“Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí les vamos a apretar otros cuatro años”, una frase que va más allá del respaldo

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Grabaciones atribuidas a alias ‘Rogelio Benavides’ muestran respaldo de grupos armados a Iván Cepeda, el candidato condenó el apoyo pero no dice nada sobre si rechazará los votos que obtenga debido a la violencia. Los demás candidatos piden transparencia electoral mientras el presidente Petro está jugado haciendo campaña para que Cepeda sea su sucesor.

Redacción política El 7

A solo 18 días de las elecciones presidenciales, un audio atribuido a un integrante de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’ generó una nueva polémica que pone bajo la lupa la posible injerencia de grupos armados en el proceso electoral. En la grabación, que obra en poder de las autoridades de inteligencia, se escucha a quien sería alias ‘Rogelio Benavides’ manifestando su respaldo político al candidato Iván Cepeda y mencionando presiones a campesinos para el pago de dineros por carnetización en el sur del país.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda rechazó categóricamente cualquier vínculo con el respaldo armado: condenó de manera enérgica cualquier clase de presiones al elector y aclaró que ni el Pacto Histórico ni su campaña aceptan este tipo de acciones. Alias ‘Calarcá’ es el mismo disidente cuya orden de captura fue suspendida y quien fue dejado en libertad tras una polémica caravana de la UNP en Barbosa en julio de 2024, según información reportada por Telemedellín.

Esta polémica se produce en un clima de creciente tensión electoral, en el que diversos analistas y candidatos de oposición señalan que la política de “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro habría generado condiciones que facilitan la injerencia de grupos armados en el proceso democrático. Según estas voces, estructuras disidentes como la que lidera alias ‘Calarcá’ buscarían extender su influencia territorial y operativa bajo un escenario de cuatro años más de gobierno aliado, lo que algunos interpretan como una “licencia” para mantener presión sobre comunidades y decisiones locales.

Mientras el gobierno defiende su enfoque de diálogo como ruta para la desmovilización, críticos argumentan que la falta de avances concretos en desarme y la persistencia de economías ilegales han fortalecido, no debilitado, la capacidad de estos grupos para incidir en el voto. En este contexto, los audios que vinculan a disidencias con respaldo político reavivan el debate sobre si la estrategia de seguridad actual garantiza condiciones equitativas para todos los candidatos y ciudadanos.

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La Defensoría del Pueblo ha denunciado reiteradamente las presiones de grupos armados en zonas apartadas del país para influir en el voto de los ciudadanos. Las autoridades de inteligencia investigan ahora el origen y alcance de estos audios, mientras el CICR reporta que Colombia atraviesa la peor crisis de conflicto en la última década, un contexto que preocupa para el desarrollo de los comicios del 31 de mayo.

Expertos en seguridad y procesos electorales señalan que la combinación de injerencia armada, desconfianza institucional y polarización política podría afectar la participación y la legitimidad de los resultados. Por ahora, la Fiscalía y la Registraduría han llamado a mantener la calma y a denunciar cualquier irregularidad, mientras avanzan las investigaciones sobre los audios y sus posibles implicaciones en la campaña.

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