Abelardo de la Espriella denuncia amenaza de francotirador y revive el fantasma del asesinato de Miguel Uribe Turbay

Valledupar, 11 de mayo de 2026.

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo de la Espriella denunció desde un vehículo en el que se transportaba una amenaza de muerte contra su vida bajo la modalidad de francotirador. Es la segunda amenaza grave contra un candidato presidencial en menos de un mes, después de las recibidas por Paloma Valencia en abril, y reaviva inevitablemente el recuerdo del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en agosto de 2025.

Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 después de permanecer dos meses en cuidados intensivos tras sufrir un atentado el 7 de junio de ese mismo año durante un acto de precampaña electoral en Bogotá. Su magnicidio, siendo considerado un serio rival en la oposición, marcó un punto de inflexión en la historia electoral reciente de Colombia y generó condena unánime a nivel nacional e internacional.

La Defensoría del Pueblo ha exigido una investigación urgente por parte de la Fiscalía contra quienes amenazan a De la Espriella, señalando que en días recientes han circulado publicaciones con amenazas de muerte. El expresidente Álvaro Uribe denunció públicamente las amenazas contra De la Espriella y Paloma Valencia, advirtiendo sobre el deterioro de la seguridad electoral en el país. De hecho, el ELN ya había declarado a Abelardo de la Espriella como objetivo militar en febrero de 2026, según revelaron informes de inteligencia.

Violencia política en cifras alarmantes

Las amenazas contra candidatos presidenciales no son hechos aislados. Según reportes de organizaciones de monitoreo electoral, 415 casos de violencia política se habían registrado hasta febrero de 2026. Además, 165 líderes sociales fueron asesinados en 2025, con 874 ataques registrados, lo que representa un aumento del 5% respecto a 2024. Treinta y cinco masacres ocurrieron en el primer trimestre de 2026, convirtiéndolo en el trimestre más violento en una década.

Tras la denuncia del 9 de mayo, las autoridades han anunciado el refuerzo del esquema de seguridad del candidato. La Fuerza Pública ha iniciado labores de inteligencia para verificar y prevenir cualquier riesgo contra su integridad y la de otros candidatos. El gobierno, a través de la Defensoría del Pueblo, ha hecho un llamado urgente a investigar estos hechos y a proteger el debate democrático, señalando que las amenazas contra candidatos electorales constituyen un ataque directo a la institucionalidad del país.

Alerta internacional y riesgos electorales

La situación ha trascendido fronteras. El subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, envió una advertencia a quienes amenacen candidatos presidenciales en Colombia, señalando que Estados Unidos ha estado trabajando con la Policía Nacional para fortalecer la protección de los aspirantes a la presidencia. Además, el presidente Gustavo Petro confirmó en abril que la CIA dispone de “datos reales y concretos” sobre planes de atentados dirigidos contra candidatos, específicamente mencionando al candidato Iván Cepeda.

Con las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026, la violencia política se ha convertido en la principal preocupación del proceso electoral. Según un informe de Crisis Group, 185 de los 1,122 municipios de Colombia enfrentan riesgos electorales, incluyendo violencia que podría afectar la participación ciudadana. La Misión de Observación Electoral y organizaciones internacionales han advertido que la escalada de violencia impide el pleno ejercicio de la democracia y pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral.

La amenaza contra Abelardo de la Espriella, sumada a las anteriores contra Paloma Valencia y el trágico asesinato de Miguel Uribe Turbay, representa una prueba crítica para la democracia colombiana. A 20 días exactos de las elecciones, el país se encuentra en una encrucijada: garantizar la seguridad de los candidatos y el ejercicio democrático, o permitir que la violencia vuelva a marcar el rumbo de la historia política nacional.

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