Al final de la era Petro, Colombia se endeuda para no caer antes de elecciones

Sin importar quién gane las elecciones, el próximo presidente heredará un país con las tasas TES por encima del 14% y una cuenta fiscal que limita cualquier plan de gobierno.

«El próximo ministro de Hacienda tiene caja para llegar a la posesión. No tiene caja para llegar a diciembre». La frase, que circula en los pasillos del Ministerio, resume la encrucijada fiscal de Colombia. Con un déficit primario del 3,5% del PIB —el más alto en treinta años fuera de crisis—, una regla fiscal suspendida hasta 2027 con una desviación de 3,4 puntos, y una deuda que no se estabiliza ni siquiera en el escenario base del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el país no está eligiendo un presidente: está buscando quién firme un contrato de supervivencia financiera.

Los números del crédito público ya no son un ejercicio técnico del Ministerio de Hacienda. Son el techo político del próximo cuatrienio. La deuda neta del gobierno central, que hoy ronda el 58% del PIB, superará el límite legal del 71% en 2028 y alcanzará el 82,3% en 2030 si no hay ajuste, según el propio CARF. Y aquí está el dato que debería pesar en la conversación pública: el ajuste fiscal requerido en el próximo cuatrienio es de entre el 4% y el 5% del PIB, un esfuerzo «sin precedentes» en la historia económica reciente. Mientras tanto, el 93% del presupuesto es legalmente inflexible, dejando apenas un 1,5% del PIB para ajustes discrecionales.

«Me equivoqué en el pronóstico, no lo voy a volver a hacer». La frase, dicha entre risas por Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, resume la encrucijada fiscal de Colombia. En diciembre de 2025, Cuéllar aseguró que era “poco probable” que las tasas de los TES alcanzaran el 14%. Meses después, el mercado le respondió con una subasta récord: $6 billones colocados a una tasa ponderada de 14,46%, con el bono a 2030 cerrando en 14,79%.

El propio funcionario reconoció su error y buscó explicaciones: política monetaria agresiva del Banco de la República, sobrerreacción del mercado tras el aumento del salario mínimo y flujos especulativos. Pero más allá de las justificaciones, el mensaje es claro: prestarle a Colombia hoy es más caro, más vigilado y más condicionado. Y esa cuenta, tarde o temprano, la paga alguien.

Mientras los candidatos miden sus palabras en debates y ajustan sus colores para la segunda vuelta, el verdadero pulso de Colombia ya no se toma en plazas ni en urnas. Se mide en los portátiles de los tenedores de deuda en Londres, Nueva York y Ciudad de México. Con más de $317 billones acumulados en crédito público desde 2022, una calificación soberana rebajada a BB- por S&P —grado especulativo no visto desde 1993— y un vencimiento de $179 billones solo para este año, la elección presidencial dejó de ser una disputa de proyectos para convertirse en una carrera contra el reloj fiscal.

Los números del crédito público ya no son un ejercicio técnico del Ministerio de Hacienda. Son el techo político del próximo cuatrienio. El Estado ha emitido deuda a un ritmo sin precedentes en tiempos de paz, con meses que superaron los $32 billones en colocación de TES y bonos externos. En papel, la deuda se mantiene cerca del 58 % del PIB. En la práctica, ese “cerca” ya determina qué se financia, qué se pospone y qué se sacrifica. Porque en un país que depende del mercado para operar, cada peso que entra al Tesoro tiene dueño antes de tocar el suelo.

«No estamos endeudando al país para gastar, estamos refinanciando para mantener la liquidez del Estado en un entorno global volátil», sostuvo Cuéllar ante la Comisión Económica del Senado. «Cada emisión en euros, cada canje de TES y cada ajuste de perfil de vencimiento responde a una regla básica: Colombia paga. Y seguirá pagando, incluso cuando las tasas internacionales nos obliguen a pagar más caro por lo mismo»¹.

Sin embargo, el propio funcionario no oculta la meta que hoy parece lejana: «Recuperar el grado de inversión no es un capricho técnico, es una prioridad política que debería materializarse antes de que termine el próximo gobierno»². Esa frase, pronunciada con calma institucional, encierra la verdadera tensión de la coyuntura. Mientras la calificación de S&P se mantiene en BB- y la prima de riesgo supera los 280 puntos básicos, el mensaje de Hacienda choca con la realidad del electorado: un país que celebra “nunca haber incumplido” es también un país que destina más del 20 % de su presupuesto solo a servir la deuda, dejando menos oxígeno para salud, educación e infraestructura.

El Gobierno defiende su estrategia con argumentos de cumplimiento histórico, emisión diversificada y disciplina macroeconómica. Pero en los pasillos de la política, el silencio es elocuente. Ningún candidato, ni siquiera los que lideran las encuestas, ha explicado cómo manejará un vencimiento de $179 billones en 2026 sin tocar el gasto social o subir la presión tributaria. La razón es simple: la factura no llega en mayo. Llega en 2027, en 2028, cuando las urnas ya estén guardadas y las promesas electorales se encuentren con la realidad contable.

El crédito público no es un tema de banqueros. Es un tema de democracia. Cuando un Estado depende de refinanciar para operar, la política económica deja de ser una elección y se convierte en una obligación con los acreedores. El próximo presidente no heredará un país con margen para soñar. Heredará un libro de cuentas donde cada capítulo ya tiene interés compuesto, y donde cada decisión ministerial deberá pasar por el filtro de la caja.

Las elecciones se ganan con promesas. Los gobiernos se miden con cuentas. Y la cuenta de la deuda colombiana ya está echada. La pregunta que queda no es quién llegará a la Casa de Nariño, sino quién tendrá el coraje de decirle al país que, por primera vez en décadas, gobernar ya no significa decidir. Significa sobrevivir.

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