Petro logra que Fiscalía suspenda capturas a 23 voceros criminales de Medellín en plena campaña electoral
La Fiscalía General de la Nación oficializó este martes la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, en respuesta a una solicitud formal del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida, solicitada por el Gobierno nacional a la Fiscalía bajo la Ley de Paz Total, beneficia a voceros de estructuras como ‘La Oficina’ y ‘La Terraza’. Autoridades locales denuncian riesgos de reconfiguración criminal en año electoral.
La Fiscalía General de la Nación oficializó este martes la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, en respuesta a una solicitud formal del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La resolución, emitida el 27 de marzo, se enmarca en la estrategia de “paz urbana” que busca explorar vías de sometimiento a la justicia de bandas urbanas sin desmovilización colectiva.
La medida beneficia exclusivamente a personas designadas por la Consejería Presidencial para la Estabilidad y la Consolidación como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en la región. Entre los nombres figuran alias reconocidos en el bajo mundo antioqueño: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Tom’, ‘Clemente’, ‘Iván el Barbado’, ‘El Abogado’, ‘Mundo Malo’ y ‘Naranjo’, entre otros.
Según el documento oficial, la suspensión es “temporal, limitada y condicionada exclusivamente” al avance de las negociaciones. Su vigencia inicial es de seis meses, prorrogable según evalúen el Gobierno y el ente investigador el cumplimiento de compromisos adquiridos por los interlocutores, que incluyen desescalamiento de violencia urbana, facilitación de la intervención institucional y verificación de intención de sometimiento a la justicia.
Siete beneficiarios ya recuperaron la libertad
De los 23 cabecillas favorecidos, siete se encuentran en libertad por cumplimiento de penas, aunque permanecen vinculados al proceso de diálogo. Se trata de alias ‘El Montañero’, ‘Alber’, ‘Mundo Malo’, ‘Clemente’, ‘El Abogado’, ‘Naranjo’ y ‘Perica’. Según registros judiciales consultados, algunos habrían salido del país por motivos personales, sin que esté clara su función actual en el marco de las conversaciones.
El resto permanece privado de la libertad en la cárcel de Itagüí, sede de la mesa de negociación sociojurídica instalada en junio de 2023. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz destacó que la presencia de estos voceros “ha sido fundamental” para construir compromisos orientados a la desarticulación de estructuras armadas y la transformación de economías ilícitas.
Rechazo de autoridades locales en año electoral
La decisión generó críticas inmediatas de mandatarios regionales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la medida como “un agravio para las víctimas y la ciudad” y advirtió que estas organizaciones podrían incidir en el proceso electoral mientras continúan cometiendo delitos como homicidios, extorsión y explotación de menores.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó preocupación por el impacto en la seguridad: “Favores se pagan con favores. En plena época electoral, suspenden órdenes de captura a criminales responsables de homicidios, desapariciones y narcotráfico”. Rendón alertó que, al recuperar margen de movilidad, existe un alto riesgo de reconfiguración y fortalecimiento de las estructuras criminales en el departamento.
Desde el oficialismo, la senadora Isabel Zuleta, quien lidera la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, defendió el proceso y llamó a la responsabilidad en el tratamiento informativo del tema. “La mentira, la manipulación de información, la falsedad como ataque a la esperanza y el derecho a la paz deberían ser sancionados social y penalmente”, manifestó.
Marco legal y objetivos del proceso
La resolución se sustenta en la Ley 2272 de 2022, marco jurídico de la política de “Paz Total”, que faculta al Ejecutivo para solicitar el levantamiento de medidas judiciales contra personas reconocidas como representantes de estructuras de crimen de alto impacto.
Aunque la mayoría de estos 23 cabecillas ya se encuentran tras las rejas cumpliendo condenas, la suspensión de sus órdenes de captura vigentes es un requisito técnico-jurídico para que puedan participar formalmente en los diálogos sin el riesgo de nuevos requerimientos que entorpezcan el proceso.
El objetivo del Gobierno es lograr el sometimiento colectivo de estas bandas, que hoy controlan cerca del 80 % de las rentas ilícitas en el área metropolitana de Medellín. A diferencia de los diálogos con grupos armados rurales, este espacio no contempla amnistías ni indultos, sino beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de compromisos verificables.
Perfil de algunos beneficiarios
La lista incluye figuras con extensos prontuarios:
- Freyner Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’: Capturado en 2013, condenado a 36 años por homicidio agravado al liderar ‘Los Robledo’.
- Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’: Exjefe de ‘La Unión’, detenido en 2013 y sentenciado a más de 33 años por secuestro extorsivo, homicidio y narcotráfico.
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’: Histórico cabecilla de ‘La Terraza’, capturado en 2009 y condenado a 32 años por secuestro extorsivo.
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’: Señalado como líder de ‘Los Chatas’ y vinculado a ‘La Oficina’, capturado en 2017 y condenado a 16 años.
Próximos pasos y seguimiento a los cabecillas
La Fiscalía realizará seguimiento semestral a los compromisos adquiridos. El Gobierno deberá presentar informes de avance para evaluar la prórroga de la medida. Mientras tanto, 7.NEWS monitoreará la evolución de este proceso con énfasis en tres aspectos: el impacto en indicadores de violencia urbana en el Valle de Aburrá, la reacción de las comunidades afectadas por el crimen organizado y los desarrollos judiciales relacionados con la condicionalidad de los beneficios otorgados. Sin embargo, ya se habla de como se está cumpliendo la fase final del llamado ‘Pacto de la Picota’, la promesa de emisarios del actual presidente a los cabecillas presos en ese entonces. Apoyo total, libertad total.
