¿Prohibirá el gobierno de Colombia las redes sociales a menores? MinTIC responde
Mientras el debate público se calentaba con la palabra "prohibición" a redes sociales , el Ministerio TIC sale a bajar la línea: no hay veto, no hay restricción de acceso y no hay sanciones directas.
Mientras el debate público se calentaba con la palabra “prohibición”, el Ministerio TIC sale a bajar la línea: no hay veto, no hay restricción de acceso y no hay sanciones directas. El proyecto de decreto se limita a crear un comité interinstitucional y exigir informes a las plataformas. La protección real queda en manos de la “corresponsabilidad” y la burocracia digital.
Por: Redacción Política El7.News
Bogotá | 17 de abril de 2026
El gobierno nacional aclaró este viernes que el proyecto de decreto sobre entornos digitales seguros no impondrá ninguna prohibición al uso de redes sociales o dispositivos móviles en menores de edad, desactivando la narrativa de un veto inminente que había ganado tracción en redes y medios. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, fue enfática en desmentir la interpretación restrictiva y explicó que la iniciativa se reduce a la creación de un Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia y a la obligación de las plataformas de entregar informes anuales sobre el comportamiento digital de los jóvenes.
La aclaración expone la brecha entre el ruido político y la realidad normativa: el decreto, que se presenta como una herramienta de protección infantil, carece de competencias para restringir accesos y opta por un enfoque de monitoreo y corresponsabilidad que traslada gran parte de la carga a las familias y a la autorregulación de la industria.
Lo que sí hace el decreto con las redes sociales (y lo que no)
Lejos de las prohibiciones absolutas que algunos sectores esperaban o temían, el texto del proyecto establece mecanismos administrativos más que barreras efectivas:
- ❌ No prohíbe redes sociales ni celulares en menores. El gobierno admite que el decreto no tiene alcance para imponer este tipo de restricciones.
- ✅ Crea el Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia. Instancia contemplada en la Ley 2489 de 2025, encargada de articular acciones entre entidades estatales y analizar la información recopilada.
- ✅ Obliga a plataformas a reportar datos. Meta, TikTok y demás servicios deberán entregar informes anuales sobre el uso que los menores hacen de sus servicios, con el fin de “diseñar políticas públicas basadas en evidencia”.
- ⚠️ Abre la puerta a medidas futuras. La ministra no descartó restricciones más duras, pero condicionó cualquier acción a lo que arrojen los datos: “Si evidenciamos alto porcentaje de abuso, se determinarán acciones concretas”.
En términos prácticos, el decreto no cambia el acceso actual de los menores a internet, sino que institucionaliza un flujo de información que, en el mejor de los casos, servirá para decisiones regulatorias posteriores.
El riesgo de la “protección” burocrática
El enfoque del gobierno ha generado dudas sobre su efectividad inmediata. Mientras se habla de grooming, ciberbullying y exposición temprana como amenazas urgentes, la respuesta estatal se limita a un comité y reportes con periodicidad anual. La protección queda supeditada a un ciclo de recolección de datos que podría tardar meses en traducirse en acciones concretas.
Además, la ministra insistió en la corresponsabilidad como pilar del decreto, señalando que la protección “no puede recaer únicamente en el Estado”. Si bien el texto menciona programas de sensibilización en colegios y capacitación a docentes, el mensaje político es claro: el gobierno pone el marco, pero la vigilancia diaria recae en padres y acudientes, muchos de los cuales carecen de herramientas técnicas o tiempo para ejercer ese control.
Cifras que justifican la intervención (pero no la demora)
El Ministerio TIC recordó que el 70% de los jóvenes accede a contenidos por internet, siendo YouTube y TikTok las plataformas más consumidas. También alertó sobre la exposición de niños de 2 o 3 años a entornos digitales, un fenómeno que evidencia la urgencia de intervenir desde edades tempranas.
Sin embargo, la pregunta que queda flotando es si un comité y unos informes anuales están a la altura de esa urgencia. La regulación llega en un contexto donde otros países avanzan hacia restricciones directas por edad y sanciones a plataformas, mientras Colombia opta por la vía administrativa y la promesa de acciones futuras basadas en evidencia.
Contexto político
El decreto se enmarca en la implementación de la Ley 2489 de 2025, aprobada durante el actual gobierno, y busca posicionar al Ejecutivo como actor activo en la protección de la niñez digital. No obstante, la aclaración de la ministra sugiere que el gobierno prefiere evitar el costo político de una prohibición impopular o técnicamente inviable, optando por una medida de bajo riesgo que le permite mostrar gestión sin alterar el status quo del acceso digital.
La jugada es clara: se mantiene el discurso de protección, se crea estructura burocrática (el comité) y se traslada la presión a las plataformas y las familias. Si los datos futuros justifican medidas duras, el gobierno tendrá el respaldo técnico; si no, habrá ganado tiempo sin haber impuesto restricciones.
