Corrupción y desidia apagan a Galapa bajo el sol del Caribe

Racionamientos de hasta ocho horas ordenados por la empresa Air-e con el visto bueno del gobierno Petro, infraestructura abandonada y la llegada de El Niño condenan a un municipio del Caribe a vivir sin energía.

El mediodía en Galapa no avisa: llega como un muro. El aire tiembla sobre el asfalto, los perros buscan sombra bajo los carros y las paredes de las casas guardan el calor como si fuera una deuda. Adentro, en un apartamento del casco urbano, una madre desconecta el nebulizador de su hijo. No hay energía. No es la primera vez hoy. No sabe si será la última.

Lo que ocurre en este municipio del Atlántico no es un apagón fortuito. Es un racionamiento ejecutado por decisión administrativa, sostenido por años de negligencia y agravado por una infraestructura que colapsó antes de que alguien decidiera repararla. Treinta y ocho mil personas llevan más de dos semanas soportando cortes de hasta ocho horas diarias, en un territorio donde el calor no es clima: es condición de vida.

Un circuito, mil promesas incumplidas

El problema técnico tiene nombre: circuito Cordialidad 9. Pero la causa real es otra. La demanda energética en la zona creció un 7,2 % en los primeros meses de 2026, empujada por el uso de aires acondicionados ante temperaturas que superan los 35 °C. La infraestructura, sin embargo, se mantuvo estática. No por falta de recursos asignados, sino por falta de voluntad para ejecutarlos.

Fuentes del sector confirman que el Plan 5 Caribe, diseñado hace años para modernizar las redes de distribución en la región, fue aplicado a medias: algunas empresas cumplieron, otras no. En Galapa, el resultado es visible: transformadores sobrecargados, líneas subdimensionadas y una subestación que nunca llegó.

“Nos dicen que son ‘mantenimientos programados’, pero los cortes son intermitentes, no anunciados y duran lo que quieren”, relata un líder comunitario que prefiere no dar su nombre por temor a represalias. “Esto no es falla técnica. Es abandono con firma”.

La cuenta que nadie paga

Detrás de los cortes hay una cifra que resume el colapso: $8,2 billones en deuda acumulada del sector eléctrico en el Caribe. No es un número abstracto. Es dinero que dejó de invertirse en redes, en mantenimiento, en prevención. Es la razón por la que, cuando el calor aprieta, el sistema no responde.

Air-e, el operador encargado del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, está intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace más de un año. Pero la intervención no trajo recursos. No trajo solución. Solo trajo más incertidumbre. Mientras tanto, las deudas de la empresa con el sector eléctrico superan los $2 billones, y no hay claridad sobre quién garantizará el servicio mañana.

La consecuencia inmediata la pagan los usuarios: familias que reciben facturas de más de un millón de pesos por un servicio intermitente; pequeños empresarios que deben invertir en plantas de emergencia para no quebrar; pacientes que dependen de equipos médicos y ven cómo se apagan sin aviso.

El calor que no espera, la respuesta que no llega

El fenómeno de El Niño, proyectado para finales de 2026, podría convertir esta crisis en catástrofe. La reducción de la generación hidroeléctrica a nivel nacional, sumada a la presión sobre las redes del Caribe, haría que los cortes fueran más largos, más frecuentes y menos predecibles.

“El clima no negocia”, dice un ingeniero eléctrico que trabaja en la región. “Si las redes no se fortalecen antes de que llegue El Niño, no habrá planta de emergencia que alcance”.

Mientras los expertos advierten, las decisiones se dilatan. La propuesta de una sobretasa de 8 pesos por kWh para recaudar fondos ha sido rechazada por gremios y usuarios, que la consideran insuficiente y mal enfocada. La promesa de una nueva subestación para Galapa sigue en “gestión”, sin cronograma. Y la intervención de entidades de control, solicitada por la alcaldía y organizaciones cívicas, no ha generado acciones concretas.

Vivir en espera

En Galapa, la vida se reorganiza alrededor de la incertidumbre. Las tiendas guardan hielo cuando hay luz. Las familias cargan los celulares al máximo apenas regresa el servicio. Las empresas operan con horarios improvisados. Y todos, sin excepción, miran al cielo preguntándose si el próximo apagón será en una hora, en tres, en ocho.

“Ya no nos enojamos”, dice una comerciante del centro. “Nos organizamos. Pero eso no quita que sea injusto. Pagamos como si tuviéramos servicio de primera, y recibimos migajas”.

Esa sensación de injusticia es el hilo que conecta a Galapa con el resto del Caribe colombiano. No es solo falta de energía. Es falta de garantías. Es la percepción, cada vez más extendida, de que hay territorios que importan menos en la agenda de quienes deciden.

Lo que falta

La solución técnica existe: reforzar redes, construir subestaciones, ejecutar los planes de inversión pendientes. Lo que falta es decisión política. Y transparencia. Y sentido de urgencia.

Mientras eso no ocurra, Galapa seguirá apagándose por orden. No por fallo. No por azar. Por decisión e inacción de los gobernantes de la región, la gobernación del Atlántico guarda un silencio cómplice ya que al parecer lo que sucede no les importa.

Galapa no es cualquier pueblo del Atlántico. Es reconocido como uno de los epicentros de la cumbia y el folclor caribeño, donde las danzas tradicionales, la música de tambores y las festividades locales han tejido la identidad de generaciones. Su patrimonio incluye saberes artesanales transmitidos por siglos y una profunda raíz mestiza que une lo indígena, lo africano y lo español. Es, además, parte del territorio histórico del pueblo Mokaná, cuya presencia y resistencia cultural siguen latentes en las tradiciones y la memoria colectiva de la región. Un lugar con tanta historia y tanta vida merece, como mínimo, luz.