversia, el Congreso de la República aprobó y el Gobierno sancionó la Ley Miguel Uribe Turbay, una norma que busca rendir homenaje al senador asesinado. La ley fue sancionada el 28 de mayo de 2026, apenas nueve días antes de que se cumpliera el primer aniversario del atentado, en un gesto que muchos leyeron como un intento del Gobierno por desactivar la tensión política que se venía cocinando alrededor del caso.

Un país que no olvida, pero que tampoco entiende

Mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas, verificando información y explorando todas las líneas de investigación —incluida la escalofriante hipótesis del crimen de Estado—, la pregunta que queda flotando en el aire es la misma que se hizo su viuda en Blu Radio: ¿fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay un crimen de Estado?

La respuesta, si es que llega, podría reescribir la historia política reciente del país. Mientras tanto, Colombia recuerda a un hombre que prometía cambiar el rumbo de las elecciones de 2026 y que terminó convirtiéndose en el símbolo de una violencia que muchos creían enterrada. Un año después, su muerte sigue siendo una herida abierta, una pregunta sin respuesta y, para muchos, la prueba de que en Colombia la política todavía se paga con sangre.