Petro blinda a ‘Chiquito Malo’ y al Clan del Golfo de cara a las urnas
La medida, hecha pública este 8 de mayo, beneficia directamente al máximo cabecilla del grupo criminal cuya extradición ya aprobó la Corte Suprema y se da a 22 días de las elecciones presidenciales, mientras el país reclama justicia por la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño.
Redacción política El 7
El gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura —incluidas las de extradición— contra 29 integrantes del Clan del Golfo, la mayor estructura narcoparamilitar del país. La medida, formalizada el 29 de abril y hecha pública este 8 de mayo, beneficia directamente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, cabecilla máximo de la organización, y a su círculo de confianza operativo.
El objetivo oficial: facilitar su reubicación en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), como paso previo a un eventual sometimiento a la justicia. Pero en la práctica, la decisión plantea una pregunta incómoda: ¿Qué mensaje envía el Estado cuando deja de perseguir penalmente a quienes controlan el 60% del narcotráfico colombiano?
La lista que el Estado decidió no ejecutar
Los 29 beneficiarios —operadores logísticos, financiadores y mandos medios del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— fueron propuestos por el propio grupo armado y validados por el Gobierno bajo el principio de “buena fe”. A cambio de notificar sus desplazamientos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, podrán moverse con restricciones por territorios que, en muchos casos, ya dominan por la fuerza.
Entre los nombres, uno concentra el peso estratégico y simbólico: “Chiquito Malo”, quien asumió el mando tras la extradición de “Otoniel” en 2021. Bajo su liderazgo, el Clan ha consolidado rutas de cocaína hacia Centroamérica y Europa, impuesto “vacunas” a comercios y proyectos estatales, y enfrentado al Ejército en más de 40 combates registrados en lo corrido de 2026.
Hoy, ese mismo hombre cuenta con un salvoconducto estatal a pesar de tener en contra una orden de extradición a EEUU.
El contexto que no se puede ignorar
Esta decisión no ocurre en el vacío. Se da en un momento crítico para la seguridad del país:
- Mientras se negocia con el Clan del Golfo, disidencias de las FARC como el Frente 36 —también incluidas en la política de “Paz Total”— son señaladas como presuntas responsables de la desaparición y muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia.
- En lo que va de 2026, se han registrado 559 secuestros y 1.273 actos terroristas atribuidos a grupos en supuesta negociación (Observatorio de Paz y Conflicto).
- La Fiscalía reporta que el Clan del Golfo mantiene control territorial en 187 municipios de 12 departamentos, con presencia armada en zonas de reserva campesina y parques nacionales.
La paradoja es evidente: el Estado ofrece garantías procesales a estructuras que, en la práctica, siguen ejerciendo violencia para mantener su poder.
Lea más: Mateo Pérez: La crónica de una muerte anunciada en la Colombia de la “Paz Total”
Lo que dice —y lo que calla— la resolución
El documento oficial, firmado por el Alto Comisionado para la Paz, argumenta que la suspensión de órdenes de captura es una herramienta técnica para “facilitar el tránsito hacia las ZUT” y avanzar en el sometimiento a la justicia.
Pero hay omisiones que pesan:
| Lo que dice la resolución | Lo que no responde |
|---|---|
| Suspensión temporal de capturas | ¿Qué pasa si reinciden en delitos? |
| Notificación previa de desplazamientos | ¿Cómo se verifica que no operan criminalmente? |
| Reubicación en ZUT con acompañamiento institucional | ¿Qué garantías hay para las comunidades que viven bajo su dominio? |
| Compromiso de “buena fe” del grupo armado | ¿Qué mecanismos de sanción existen si rompen el acuerdo? |
La buena fe no es una política de Estado. Es una apuesta. Y en Colombia, las apuestas mal calculadas se pagan con sangre.
